“El despropòsit de RTVE.”

La dimissió del fins fa poc president de RTVE, Luis Fernández, ha estat un fet molt negatiu per el futur de la radiotelevisió pública estatal. El nomenament d’Alberto Oliart com a nou president, un complet despropòsit.
L’oposició de Luis Fernández a la llei de finançament de RTVE, aprovada abans de vacances, feia preveure la seva dimissió. El govern, de la mà de la vicepresidenta Fernández de la Vega, li va imposar una llei de finançament, en la que es prohibia la publicitat, la programació d’esports i pel·lícules, i limitava el finançament a 1200 milions d’euros/any.

Una decisió incomprensible del govern de Rodríguez Zapatero, que posa en crisi la radiotelevisió publica quan està passant la seva millor etapa: líders d’audiència, amb una programació i uns informatius més que acceptables, i desprès de superar una forta i dura reestructuració empresarial. I tot, a benefici dels operadors privats.

Com no podia ser d’una altra manera, Luis Fernández ha dimitit.

El substitueixen amb Alberto Oliart, ex-ministre de la UCD, que el primer que afirma és el seu desconeixement del món de la televisió.
És incomprensible que amb 81 anys i sense entendre ni una paraula d’audiovisual, hagi acceptat el càrrec. I encara és més incomprensible que el PSOE -segons sembla amb l’acord del PP- li ho proposin. 

Amb tot el respecte a la persona, tot plegat és un despropòsit molt negatiu per a la televisió pública.

“Moción Banco de Alimentos.”

Intervenció al Ple del Senat del 18 de novembre de 2009, a la presentació de la moció del Banc dels Aliments.

Senyor President.
Señorías.

En España hay pobreza, y está en aumento por culpa de la crisis económica.
Este es un dato irrefutable.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de pobreza en España era el 2008, el 19’6%. Lo paradójico, es que en los años de expansión económica y de creación de empleo, no comportaron una disminución de la pobreza. Se ha ido manteniendo durante todos estos años alrededor de este 20%.

La crisis económica está representando un incremento de la pobreza en España, y empuja a miles de personas a encontrar, en las ayudas públicas y en los servicios sociales, la satisfacción de sus necesidades más básicas.
La primera, la alimentación.

Es responsabilidad de los poderes públicos, en un estado de derecho, garantizar el bienestar y seguridad de las personas. Cubrir estas necesidades elementales es lo que justifica el estado de bienestar, y más en coyunturas tan delicadas como las que socialmente estamos atravesando por culpa de la crisis y el desempleo.

En el Tercer informe del Observatorio de la Realidad de Cáritas, se afirma que las demandas de ayuda urgente atendidas por Cáritas en el primer semestre del 2009 han aumentado un 40’7% respecto al 2008. Y que las demandas de ayuda para alimentación, aumentaron un 58% en este periodo.
Estamos frente a un problema real, grave y que afecta cada vez a más gente.

Junto a la responsabilidad ineludible de las administraciones, diferentes entidades y ONGs participan activamente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre ellas, una bien singular, los Bancos de Alimentos.

¿Que son los bancos de alimentos? Como ellas mismas se definen, son organizaciones sin ánimo de lucro, basadas en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar los excedentes alimenticios y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando desperdiciar la comida o su mal uso.

Los Bancos de Alimentos nacen a partir de 3 grandes razones:-         -Las sociedades desarrolladas producen más alimentos de los necesarios.
         -En estas mismas sociedades, existen bolsas de pobreza que no disponen de una alimentación suficiente en cantidad y calidad.
          -Una sociedad no puede permitirse la destrucción de alimentos aptos para el consumo, cuando alguno de sus miembros sufren déficits alimentarios.

La función que tienen, es la de recuperar todos aquellos alimentos que no son comercializables, pero sí consumibles. Y siempre bajo tres premisas.

-         Primacía de la gratuidad.
-         Una distribución justa.
-         Y la contribución a la sostenibilidad. Ya que otro efecto positivo es que el reaprovechar alimentos evita su destrucción y contribuye a preservar el medio ambiente.

