“Privatizar y recentralizar la comunicación audiovisual.”

Intervención en el pleno del Senado del 18/07/2012 sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Propuesta de veto número 2, del senador Jordi Guillot y del senador Joan Saura. Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Guillot.

Gràcies, president.

Señorías, la señora Angulo nos decía que hay tres criterios para hacer política y yo le añadiría un cuarto: no hacer el ridículo. Y menos cuando se hacen estos sermones económicos y se acusa al Gobierno de izquierdas de la Generalitat de hundir al país, cuando hoy hay 1295 trabajadores y trabajadoras de radiotelevisión de Valencia en medio de un ERE que pueden perder sus empleos gracias a la mala gestión, a la manipulación, al cachondeo y a los negocietes entre amiguetes. Por favor, no nos sermoneen, háganse cargo de sus responsabilidades y en concreto hoy que hablamos de televisiones autonómicas, hoy que hablamos del sector audiovisual justifiquen ustedes qué ha pasado en Canal 9 y cómo puede ser que casi 1300 trabajadores se vayan al paro. Esta es una situación que ustedes tendrán que explicar y justificar.

No alcanzo tampoco a comprender por qué una reforma de ley como esta se tramita por vía de urgencia. No es una ley que salga al paso de ninguna urgencia del sector audiovisual, no resuelve ninguno de los graves problemas presentes en el escenario audiovisual español después del apagón analógico, y tampoco responde al conjunto de enmiendas que ustedes defendieron en la tramitación de la ley del audiovisual. No entiendo cómo para privatizar y para invadir competencias autonómicas hagan falta tantas prisas y se tramite con urgencia una ley como esta.
El senador Saura y yo, firmantes de este veto, somos extremadamente críticos con las políticas del Partido Popular hacia el sector de la comunicación audiovisual. Creemos que hoy hay dos grandes prioridades que debería llevar a cabo el Gobierno del Estado:
En primer lugar, políticas públicas orientadas a la consolidación de unos medios de comunicación, especialmente los públicos, como instrumentos fundamentales de la libertad de expresión y de información, expresión y representación de la pluralidad política y de la diversidad social, factores de cohesión social, motores culturales de la industria audiovisual, instrumentos de normalización lingüística en aquellas comunidades con lengua propia.
En segundo lugar, el objetivo del Gobierno debería ser el diseño de estrategias de desarrollo de la industria, y todo el potencial digital para consolidar un sector estratégico para cualquier economía del siglo XXI.

Estas dos grandes prioridades no están hoy en día en la acción del Gobierno y, como mucho, la acción del Gobierno en el sector audiovisual se podría resumir en lo siguiente:
Respecto a los grupos privados afines, alentar y beneficiar. Solo hay que recordar las concesiones de frecuencia de TDT del año 2000, del Gobierno Aznar, a Unedisa y Vocento, o las concesiones realizadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y evidentemente, a los no afines ni agua.
Sobre los medios de comunicación de titularidad pública, han seguido ustedes una doble estrategia:
Los gestionados como ustedes, valgan como ejemplos Telemadrid y Canal 9, manipulación y mala gestión. A los no controlados les han aplicado ustedes una presión política que se podía resumir en cinco puntos:
En primer lugar, degradarlas. El acoso y derribo a que han sometido a Radiotelevisión Española no tiene parangón, y menos en una etapa en que la Corporación de Radiotelevisión Española era líder de audiencia, líder en el reconocimiento social a su profesionalidad y rigor informativo, y en un periodo en que ha ido acumulando premios, especialmente  sus servicios informativos. Por no hablar de sus ataques a TV3, sinónimo de malgasto innecesario, para ustedes el típico malgasto del nacionalismo; para nosotros, una inversión fundamental por ser TV3 un factor imprescindible para la preservación de nuestra lengua y nuestra cultura.
En segundo lugar, controlarlos, y para conseguirlo han sido capaces de aprobar un real decreto de modificación del régimen de administración de la Corporación Radiotelevisión Española, abusando de su mayoría absoluta, que les permite elegir el consejo de administración sin necesidad de consenso parlamentario.
Controlarlos para, a continuación, manipularlos, tercer aspecto. Aún es pronto para hacer un primer balance de la política informativa de Radiotelevisión Española, pero me alarman dos hechos. El primero, nombrar como jefe de informativos al señor Somoano. Señorías del PP, si el PSOE hubiera nombrado como jefe de informativos a un personaje con este perfil político, ustedes lo hubieran crucificado vivo. El señor Somoano, para que ustedes entiendan de quién hablo, no solo estuvo en la dirección de informativos de Telemadrid, sino que es el autor de una tesis que bajo el título “Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular”, tiene las siguientes perlas: El actual jefe de los informativos afirma: Conociendo los medios de comunicación y sin ignorar que son presos de los poderes económicos y políticos, el PP debería de… y hace referencia a una serie de acciones. ¿De quién está presa hoy Televisión Española? El paroxismo llega ya con lo que él define como sectores sensibles para el PP, es decir, jóvenes, inmigrantes, gays y catalanes y andaluces. Solo releeré lo que escribe en este último apartado sobre catalanes y andaluces.
Dice el jefe de los servicios informativos de Televisión Española: “Debemos presentarnos como ciudadanos de a pie y no como señoritos, moderados y dialogantes, que trabajan para que su tierra −se refiere a Andalucía− avance de una manera solidaria. Contrarrestar este valor de la solidaridad con el de un PSOE que está dejando la puerta abierta al tripartito catalán para que rompa la solidaridad Interterritorial, es decir, presentar a la dirección socialista como un grupo de personas que por no poner límites están perjudicando a Andalucía gravemente. Y añade: Es demagógico pero calará en el electorado”.