El objetivo que cubren es el de organizar y mantener la solidaridad entre las industrias productoras de alimentos y las entidades de ayuda social.
Establecer un puente técnicamente eficaz i permanente de solidaridad alimentaría.
Y así, contribuyen eficazmente en la lucha contra la pobreza y el despilfarro, en garantizar el derecho a una alimentación suficiente y saludable, a una utilización más eficiente de los recursos y a la sostenibilidad.
Los Bancos no distribuyen directamente la comida, si no a las instituciones de ayuda social, oficialmente reconocidas.

El primer Banco se creó en estados Unidos, el 1966. En Europa, el de Paris el 1984. Y en España, en Barcelona el 1987.
Hoy existen 52 Bancos de Alimentos en España, agrupados en la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Los Bancos de Alimentos no son organizaciones extrañas a las administraciones. Han contado con apoyo y ayudas.

En el 2008, los Bancos de Alimentos movieron un total de más de 64 millones de toneladas de Kg. de alimentos y recibieron  del Plan de Ayuda a las Personas más Necesitadas de la Unión Europea, con un presupuesto para España de 50’5 millones de euros, aproximadamente el 1%, unos 450 mil euros.

Es por todo ello, que planteo en esta moción, posteriormente transaccionada con todos los grupos de la cámara, lo siguiente:

En primer lugar,
el reconocimiento del Senado al trabajo y la función social que desempeñan los Bancos de Alimentos. Y por extensión, el reconocimiento a todas las entidades y ONGs que luchan contra la pobreza y la exclusión social.

En segundo lugar, instar al gobierno a:
Dar apoyo a los Bancos de Alimentos.Estimular la responsabilidad social de las empresas. En lo que afecta a los Bancos de Alimentos a las empresas de producción,  distribución y comercialización de alimentos.

Y en tercer lugar, estudiar la mejora de los incentivos fiscales a la donación de alimentos a los Bancos de Alimentos. Lo que comportaría la reforma de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

¿Porque habría que mejorar la fiscalidad a la donación de alimentos respecto, por ejemplo, a donaciones económicas? A mi parecer, por el valor añadido que representa el reaprovechar los alimentos, impidiendo su destrucción o depósito y los beneficios ambientales que ello comporta.

He percibido cierta preocupación por los portavoces socialistas, en la negociación de esta moción sobre la desfiscalización. Les quiero aclarar que hubiera sido mejor tenerla cuando se eliminó el impuesto sobre el patrimonio, a propuesta del gobierno del PSOE, a lo que nos opusimos. No sufran, los incentivos fiscales que proponemos no descapitalizarán al estado y sí contribuirán a fortalecer la función de los Bancos de Alimentos.

En la transaccional se ha añadido a petición de CiU, la propuesta de agilización de los trámites administrativos con la unión Europea y la posibilidad de revisar la aplicación de la “Ley 30/2007, de contratos del sector público”, con el fin de que la distribución de alimentos por parte del estado a los Bancos de Alimentos, dé comienzo en los primeros meses de cada año.
Estos son los argumentos y estos son los puntos de la moción transaccionada, a los que pido su voto.

Quisiera terminar, señorías, con una afirmación y un agradecimiento.

La afirmación es que al aprobar, hoy, esta moción, fruto del acuerdo de todos los grupos, no solo reconocemos un trabajo social positivo sino que también nos comprometemos a estudiar los cambios legislativos oportunos que puedan mejorar el trabajo de los Bancos de Alimentos. Como no estaría bien que transcurrido un tiempo prudencial siguiéramos sin aplicar los puntos hoy aprobados, quiero dejar claro que de ser así, los recuperaría pasándolos de moción a proposición de ley.

Y por último los agradecimientos. En primer lugar al Banc d’Aliments de Barcelona y a la Federación Española de Bancos de Alimentos por sus aportaciones. Y a todos los portavoces por la receptividad y flexibilidad que han permitido este acuerdo. 

A LA MESA DEL SENADO

Los portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara y de los artículos 1º y 3º de la Norma Supletoria de la presidencia del Senado sobre la tramitación de mociones, presentan la siguiente PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN CON NÚM. EXP. S. 662/000085, suscrita por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés

ENMIENDA TRANSACCIONAL 

 1º – El Senado expresa su reconocimiento a la labor social que desarrollan los Bancos de Alimentos junto con otras entidades y ONGs en su lucha contra la pobreza y la exclusión social.