Señorías, ¿no tenían otro candidato? ¿No había otro candidato a quien elegir como jefe de informativos? Creo que a veces no solo hay que ser honrado, sino parecerlo, y en este caso, con este tipo de tesis, está claro que no es el candidato aconsejable para dirigir los informativos de una televisión pública plural y rigurosa.

Y otro hecho alarmante es la destitución del señor Juan Ramón Lucas, de Radio Nacional de España, director del programa En días como hoy, un programa de éxito y riguroso. Comparto plenamente la crítica realizada por el señor Ansón y publicada ayer en el diario El Mundo. El señor Ansón nos dice: “La destitución es un grave error. A ciertos dirigentes del PP les chiflan los periódicos alfombra; a otros, los periódicos momia. En el PP hay políticos y periodistas que harían un tambor con la piel de su propia madre para redoblar sobre ellas las alabanzas a Rajoy y a Soraya”. Esto es lo que dice el señor Ansón. No me riñan a mí, que solo hago de mensajero.

Y los puntos cuarto y quinto de su política audiovisual son; privatización y recentralización, que son los únicos objetivos de este proyecto de ley.

Ustedes justifican este proyecto de ley de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual por 2 motivos:
El primero, flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.
El segundo, establecer la sujeción de la gestión económica de estas televisiones autonómicas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sobre la flexibilización de los modos de gestión, este proyecto de ley no aporta nada que no sea la posibilidad de transformar la habilitación de servicio público en licencia privada. Sobre el resto de modos de gestión que contempla la reforma, no son ninguna novedad, se realizan ya en diferentes televisiones autonómicas. Por ejemplo en la televisión de Aragón. Hagan ustedes un repaso de las que hoy en día existen.

Señorías, la ley nos dice con mucha claridad que los órganos competentes de cada comunidad autónoma decidirán, dentro de los múltiples canales digitales que se le reserven, los canales digitales de ámbito autonómicos que sean explotados por el servicio público y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia. ¿Por qué transferir canales públicos a los privados? Si una comunidad autónoma no puede o no quiere gestionar un canal público, lo más razonable es aparcarlo. Lo que no tiene ningún sentido habiendo ya la cuota para los privados, es privatizarlo, y quedarse sin la posibilidad de que en un futuro pueda acceder al mismo porque, evidentemente, este paso a la privada hipoteca sus posibilidades de disponer del mismo. Mi razonamiento se entiende de forma meridiana si uno cree que los canales públicos autonómicos y locales son necesarios por representar una televisión de proximidad, siempre ligada a la singularidad lingüística y cultural y por factores de cohesión social y territorial.

Es también preocupante que la reforma que plantea el Gobierno permita la externalización de los servicios informativos. La información, junto con la formación y el entretenimiento de calidad, son funciones fundamentales de un servicio público. En el momento en que se externalizan, ustedes quiebran los principios de independencia, neutralidad y pluralismo. Como es también alarmante la posibilidad que contempla la reforma de que las comunidades autónomas puedan participar en el capital social del privado que se queda con la licencia. Es decir, no solo vamos a privatizar, sino que encima vamos a ayudar a capitalizar a la empresa beneficiada de esta privatización. De verdad,  no encuentro ningún tipo de interés público en todas estas propuestas.
Y tampoco creen en la descentralización política del Estado y, como prueba, un botón con este proyecto de ley. Para ustedes, lo privado es sinónimo de buena gestión y lo público de mala gestión. Es evidentemente una afirmación que no se sostiene. Lo que sí es cierto es algo a lo que antes he hecho referencia respecto a Canal 9; la manipulación, la mala gestión y todo este cachondeo que ha habido en la radiotelevisión pública valenciana ha llevado al desastre laboral que hoy día estamos abordando. Y desde aquí quiero mandar un mensaje de solidaridad y apoyo a esos trabajadores.

Pero, señorías, si somos respetuosos con las leyes, si somos respetuosos con los estatutos, quien tiene la responsabilidad de garantizar la mejor gestión de sus servicios son las propias comunidades autónomas. Lo que ustedes proponen con el apartado 8 bis, que quieren añadir al artículo 43,  es una invasión de competencias que, como mínimo, la Generalitat de Cataluña tiene. A quien le corresponde gestionar y garantizar la mejor gestión respecto a, por ejemplo, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es a la Generalitat. Y si el Partido Popular cree que está mal gestionado, la señora Sánchez-Camacho o cualquier diputado o diputada del Partido Popular en el Parlament de Catalunya tienen el marco idóneo legal para opinar sobre ello. Lo que no entiendo es por qué ustedes entran a esta concreción y a esta invasión competencial, porque una cosa es marcar límites de déficit y otra cosa empezar a entrar ya en lo concreto, en lo que son competencias propias de las comunidades autónomas, y en este caso de nuestro autogobierno. No tiene sentido. Yo creo que es una invasión de competencias, que esto no es constitucional. Y espero y deseo que el Gobierno de la Generalitat, una vez aprobado ese proyecto de ley y pase a ser ley, dé los pasos necesarios para impedir que pueda invadir nuestras competencias.

Creo, señorías, que si de algo debíamos discutir y legislar es el gran fracaso que ha representado la reforma de la TDT. Estamos a las puertas de un segundo apagón televisivo por la necesidad de migrar a otras posiciones del espectro y dejar espacio a la telefonía móvil de cuarta generación, y de todo esto no hablamos. No hablamos de que, a nivel estatal, el mercado de la TDT nació con 6 operadores privados y un operador público. Hoy en día de esos 6 operadores quedan 2 empresas por la fusión de Antena 3 y La Sexta y de Telecinco y la Cuatro. No hablamos ni nos queremos dar cuenta de que los otros 2 operadores que había, Vocento y Unidad Editorial, después de un proceso complejo, hoy en día se dedican a alquilar sus frecuencias, fundamentalmente a majors y empresas extranjeras que están haciendo el negocio del siglo. De todo esto no hablamos, ni hablamos tampoco de una situación de naufragio generalizado que es la TDT a nivel local. Yo creo que esto es lo que nos debería interesar.

Debería haber un debate de propuestas, de definición de modelos, de búsqueda de fórmulas de financiación, de búsqueda de una sostenibilidad de ese sistema, que ha multiplicado la posibilidad de acceso a canales, y de todo esto no hablamos. El único plan que traen aquí es privatizar en unos momentos en los que, por otra parte, tampoco hay demanda. Pero, ¿quién va a pedir más canales, si los que hay no pueden  tirar hacia adelante? Esto cuestiona la posibilidad de impulso y desarrollo de una televisión pública autonómica en el momento en que haya privatización y, evidentemente, toda cuestión de la invasión competencial de la que antes he hecho referencia.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Estos argumentos justifican el veto que hemos presentado el senador Saura y yo.

           

“RTVE. Primero controlar para después manipular.”

El Partido Popular siempre ha demostrado una concepción patrimonial del estado y de sus instituciones. Para hacerse con ellas desarrolla siempre la misma estrategia; cuando está en la oposición lanza campañas de descrédito y deslegitimación, independientemente de los costes, democráticos y sociales que comporten sus ataques. No les duelen prendas y son capaces de utilizar todos los medios, especialmente las mentiras. El caso de RTVE es un buen ejemplo.

El PP lleva meses atacando sin tregua a RTVE y a sus profesionales. Los excelentes niveles de audiencia, el gran reconocimiento ciudadano hacia su rigor y profesionalidad, sobretodo de sus servicios informativos, no son ápice para sus campañas de acoso y derribo. La estrategia es primero atacar para después controlar y todo seguido manipular a su antojo RTVE, como ya hicieron en el pasado.
La ley 17/2006, del Régimen de Administración de la Corporación RTVE, era un obstáculo para su control partidario, ya que exigía quorums parlamentarios muy altos para la elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación RTVE, para así forzar el consenso entre los distintos partidos.
¿Cuál ha sido la respuesta del PP? Inventarse todo tipo de excusas para modificar la ley, abusando de su mayoría absoluta, y así poder controlar directamente RTVE, sin  la obligación de buscar ningún tipo de consenso. Vistos los precedentes anteriores del talante de su gestión en RTVE -época Urdaci- todo apunta a futura manipulación, como la que ya realizan en TeleMadrid o Canal 9 valenciano.

Nadie se podrá quejar en este caso de la herencia recibida. Más de 53 semanas líderes de audiencia y reconocimiento público, como señalan todos los estudios de opinión. Lamentablemente, es de prever que cometerán en RTVE un destrozo grave. La única esperanza es que queda la suficiente crisis y cometen los suficientes errores para que la crisis se lleve por delante el gobierno de Mariano Rajoy . Así como devolver la confianza alos profesionales de RTVE, que ya demostraron en el pasado su capacidad de recuperarse de la negra gestión de los “Urdacis” y restablecer a RTVE prestigio, rigor, pluralismo y profesionalidad.

“El futuro de RTVE.”

Publicado en el diario digital Nueva Tribuna el 8/03/2012.

El escenario actual de los medios de comunicación en España es desalentador para los progresistas y más aun con el cierre del periódico Público. Pero la situación está todavía peor en el panorama audiovisual.

Las fusiones de las cadenas generalistas de ámbito estatal son a favor de líneas editoriales conservadoras y lo mismo pasa en las televisiones de otros ámbitos.

La ofensiva, ahora, está dirigida contra la Corporación de RTVE, y su principal protagonista es el PP. RTVE, a pesar de las limitaciones de las leyes que el anterior gobierno aprobó, en las que le prohibían la publicidad  y limitaban su programación, ha sido capaz de mantenerse líder de audiencia, especialmente de los informativos. La primera medida del nuevo gobierno ha sido recortar en 204 millones de euros la aportación del estado al presupuesto para 2012. Un presupuesto ya comprometido y que debe afrontar gastos como los de los Juegos Olímpicos en Londres, cifrados entre 70-80 millones de euros. Un recorte que afectará directamente a la calidad de la programación de TVE. Para empeorar más la situación financiera de RTVE, estamos pendientes de la decisión de las autoridades europeas sobre la tasa que deben pagar los operadores de telecomunicaciones para financiar a la Corporación Pública. Todo indica que la decisión será contraria a la aplicación de la tasa.

No contentos con los recortes, el PP se ha lanzado a una campaña de desprestigio de la profesionalidad e imparcialidad de los informativos de TVE. El partido de los “Urdacis” considera que los actuales informativos son parciales y sesgados hacia la izquierda. De nada sirve el liderazgo en audiencia de estos informativos, el reconocimiento y premios conseguidos y el que no se refleje en ningún estudio de opinión el rechazo a la calidad y profesionalidad de los mismos. Ahora toca, con tesón y ahínco, degradar nuestra televisión pública y en ello ponen todo su empeño. Sólo hay que ver lo que fue la primera reunión de la Comisión Mixta de Control de RTVE en el Congreso, el pasado  29 de febrero.