 2º – El Senado insta al Gobierno a:

 -          Apoyar la labor que realizan los Bancos de Alimentos, especialmente en estos momentos de grave crisis económica.
-          Fomentar la responsabilidad social corporativa de las empresas.
-         Estudiar la reforma de la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo” para mejorar los incentivos fiscales a la donación de alimentos a los Bancos de Alimentos. Asimismo impulsar la agilización de los trámites administrativos con la UE (publicación de los anuncios) y revisar, en su caso, la aplicación de la “Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público” con el fin de que la distribución de alimentos por parte del Estado a los bancos de alimentos dé comienzo en los primeros meses de cada año.

Palacio del Senado, 18 de noviembre de 2009

Grupo P. Popular en el Senado                                 Grupo P. Socialista
Grupo P. Entesa Catalana de Progrés        GrupoP.deConvergència i Unió
Grupo P. Senadores Nacionalistas                          Grupo P. Mixto

“Canvi Climàtic.”

La reunió preparatòria de la Cimera del Canvi Climàtic que es va fer a Barcelona els darrers dies de octubre, ja feien preveure les dificultats per arribar a tancar un acord a La Cimera de Copenhaguen.
La notícia que ens arriba de l’acord USA-Xina, de que no es podran comprometre a acords concrets i vinculants sobre el clima són molt negatius. 

Que les dos grans potències contaminants es desmarquin de l’acord, limita molt els objectius de la trobada de Copenhaguen, on s’havia de pactar el post-Kioto.

Per a mi és la segona gran decepció de la presidència Obama.
La primera, és i segueix sent la vergonya de Guantànamo. Mes enllà de la il·lusió que va desfermar la victòria de Barak Obama, al final el que compta són els resultats i, avui per avui, en canvi climàtic és molt negatiu.

Tots els estudis afirmen que estem en temps de descompte per afrontar el canvi climàtic i els seus riscos. Davant d’aquesta actitud de Xina i Estats Units, què fer? Crec que Espanya i la Unió Europea haurien de mantenir els seus compromisos de reducció d’emissions de CO2 i seguir pressionant.

“L’ENTESA PARTICIPA EN LA MEDALLA D’OR PÒSTUMA DEL SENAT A VICENTE FERRER.”

El president de la Comissió de Cooperació, Jordi Guillot, assisteix a aquest homenatge.

El president de la comissió de Cooperació internacional per al Desenvolupament, Jordi Guillot, juntament amb altres senadors de l’Entesa Catalana de Progrés, han donat el seu suport a la concessió avui de la Medalla d’Or del Senat, a títol pòstum, al cooperant Vicente Ferrer, reconeixement que ha rebut la seva vídua i responsables de la Fundació que duu el seu nom de mans del president del Senat.

“Joan Herrera.”

Per a un partit polític català, l’encapçalament de la candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya és la més important. Per a les properes eleccions del 2010, Joan Herrera serà el nou candidat que confirmarà el procés de primàries que tenim obert, en substitució de Joan Saura.

Ens convenia un nou candidat? De les diferents respostes que es poden donar, em quedo amb la mes pràctica, i és que des del moment que Joan Saura  anuncia la seva voluntat de no tornar a encapçalar la candidatura catalana, és inevitable trobar un nou candidat o candidata.

És Joan Herrera el millor candidat que pot oferir ICV? Si. Crec sincerament que Joan Herrera és la persona que millor reuneix, en aquests moments, els perfils adequats per mobilitzar l’electorat, d’esquerres i ecologista, en nom d’ICV-EUiA.
Per què? Per 5 raons.

La primera, perquè aplega el més ample consens i suport de la gent d’ICV. Qüestió no menor en un partit en el que la implicació dels seus membres en els processos electorals és fonamental.

La segona, perquè és un dels dirigents més coneguts i valorats per el nostre electorat. La participació d’Herrera com a cap de llista en dos campanyes electorals, la seva tasca al Congrés de Diputats, i com a dirigent del partit, li han donat un significatiu nivell de coneixement social i una alta valoració. Coneixement i nota, elements molt importants a l’hora d’apostar per un cap de llista.