En las actuales circunstancias, no ayuda nada que la Corporación lleve seis meses sin presidente ejecutivo desde la dimisión del Sr. Oliart. Con el consejero propuesto por CC.OO. dimitido. Y con 6 consejeros con el mandato agotado. Y parece que no hay prisa en la renovación del Consejo de Administración ni en la designación de un nuevo presidente ejecutivo. En su primer encuentro celebrado el pasado 15 de febrero, Rajoy y Rubalcaba acordaron posponer para el mes de junio la renovación de una serie de órganos del estado; entre ellos los de RTVE. Aun ahora no entiendo porque el PSOE se advino a este acuerdo, que lo único que consigue es alargar la provisionalidad de la actual dirección de la Corporación, en beneficio de los que quieren controlarla o acabar con ella. Creo firmemente que es necesario ir ya a la renovación del Consejo y a la elección del presidente de RTVE. Prefiero un gobierno claro de la Corporación ya sea para apoyarle en su gestión o para criticarlo.

“Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.”

 

El pasado día 4 de mayo se debatió en el Senado el proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Una ley importante y compleja, en la que he tenido la suerte de contar con la ayuda y la opinión de miembros de la Federación de Jóvenes Investigadores. En su tramitación en el Senado se han mejorado aspectos, aunque quedan dos importantes sin resolver; la estabilidad laboral de los investigadores formados y la planificación plurianual de los recursos económicos. Dos aspectos fundamentales si realmente queremos avanzar en la sociedad del conocimiento.
Reproduzco mi intervención en el Pleno del Senado.

El señor GUILLOT MIRAVET: 

Muchas gracias, señor presidente.

Seguramente, en mi intervención no voy a ser capaz de trasladar la intensidad y lo extenso que ha sido el proceso de negociación y de acercamiento de posturas respecto de esta ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En primer lugar, quiero agradecer al senador Rubio, portavoz del Grupo Popular, su disponibilidad, así como a la senadora Vicente, portavoz del Grupo Socialista, la capacidad de llegar a acuerdos conmigo y mi grupo.

Soy de los que comparten con muchos de los oradores que antes han intervenido que la principal riqueza de una nación es su inteligencia. Y seguramente España tiene mucho que hacer aún en investigación, desarrollo e innovación, y muchos de los cuellos de botella que tenemos respecto al desarrollo de nuestra sociedad, la salida de la crisis, el cambio de modelo productivo y el bienestar general, tienen que ver también con el impulso que demos a todos estos ámbitos.

Es evidente que el futuro está en la sociedad de conocimiento —una idea que compartimos todos— y es evidente que esta ley es muy importante, después de más de 25años desde la aprobación de la anterior; una ley esperada y que ha creado expectativas en el sector del mundo de la investigación, del mundo científico, del mundo político y del social.
En el proceso de debate que se produjo tanto en el Senado como en el Congreso, la principal preocupación que Iniciativa per Catalunya Verds era la relativa a aquellos aspectos referentes a la contratación y el acceso a la carrera profesional, todos aquellos aspectos laborales que tanto tienen que ver en el diseño y el buen hacer del trabajo en la investigación y la posibilidad del desarrollo y la aplicación de esta ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La principal crítica que hago a este proyecto de ley es que sigue manteniendo el factor de la precariedad en lo que se refiere a la contratación, el acceso y la permanencia en el mundo laboral de los investigadores. Y creo que ello, junto a la falta de una memoria económica que permita planificar la inversión de manera plurianual, son dos de los grandes defectos de esta ley, que, a su vez, merman no solo las posibilidades de una buena gestión y aplicación de la norma, sino también la capacidad que tenemos como país de avanzar en ciencia, tecnología e innovación.

Creo que es de sentido común y no hace falta ser Epaminondas para darse cuenta de que, si nuestra legislación no es capaz, a partir de determinado desarrollo de una carrera profesional y a partir de una determinada edad, de dar estabilidad al investigador; si seguimos insistiendo en precarizar un sector tan estratégico para nuestro desarrollo como es este, no resolveremos uno de los principales problemas que tenemos, y es que entre el 40 y el 50% de los investigadores del sector público están en una situación precaria.
Es evidente, es verdad —y lo reconozco como un aspecto importante— que se han producido mejoras en el Senado a partir de las enmiendas transaccionales. Así ha sucedido con la enmienda 83, de Entesa Catalana de Progrés; la 176, del Grupo Popular; la 165, del Grupo Popular, y la 207, de Convergència i Unió. Hemos logrado dar una mayor concreción o fijar de una manera mejor aspectos de regulación por la vía laboral o de estabilidad, por ejemplo, en los contratos de los programas Ramón y Cajal o Miguel Servet.

Sin embargo, a pesar de las mejoras que ofrecen estas transaccionales, sigue el interrogante sobre el contrato de acceso. ¿Es realmente útil el contrato que contempla esta ley? ¿Permite realmente dar estabilidad, afianzar, captar, fidelizar a los investigadores? Creo que no, señorías. Creo que este contrato de acceso reduce las garantías que fija la normativa vigente, como, por ejemplo, respecto a la figura de los Ramón y Cajal. Además, se elimina la referencia al derecho a que la institución de destino convoque una plaza acorde con el perfil —no con la persona— que se contrata al inicio del proceso. Insisto en que, al no disponer de una planificación económica, no se asegura la continuidad en el flujo de personal, tan costoso en su formación.