Una tercera raó és la seva experiència política. Joan Herrera, amb els seus 38 anys té una llarga i ample experiència política. Acumula experiències no només partidàries i institucionals –imprescindibles- si no també una trajectòria de treball social, que li dóna un perfil més polièdric i més capaç d’entendre i representar un espai tan complex com el de l’esquerra transformadora.

La quarta raó, és que encara que no hagi gestionat, té experiència de govern, de governar i de governabilitat. Té la que tots, col·lectivament, hem anat adquirint aquests anys de governs d’esquerres. I té la que, personalment, ha adquirit apuntalant la governabilitat d’Espanya en la primera legislatura Zapatero.

I una cinquena raó, per a mi la més important, és la seva personalitat. El Joan és una persona que en aquest procés que mai s’acaba (per ningú) d’aprenentatge polític, aprèn i ràpid.
Té clar quin és el seu ideari però sense cap ideologisme, el que li permet ser receptiu, estar obert i entendre una realitat tan complexa i diversa com la que estem vivint.

Per tot això, el votaré.

“Clips Hipotecaris.”

Què és un clip hipotecari? És un producte financer, que bancs i caixes han ofert amb especial intensitat en els moments en els que els índexs hipotecaris estaven mes alts, per -en teoria- protegir les hipoteques de les fluctuacions dels tipus. On estan les trampes que afecten a milers i milers de ciutadans a tot l’estat.

1r les entitats financeres llancen aquest producte en uns moments en els que els índexs estan pujant, arriben al voltant del 5% (trien bé el moment) però on tenen clar (existeixen informes dels centres d’estudis de bancs i caixes) la immediatesa de les fortes caigudes de l’euribor.

2n Com funcionen? Es fixa una barrera. Si l’euribor la supera, el client rep la diferència, si no la supera, el client abona la diferència fins arribar a la barrera. On està la trampa? Que la majoria d’aquests contractes es van comercialitzar el 2008, quan ja es preveia que baixarien els tipus. Amb el resultat que els clients enganxats mai gaudiran dels beneficis delproducte, només patiran els desavantatges.
Hores d’ara, les associacions d’afectats estimen que més de 25000 persones han caigut en aquesta trampa hipotecària. Trampa hipotecària que les primeres sentències judicials ja qualifiquen el clip hipotecari com “producte quasi incomprensible pel ciutadà, amb riscos molt alts, venut amb males practiques i amb desinformació. De quina gent parlem? Doncs de gent “normal i corrent”, autònoms i pimes.

Ahir vaig preguntar en el Ple del Senat, a la vicepresidenta Salgado, l’opinió del govern sobre aquests abusos i sobre quines serien les actuacions del govern davant d’aquests fets. La resposta va ser decebedora. Per a ella i el govern tot era legal i si algú tenia alguna queixa, que anés al jutjat. Un cop més aquest govern es incapaç de plantar cara als bancs.

Per a mi, el problema i alhora el repte polític, és la indefensió dels usuaris i consumidors de bancs i caixes, i aquest assumpte dels clips hipotecaris n’és un bon exemple. S’ha produït aquesta trampa financera sense cap intervenció ni del Banc d’Espanya ni de Comissió Nacional del Mercat de Valors. El Banc d’Espanya, a qui li correspon la regulació del sector, comença a opinar a requeriment dels afectats, i ho fa de manera contradictòria sobre una mateixa qüestió. El paper del govern és encara pitjor.

Com no podia ser d’una altra manera, els afectats han anat als tribunals. Ja comencen a haver-hi sentencies favorables als usuaris.
Però cal també intervenir des de la política. Les meves propostes son tres:

1r Fer complir en el seu esperit i literalitat. L’article 19 de la llei 36/2003 que obliga a oferir instruments de cobertura del tipus d’interès no pot ser interpretat com la via lliure per col·locar productes financers d’alt risc.
2n Aprofitar la tramitació al Congrés del projecte de Llei per el que es modifica el “règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per la defensa dels consumidors i usuaris”, per tal de prohibir per llei aquestes pràctiques.
3r Forçar la negociació per un acord just entre bancs i afectats.

Actuar, en definitiva, a favor de les víctimes d’aquests abusos de confiança. Llançar el missatge de que no sempre guanya la banca i menys amb aquestes pràctiques. Evitar una cruel paradoxa per aquests milers de persones i és la de veure com els seus impostos son utilitzats per reflotar la crisi del sistema financer, fruit en alguns casos de la mala gestió i sempre de la cobdícia, alhora que son víctimes d’aquesta nova modalitat de voracitat usurera.

“Proyecto de Ley de Medidas de Fomento y Agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. “

Intervenció en contra al projecte de llei, en el Ple del Senat el 21 d’octubre de 2009

Senyor President.
Antes de discutir un proyecto de ley, es importante discutir su oportunidad legislativa. Ser  conscientes de la realidad concreta en la que se aprueba y de cuales serán sus efectos.
¿Ante qué realidad nos encontramos?Un acceso a la vivienda que aún no está garantizado; seguimos entendiendo la vivienda más como un negocio que como un derecho y esta lógica, desgraciadamente, impregna este proyecto de ley. Además, estamos en medio de una crisis económica muy fuerte, de efectos demoledores, que tiene como efectos un altísimo nivel de paro y con decenas de miles de personas, cuando no a familias enteras, que ya no perciben ningún tipo de subsidio.
Hay también una crisis fuerte en el sector de la construcción, con la consiguiente caída de precios y ventas.

Ante esta realidad, ¿es oportuno este proyecto de ley? Yo creo que no. Se nos presenta un proyecto de ley que tiene un objetivo claro y fundamental: agilizar los desahucios. Es cierto que el título es largo y que habla del fomento del alquiler, de agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de las viviendas. Pero no es así, esta es una ley pensada fundamentalmente en agilizar los desahucios, el resto del articulado puro acompañamiento. Permítanme, señorías, que les haga una descripción física del proyecto de ley, para demostrárselo.
Este proyecto de ley ocupa, en el boletín de la Cortes, cinco páginas y media; cuatro y media están dedicadas a los desahucios, a la agilización de los desahucios, media a la modificación de la Ley sobre la propiedad horizontal y una disposición adicional –la segunda- de once líneas habla de la eficiencia hídrica de los edificios, por la que se pide a las administraciones públicas que tomen medidas.

Tanta concreción en eficiencia energética asusta, pero donde sí hay mucha concreción es en todo lo que afecta, insisto, en los desahucios. Creo que el título real de esta ley, para hacerlo más corto y más ajustado a sus contenidos, sería el de proyecto de ley de agilización de los desahucios.

Con este proyecto de ley, facilitando y agilizando los desahucios, ¿realmente conseguiremos fomentar el alquiler? Lo dudo. Lo que sí es indudable, es que en las actuales circunstancias sociales y económicas una ley de este tipo puede ser un factor de mayor exclusión, pobreza y sufrimiento social. Si realmente quisiéramos fomentar el alquiler, si realmente quisiéramos llevar a la práctica políticas activas, positivas, concretas de fomento del alquiler haríamos lo siguiente, y les pondré tres ejemplos:
Podríamos regular por ley el alquiler con opción a compra.
Podríamos hablar de la reforma del Reglamento del IBI.
Podríamos plantearnos desgravaciones por alquiler al arrendador, como en su momento hicimos para la compra de vivienda.

El objetivo principal de esta ley es agilizar los desahucios en lo formal. En lo real todo el mundo sabe que la agilización de los desahucios depende de la falta de agilidad de los juzgados.
Nos proponen endurecer los desahucios. Si no pagas, fuera.
¿Es esta la prioridad en estos momentos? ¿Es esta la prioridad con casi 4 millones de parados? ¿Es esta la prioridad con cientos de miles de personas que no cobran ningún subsidio? No. Hay una falta clara de oportunidad legislativa al plantear en estos momentos una ley de estas características.

Creo que no somos conscientes de las duras circunstancias sociales en las que vamos a aprobar esta ley, de cuales van a ser los efectos de la ley y de las dificultades que tendremos luego para gestionar sus efectos. Hubiera sido mucho más oportuno -desde la plena conciencia de que los impagos están creciendo y van a seguir creciendo fruto de la crisis económica- establecer un fondo público para garantizar el pago de los alquileres bajo determinadas condiciones, y así poder garantizar los derechos del arrendador y el derecho inequívoco del arrendatario a tener una vivienda.