El reconocimiento de la evaluación positiva como mérito para el acceso a las plazas de laboral-fijo es insuficiente para personas que han pasado tres evaluaciones públicas previas: contrato predoctoral, contrato de acceso y evaluación positiva. No hay, por tanto, continuidad en la carrera de investigador ni garantías para que el personal científico pueda acceder a un puesto de trabajo estable por debajo de cierta edad, y para mí esto es letal. No nos damos cuenta de que esta precarización, esta ausencia de confianza y estabilidad, a ese tipo de personal es una merma en nuestra capacidad para desarrollar un trabajo de investigación, de avance en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Y, por último, este contrato de acceso no precisa cuál es el convenio de aplicación por el cual se regulará esta relación laboral. Todos ellos son elementos que en el debate legislativo parecen menores pero que para una persona, para un investigador, que ha hecho su carrera, su tesis, su doctorado, paso a paso, con gran esfuerzo y siempre de una manera costosa como mínimo para el erario público, es decepcionante, e invita a irse a la privada o al extranjero al no poder encontrar en tu país el acomodo necesario para estabilizar tu vida y tu carrera profesional. En este sentido, el proyecto de ley merma la capacidad de articular una carrera profesional.

Con todo, pienso que el Senado, gracias al debate y al proceso que ha llevado a cabo, ha dado un paso más en la mejora de esta ley tan importante. Ya he agradecido anteriormente la negociación y la capacidad de encuentro en muchas enmiendas transaccionales, que, en mi opinión, son importantes.
En este debate también me he encontrado con el dilema que siempre afecta a los partidos minoritarios, en este caso, a subgrupos minoritarios dentro de un grupo ya minoritario, y es que las 83 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés se presentan en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds. Como solo somos dos senadores de este grupo, he tenido que elegir entre marcar perfil o entrar en una negociación, y en este sentido, he creído que lo más oportuno es entrar en la negociación, e intentar mejorar en lo posible este proyecto de ley, y evidentemente, esto tiene un coste. Ya les anuncio, señor presidente, la retirada del resto de enmiendas que no están sustentadas en las enmiendas transaccionadas y firmadas.

Voy a terminar mi intervención con tres cuestiones: una, que habrá que estar atentos al desarrollo de la aplicación de esta ley; dos, que habrá que estar atentos para ver cuáles son los efectos positivos y negativos de la aplicación de esta ley, su reglamentación y su desarrollo posterior, que, insisto, mejora muchos aspectos pero no resuelve el principal problema de la precariedad ni aborda la necesidad de la planificación con la introducción de memorias económicas, que hubiera podido ser mucho más ambiciosa; y, tres, que habrá que estar mucho más atentos a la petición, por ejemplo, de colaboración de jóvenes investigadores, a los que quiero agradecer su esfuerzo y su amabilidad en trasladar su opinión, su conocimiento y su experiencia concreta.

En definitiva, es una ley que se queda a medio camino de lo que realmente necesitamos, y España necesita, y mucho, tener una buena ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque el futuro de nuestro país pasa por la sociedad del conocimiento.

Gràcies, senyor president.
Gracias, señorías.

“Ley Economía Sostenible-Ley Sinde.”

Intervenció al Ple del Senat. 

Senyor president, señorías. 

Esta ley debería haber sido una ley señera, estratégica, la concreción legislativa de un Gobierno con voluntad de avanzar en la senda de la sostenibilidad y el cambio de modelo productivo. No ha sido así. Esta ley, el impulso que originó este proyecto de ley, nace de otra época, una época donde el señor Rodríguez Zapatero aún no había caído del caballo golpeado por los dioses del mercado.

Esta ley que hoy debatimos se ha ido devaluando, ya sea por lo dilatado de su tramitación, como porque aspectos fundamentales de la misma se han ido sustrayendo, ya sea por el proceso de Zurbano, que dio como resultado la aprobación del Real decreto de medidas de impulso para la recuperación económica y la creación de empleo. U otro ejemplo; por el Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Un proyecto de ley que se ha ido devaluando, mermando, pero que nunca ha representado la apuesta decidida del Gobierno por el cambio del modelo productivo.

¿Qué estamos discutiendo hoy? No nos engañemos: una ley de acompañamiento al uso, un batiburrillo de propuestas y modificaciones. Y no deja de tener su sarcasmo que en una ley así se afirme en su artículo 4 que son necesarios marcos normativos sencillos, claros y poco dispersos, que faciliten la comprensión y el conocimiento de los mismos. Pues como muestra un botón: si éste es el marco normativo sencillo, claro y poco disperso, ya me dirán ustedes qué entienden por sencillez, claridad y poca dispersión.

Ni esta ley permitirá avanzar en el cambio de modelo productivo, ni la voluntad y políticas del Gobierno van en esta dirección, sino en toda la contraria. Este Gobierno está al servicio de los mercados en lo económico, en lo social y en lo ecológico. No me extenderé ahora en hacer una lista de medidas que el Gobierno socialista ha tomado y que avalan mi afirmación, sí en cambio argumentaré la contradicción que hay entre el preámbulo de esta ley —parte retórica que poco tiene que ver con el articulado— y la gestión concreta del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Esta medida adolece de dos principales problemas: que marca un objetivo muy ambicioso, como mínimo en el titular, pero luego en su articulado no recoge el objetivo inicial de la ley, el impulso inicial de la elaboración de esta ley, y evidentemente está contradicho por todo lo que es la práctica concreta, las reformas concretas que ha ido realizando el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En el preámbulo se afirma que esta ley debe permitir profundizar en aspectos claves para avanzar hacia una economía sostenible y se ponen tres ejemplos: I+D+i, energías limpias y ahorro energético. Ciertamente tres cuestiones fundamentales, ¿pero cuál es la realidad sobre cada una de ellas?
En investigación, desarrollo e innovación, imprescindible para caminar hacia una economía de calidad junto con la educación y la formación, que son pilares básicos para el desarrollo y el cambio de nuestro modelo producto, la realidad, lo concreto, lo real, es lo siguiente: en el presupuesto de 2011 se ha sufrido un recorte del 8,4% respecto a 2010, y ya en 2010 fue recortado en un 5,5% el presupuesto de I+D+i. Con estos datos, todo lo que me puedan responder son puras palabras.
Energías limpias. Hoy un periódico económico titulaba en portada: El Gobierno enciende el carbón y desenchufa las fotovoltaicas. Es un buen titular que ilustra qué realidad discutimos sobre economía sostenible y, en concreto, cuál es la política real del Gobierno hacia las energías limpias.

Señorías, en el mix español de energías primarias, el 48% es de combustiones fósiles, cuando la media de la UE es del 37%. Esto ha generado en 2009 un saldo negativo en el balance entre exportaciones e importaciones del petróleo y derivados de 18.107 millones de euros, y entre enero y octubre de 2010, de 20.941 millones de euros. Según ciertos analistas, esto refleja una estrecha relación entre el grado de dependencia del petróleo y la deuda soberana, expresada como porcentaje de producto interior bruto (PIB). Miren ustedes el recorrido que tenemos para avanzar en una economía libre de carbono y sus efectos positivos: financieros, económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, hoy vamos a discutir cómo aprovechamos la tramitación de esta ley para reformar el decreto del Gobierno sobre renovables, que de no enmendarse va a afectar negativamente a la industria fotovoltaica, especialmente a los pequeños productores.

Parece que hoy, para el Gobierno, las renovables son las responsables del déficit tarifario. El Gobierno ha tomado una serie de iniciativas que de no corregirse en la tramitación de esta ley pueden afectar a la seguridad jurídica. En primer lugar; discriminarán al no tener en cuenta la ubicación geográfica o la potencia máxima instalada, y al no existir una racionalidad en las compensaciónes. La limitación de horas aplicada a las plantas solares va a hacer fracasar la energía solar en nuestro país. Hay otros perdedores —pymes, sector servicios y hogares—
Ahorro energético. El exclusivo en una economía en crisis.
En la realidad, en la práctica, las decisiones tomadas por el Gobierno ponen en entredicho los principales objetivos que marca el proyecto de ley.

También vale la pena recordar en este debate cómo valoraba, en su momento, el Consejo Económico y Social el proyecto de ley. Leo literalmente: “El Gobierno ha mezclado en una ley diversas normativas sin conexión entre unas y otras y sin una memoria económica adecuada, lo que dificulta su comprensión”. Sigue el Consejo Económico y Social: “Una ley tan ambiciosa como la que plantea el Gobierno carece de instrumentos de gestión, control, seguimiento y supervisión”. Sigue el órgano consultivo: Pone de relieve la contradicción que existe entre los fines sociales que, en su opinión,  busca la ley de economía sostenible, y el hecho de que apenas aparezcan a lo largo del articulado”. Y sigue el Consejo Económico y Social: “Se recogen muy poco los objetivos de favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, como tampoco se plantean directrices sobre el fortalecimiento de la protección social, la mejora del sistema educativo, la consolidación de la sanidad por impulso al desarrollo plural y territorial”. Y, por último, el Consejo Económico y Social cuestiona, precisamente, que los planteamientos que hace el Gobierno para llegar a un nuevo modelo productivo, que es el objetivo central de la ley de economía sostenible, no aparecen en el texto articulado de la misma.

Señorías, un cambio del modelo productivo es mucho más que un cambio sectorial de actividades. Un cambio en el modelo productivo no solo supone una sustancial modificación de los productos y servicios que ofrecen las empresas, sino, asimismo, una forma diferente de producir y consumir, en términos de ahorro de materiales, de eficiencia energética, de prestación eficiente de servicios, de organización del trabajo y también en la propia relación de trabajadores y trabajadoras con la empresa en la planificación de la actividad productiva.
El objetivo final del cambio del modelo productivo es lograr una economía sostenible y socialmente avanzada, siguiendo indicadores de desarrollo económico, igualdad, prestaciones sociales, innovación y sostenibilidad.

Un cambio de modelo productivo exige, en primer lugar, el incremento de la productividad del capital, fundamentalmente a través de la innovación de procesos y productos y de la mejora del capital humano; en segundo lugar, la reducción de costes no laborables, principalmente a través del ahorro de materias primas y de la eficiencia energética y en tercer lugar, el aumento de la escala de producción, lo que reduce los costes unitarios.

Señorías, he hablado de energía, de investigación y desarrollo e innovación. Ayer, el senador Alturo, con datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, demostró que España tiene los precios más altos de acceso a la red y la peor oferta de servicios. Esta sí que debería ser una de las principales preocupaciones del Gobierno: conseguir precios más bajos y mejorar la oferta de servicios.

Las reformas del mercado financiero pasan, hoy por hoy, por la bancarización de las cajas de ahorro. Yo también me interpelo, ¿por qué es necesario adelantar la consecución de los objetivos de Basilea 3 casi dos años? ¿Por qué es necesario incrementar un punto y casi dos o tres puntos a las cajas el core-capìtal?