Y tampoco creo que sea de recibo que en esta ley, en su disposición adicional primera, se nos dediquen cinco líneas a hablarnos de los sectores con baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social, para decirnos que se prestará una especial atención. Lo primero hubiera sido ver cómo podemos garantizar a esos sectores crecientes, de baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social, los recursos necesarios para poder afrontar los alquileres y para poder tener acceso a una vivienda y a partir de aquí hablar de agilizar los desahucios.
Al no hacerlo así, el mensaje es brutal: Los impagos van a aumentar, habrá más dificultades para cobrar alquileres. Cual es la respuesta legislativa, pues agilizar la capacidad para poder ejecutar los desahucios. Lo justo hubiera sido, insisto, habilitar primero estas medidas y luego hablar de la agilización de los desahucios.

Creo también que sería oportuno -en una realidad como la que estamos, ya que estamos hablando de un tipo de ley como ésta- poder realizar medidas como la que, por ejemplo, se ha aprobado en Francia. En la Francia de Sarkozy existe algo que se llama la Tregua hibernal, que prohíbe la ejecución de ningún desahucio desde el 1 de noviembre al 16 de marzo.

Aquí ni esto, aquí lo que sí que estamos es tentados, motivados a agilizar, insisto, una figura que realmente a quien va a afectar, no por picaresca sino por condiciones económicas cada vez más difíciles, es a los sectores más débiles, más frágiles de nuestra sociedad.

Soy consciente de las dificultades de implementar políticas públicas para resolver el problema de la vivienda, pero creo que este proyecto de ley, y lo digo con toda sinceridad, no es el camino. Hay otros, por ejemplo en Catalunya, la Generalitat ha desarrollado un proyecto, que bajo el nombre de “lloguer just”, intenta y consigue,  fomentar el alquiler, adecuándolo a las posibilidades reales de las personas. Un proyecto justo, adecuado a una realidad de crisis, que antepone el derecho a la vivienda a cualquier otra consideración y que cuenta con una decidida intervención de la administración catalana. Este es el camino, no el que nos plantea esta ley.
Hubiera sido mucho más conveniente, insisto, poder hablar de programas, de medidas que permitieran solucionar las dificultades reales que tendrá la gente para poder pagar y así poder garantizar la política de alquileres y los derechos de los arrendadores.

Me sorprende también que en este proyecto de ley tan exigente con los arrendatarios, no se haga ninguna referencia a dos grandes problemas, el  mobbing inmobiliario o el deterioro físico de las fincas por voluntad del arrendador.

Señorías, con todo, insisto – y esto justifica mi turno en contra de este proyecto de ley-, creo que en las actuales circunstancias este no es el camino; en las actuales circunstancias lo único que vamos a hacer es empeorar la situación; en las actuales circunstancias faltan programas decididos y voluntad clara para hacer frente al problema de acceso a la vivienda, que van a tener cientos de miles de personas que están sufriendo la crisis.
Lo único que les vamos a ofrecer ahora es una agilización de los desahucios y, en ese sentido, faltamos al deber que tiene todo parlamentario de legislar, en primer lugar, pensando en los sectores más débiles y más desprotegidos y, a partir de aquí, ir construyendo. Aquí lo vamos a hacer todo al revés: vamos a pensar primero en los que cobran y, por último, en los que pagan y hoy no pueden pagar.

Creo que con esto justifico mi intervención en contra de este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.

“Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.” Directiva Bolkenstein.

Intervenció al Ple del Senat, el 21 d’octubre de 2009.

Senyor president.
Tres iniciativas europeas nos han sonrojado en este último periodo: la propuesta, fallida, de jornada laboral de 65 horas, la llamada directiva de la “vergüenza” sobre la inmigración y la conocida como directiva Bolkenstein. Hoy discutiremos la transposición al ordenamiento jurídico español de esta última.
Decía, señorías, que con sonrojo y preocupación, algunos, estamos viviendo la deriva neoliberal que nos viene de la Unión Europea. En la directiva Bolkenstein y por extensión en el proyecto de ley que nos remite el Congreso, subyace un aspecto para mi regresivo y peligroso, y es el de colocar la libertad de establecimiento, que no es más que una concreción parcial del derecho de libertad de empresa a nivel comunitario, un peldaño por encima que los derechos sociales.

Me preocupan los constantes intentos de la legislación comunitaria de rebajar, cuando no eliminar, el estado social y democrático de derecho, que es uno de los mejores signos de identidad que Europa puede ofrecer a sus ciudadanos y al mundo. Me preocupa aun más que comisarios, gobiernos y parlamentarios progresistas participen de estos planteamientos.

Hoy discutiremos sobre el libre establecimiento empresarial en el principal sector económico europeo y español; el sector de servicios. Lo haremos a partir de la transposición de una directiva europea que afortunadamente el Parlamento Europeo enmendó en sus aspectos más conflictivos, es cierto.

Como es igual de cierto que esta directiva, y por extensión el proyecto de ley del gobierno, mantienen puntos socialmente peligrosos.
Y como lo es también que una vez más, en el proceso de transposición de una directiva,  se laminan competencias autonómicas.

Gracias al trabajo del Parlamento Europeo, hoy no nos vemos obligados a discutir cuestiones como; el principio del “país de origen”, las referencias negativas del texto original referidas al derecho laboral y seguridad social y salud.
Además, el Parlamento Europeo restringió su aplicación a muchos más servicios públicos que los contemplados en el primer proyecto de directiva.Con todo, las principales críticas a este proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, son:

-         Esta directiva y el proyecto de ley que debatimos siguen representando una amenaza de desregulación y privatización de los servicios públicos.
-         Se sigue confundiendo, intencionadamente, burocratización con control público.
-         Se pone en entredicho la regulación, reivindicando la autorregulación del sector.

Parece, señorías, que no hemos aprendido nada de la actual crisis. Parece que no recordemos que la crisis económica viene, en gran parte, motivada por.

-         Ineficiencia de los mercados.
-         Ningún control del sector financiero.
-         Actuaciones depredadoras del sector multinacional.
-         Abusos de los oligopolios en el sector de servicios.

Es decir, el fracaso de la autorregulación reivindicada por la doctrina neoliberal y por la falta de regulación y control público.Paradójicamente, en este proyecto de ley se nos plantea más de lo mismo.

Soy de los que defiende que la producción de servicios requiere regulación y del liderazgo del sector publico, ya sea como agente regulador, ya sea como proveedor de servicios. El texto que hoy discutimos amplía el marco liberalizador, mas allá de lo que exige la directiva. La justificación del gobierno es la de maximizar los beneficios y dinamizar el sector servicios.

El PSOE renuncia, en la transposición de esta directiva, a un aspecto fundamental que permite la directiva y que según su definición mejora o empeorará la transposición de la misma, y es la definición de lo que cada estado entiende por “servicios de interés general” que deben quedar excluidos del alcance de la ley.
Este es el principal debate de esta ley, y este punto es el que explica gran parte de nuestras enmiendas.También en la transposición de la directiva renunciamos a regular cuestiones tan importantes como:

-         Exigencia de calidad de servicios.
-         Evaluación y control de los mismos.
-         Protección de derechos sociales y laborales.
-         Limitación del número de autorizaciones.
-         Condiciones de empleo. 

Es por todo esto que presento, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida, las siguientes enmiendas.
Las numero 12,14,17,18,25 y 45, apuran y concretan la definición y relación de las materias de “servicios de interés general”.
21 enmiendas. La mitad de las que presenta ICV-EUiA o bien sustituyen textos del proyecto de ley por los redactados iniciales de la directiva o bien se añaden apartados de la directiva para dar una mayor claridad y seguridad jurídica al texto. Hemos tenido que recurrir al texto original de la directiva para intentar evitar que la ley empeore aun más, vistas las propuestas del gobierno. Dicho de otra manera, preferimos el texto original de una directiva muy criticada por amplios sectores de la izquierda social y política antes que la propuesta del gobierno Zapatero.