¿Por qué es necesario forzar esta situación que, en definitiva, a las únicas a las que va a perjudicar es a las cajas de ahorro y a su bancarización?
¿Por qué no abordar una reforma fiscal ambiciosa, recuperar el impuesto sobre patrimonio e introducir la fiscalidad verde?
¿Por qué no puede ser el fraude fiscal y la evasión fiscal un gran objetivo de este Gobierno? ¿No es necesaria una banca pública en este momento?
 ¿Por qué no plantearse el objetivo de reducción del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Por qué no apostar por una movilidad sostenible?
¿Por qué no debemos gravar las viviendas desocupadas? ¿Por qué no debemos actuar sobre los embargos y el sobreendeudamiento hipotecario?
¿Por qué no debemos evitar las cláusulas abusivas en los productos financieros? ¿Por qué no exigir la transparencia e información clara, real y fiable —como por ejemplo evitar los swaps— de estas entidades financieras? ¿Por qué no se pueden eliminar las comisiones de cancelación? 

Por ello, hemos presentado 60 enmiendas a este texto. De ellas, 7 enmiendas —no menores— han sido transaccionadas y, en este sentido, agradezco el esfuerzo y la disponibilidad de las senadoras Yolanda Vicente y Ana Durán, y del senador Félix Lavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, así como del resto de portavoces, por haber podido alcanzar esos acuerdos en relación con las enmiendas números 57 y 58, de impulso a la implantación de las TIC, con especial atención al mundo rural; la enmienda número 56, de reorganización del espacio radioeléctrico; además de 4 enmiendas de contenido ambiental: la número 73, sobre la sostenibilidad del transporte; la 76, que reivindica un compromiso de presentación de un proyecto de ley de movilidad sostenible —que afortunadamente ha sido transaccionada y que espero que sea aprobada—; la enmienda número 74, solicitando políticas de gestión de la demanda energética; y la enmienda número 71, sobre la reducción de emisiones.

Afrontar una crisis económica exige, en primer lugar, parar el golpe, proteger a los ciudadanos y ciudadanas que más directamente sufren sus efectos —paro, pobreza, exclusión social— y, en segundo lugar, crear las condiciones para superarla, apostando por un nuevo modelo productivo que coloque nuestra economía en el siglo XXI y en la senda del desarrollo y la sostenibilidad social y ambiental.Después de más de 20 años de Gobiernos socialistas, una vez más no me cansaré de decir que alguna responsabilidad tendrán ustedes en el actual modelo productivo, en el actual mercado laboral; alguna responsabilidad tendrán ustedes en nuestra realidad socioeconómica. Por ello, lamento que no asuman ustedes la responsabilidad de avanzar en el cambio de este modelo y que sigan instalados en patrones que, de continuar así, repetirán los errores del pasado. 

Ley Sinde.
Quiero terminar hablando de la ley Sinde, de la disposición final cuadragésimo cuarta. Soy de los muchos que defiende el libre acceso a la cultura así como los derechos de autor. Entiendo las potencialidades y dificultades del nuevo escenario que han ido creando las tecnologías de la información; reivindico el diálogo, la serenidad y el consenso para encontrar las mejores soluciones y exijo al Gobierno una actitud ecuánime y rigurosa al abordarlas.

En un ambiente enrarecido y victimizado en el que participan creadores e internautas, el pacto PSOE, PP y CIU sobre esta disposición final ha representado echar más leña al fuego sin solucionar nada.
Hoy en día hay una subcomisión en el Congreso de los Diputados trabajando y dialogando sobre la reforma de la ley de propiedad intelectual. Después de muchos años, por primera vez y gracias al impulso y la iniciativa de don Alex de la Iglesia, se reunieron creadores e internautas. Sin embargo, la disposición final y la enmienda que ustedes han pactado pone en crisis todo el trabajo de esta subcomisión y, evidentemente, ha abortado el diálogo incipiente entre creadores e internautas que había iniciado el señor De la Iglesia, aparte de que es el motivo de su dimisión como presidente de la Academia.

¿No debería haber abierto el Gobierno un canal de diálogo, de participación y de encuentro para abordar una situación complicada, difícil y que no tiene soluciones fáciles ni rápidas? No ha sido así. Ustedes han optado, junto con el PP y Convergència i Unió, por presentar una enmienda, que hoy es una disposición, que es una verdadera chapuza jurídica, que no resuelve ninguno de los problemas y que ha vuelto a crispar el ambiente.

Señorías, piratería hay mucha y de muchísimos tipos, y todo aquel que ve afectados sus derechos puede acudir a la justicia ordinaria para defender lo que cree que es justo y suyo. No tiene sentido y es peligroso crear procedimientos administrativos y crear comisiones ministeriales para cuestiones tan delicadas como es Internet donde se mezclan derechos humanos con derechos de autor.

Creo que la defensa de los derechos de propiedad tiene sus recursos judiciales que no pasan, evidentemente, por la jurisdicción contencioso—administrativa. Otra perla jurídica que aporta la enmienda pactada.
Es un error y un peligro crear tanto una Comisión de la Administración para investigar webs como introducir conceptos tan peligrosos como: que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Si realmente queremos abordar con realismo la salvaguarda de los derechos de autor, minimizar las descargas ilegales, y garantizar siempre la libertad de la red y el acceso a la cultura, solo hay dos propuestas que, a su vez, están contrastadas en otros países: bajar costes y ampliar la oferta. Estas son las dos únicas propuestas posibles para poder solucionar un problema como el que hoy día nos afecta: bajar costes y ampliar la oferta. Todo lo demás puede tranquilizar conciencias, puede responder a la presión de lobbies pero, evidentemente, no va a solucionar el problema bajo ningún concepto.