Y por último, como siempre pasa en la traslación de una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico, debemos reivindicar el marco competencial autonómico, siempre ignorado cuando no laminado.

Termino, señorías, lamentando que no hayamos aprendido nada de las lecciones de la crisis económica. Tanto la U.E. como el gobierno siguen legislando desde una lógica neoliberal. Una lógica fracasada para gestionar la economía y garantizar el desarrollo. Una lógica que genera injusticia y desigualdad.

Por todo ello pido el voto afirmativo a las enmiendas presentadas por ICV-EUiA.

“Robert Manrique.”

Llegeixo al diari que Robert Manrique, fundador de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), deixa la primera línia de treball per raons personals.

Per a mi, la feina de Robert Manrique ha estat exemplar per dues grans raons;
La primera i fonamental és que al crear l’associació va evitar que les víctimes del terrorisme a Catalunya fossin també víctimes de l’abandó i l’oblit.
La segona és la seva fermesa per impedir la instrumentalització política i partidària de les víctimes, fins el punt de trencar amb la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) quan la dirigia un personatge tan nefast com Alcaraz.

Cal un major coneixement i reconeixement de persones que com Robert Manrique són dels que de debò “fan país”.

“Millet, rendiment de comptes i transparència.”

Tot fa pensar que la  trama Millet pot acabar barrejada en finançament de partits polítics. Més que de partits en abstracte estem parlant en concret de Convergència.Les subvencions rebudes per la fundació “Ramon Trias Fargas”, de CDC, el temps i la justícia dirà si son il·legals. El ben segur és que són immorals.

Junt amb el cas Millet, avui en mans de la justícia, apareixen dos problemes més que afecten de ple el món polític;
El primer, el paper de les administracions en el Consorci del Palau durant aquests llargs anys de saqueig continuat de les finances del Palau, per Millet i altres.
El segon, les injustificables aportacions econòmiques de diners del Palau a la fundació convergent, acompanyades de les donacions d’importants constructores i altres empreses al Palau.
Un podria pensar en un circuit que comença per la concessió de concursos o contractes a empreses per l’administració i, a canvi, aquestes fan una donació al Palau que desprès aquest transfereix a la fundació del partit, o senzillament utilitza el Palau per fer arribar diners indirectament a un partit amic dels poderosos, com ho és CiU.

Davant d’aquests fets, que entenc que provoquin malestar i indignació a la gent, crec que cal donar una resposta clara i ferma en tots els fronts que ha obert aquesta crisi. Ha arribat el moment del rendiment de comptes i la transparència.

Per a mi, les propostes a fer serien:
1r   Substituir tots els representants de les administracions públiques en els òrgans de govern del Palau. Fer-ho per l’única responsabilitat d’haver estat en òrgans de govern mentre Millet saquejava el Palau.

2n   Que el govern de la Generalitat faci públic el seu compromís de comparèixer davant el Parlament de Catalunya per donar explicacions publiques sobre aquest “affaire” i justifiqui la seva gestió. Si en el debat parlamentari apareix la necessitat d’una comissió d’investigació, proposar-la.

3r   Presentar les modificacions legislatives necessàries a Catalunya i a l’Estat per tal de prohibir les donacions anònimes i les donacions d’empreses a partits politics o a les seves fundacions. Mai no he entès com es pot justificar l’interès d’una empresa a fer donacions econòmiques a partits polítics si no és a canvi de favors posteriors.

4t   Penjar a la nostra web oficial els pressupostos d’ICV i de la Fundació Nous Horitzons, com a clar gest de transparència de que els nostres comptes no tenen res a amagar. Seria bo que tots tinguéssim “parets de vidre” amb tot el que fa referència al nostre finançament.

5è   Cal desnacionalitzar el debat sobre lladres i corruptes. Junt amb l’acceptació de que també aquí, a Catalunya, tenim delinqüents capaços de robar al Palau de la Música Catalana, cal reaccionar exigint responsabilitats i corregint tot allò que, en aquest cas, hem vist que ha fallat.
Afermar la nostra singularitat en la resposta ferma que donem a aquests fets.

ICV ha de ser proactiva enfront d’un escàndol de les dimensions que té el cas Millet.