El señor Juan Gómez—Jurado escribió el pasado 29 de enero: a lo gratis solo puede ganarle lo sencillo.
La ley es mordaza, y sinceramente tiene razón.  A lo gratis solo puede ganar lo sencillo.

En esta Cámara, hay senadoras y senadores que conocen esta cuestión a fondo. Ellos saben que la solución nunca será impedir que copien, porque es imposible. Con la red, con las nuevas tecnologías, es imposible. La única solución, insisto, es la que antes apuntaba: abrir un proceso, una transición, que permita avanzar hacia esta nueva realidad, estas nuevas fórmulas de negocio. 

Señorías, ¿cuál es el objetivo que nos debemos plantear? ¿Que escuchen, vean y lean las creaciones de nuestros autores y compren o impedir que copien? Esto es lo que hay que responder. Podemos impedir que copien o dificultar la copia o las descargas ilegales, a lo que no obligaremos a nadie es a comprar. Y mientras los precios sean los que son todo el mundo deberá optar entre si prefiere 100 000 oyentes  a un euro o 1000 a diez euros. Hay un cambio en la forma de negocio, provocado por las nuevas tecnologías, que hay que interiorizar y afrontar con decisión, con medidas, con apoyos, con recursos, pero sobre todo con realismo.

Quisiera terminar, señor president, en este punto de la conocida como ley Sinde —si la ministra pasa a la historia con esta ley, que se lo haga mirar—, con lo que decía  la editorial de un periódico de ámbito estatal;” que los problemas de adaptación a la industria, a la nueva realidad digital, eran acreedores de un debate social más amplio y una tramitación legal, global y coherente. Una revisión profunda a la Ley de Propiedad Intelectual habría sido más adecuada para, además, perseguir las descargar ilegales. En su lugar, el Gobierno optó por una disposición final en la Ley de Economía Sostenible, la ley Sinde, que ha acabado por agudizar la polarización existente en torno a este asunto”.

Señorías, tampoco podemos ignorar que este debate está envenenado por el canon digital, denunciado por injusto, por indiscriminado, y hoy con una sentencia limitativa por parte de los tribunales europeos. Y gestionado por las entidades de gestión con una imagen pública mala y con dificultades para justificar muchos aspectos de su propia gestión. Pero a su vez muy potentes lobbies.

En el pacto entre socialistas y populares, el PP intenta salvar la cara con una redundancia, que es la aplicación de la sentencia europea liberando del cobro del canon a empresas y administración. Pero, señorías, eso ya lo han dicho los tribunales, es una pequeña explicación para justificar el apoyo a una enmienda que yo, hoy por hoy, no entiendo.

Me dirijo a los Grupos Socialista, Popular y Convergència i Unió pidiéndoles que retiren esa disposición final 44, que esperen a los trabajos de la subcomisión del Congreso de los Diputados, que está analizando la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, y fruto de este trabajo despues con calma, sosiego, de manera global, nos permitan encontrar a todos, por consenso, una salida a un problema de difícil solución y, por otra parte, muy cargado ya de conflictividad.Nuestra ambición debe ser hacer leyes justas, reales y aplicables, y ésta no lo es. 

Por todo ello, señor presidente, anuncio el voto en contra a este proyecto de ley  de Economía Sostenible, con especial énfasis a la ley Sinde.
Muchísimas gracias por su atención.

“Ley General de Comunicación Audiovisual.”

Intervenció al Ple del Senat, 10 de març de 2010.

Senyor President.
Señorías.

Todos somos prisioneros de lo que decimos y escribimos. Ustedes, como partido y como gobierno, se comprometieron reiteradamente en un desarrollo legislativo nuevo del sector audiovisual que debería haberse iniciado con la aprobación de una Ley General Audiovisual, Ley del Consejo estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y la reforma de la ley de RTVE. Ha pasado todo lo contrario; el 2005 se aprueba el decreto de medidas urgentes, que legaliza la Cuatro y la Sexta. 2006; ley de RTVE, 2009; nueva ley de financiación de RTVE, el mismo año decreto de la TDT de pago y hoy discutimos la Ley General Audiovisual, la última y evidentemente condicionada por todo lo anteriormente aprobado. La que debería ser la ley marco que condicionara posteriores legislaciones es la ley condicionada por todo lo ya aprobado. Ya justificarán ustedes este contrasentido.

Es obvio que los cambios tecnológicos y lo obsoleta de nuestra legislación audiovisual exigen un nuevo marco legal y normativo. Mi crítica es que se ha empezado la casa por el tejado y no porque si. Me explicaré. Este singular y paulatino proceso legislativo audiovisual se caracteriza por una doble lógica:
-          Un endurecimiento y cerrazón para los prestadores públicos.
-          Abertura y flexibilización para los operadores privados.

Esta doble lógica se repite en este proyecto de ley, que incorpora el enfoque liberal de la directiva europea 2007/65 de servicios de comunicación audiovisual y se modela según los intereses de los operadores privados.La ley a debate se limita a una regulación de mínimos. Más que sistematizar y ordenar, teniendo en cuenta las nuevas y futuras necesidades y cambios, sustituimos un marco normativo por otro.

¿Cuál es la principal crítica que hago a esta ley? Que no responde al principio de que el sector de la comunicación audiovisual es un servicio público esencial. No sólo un negocio. Su importancia es fundamental, y es cada vez mayor, para la sociedad y para la calidad de nuestra democracia. De él depende en gran parte la garantía de la libertad de expresión, de libertad de información y el pluralismo de los medios de comunicación. Cultura y educación. Respeto y aliento la diversidad cultural y lingüística de esta España plural. En una sociedad a puertas de la saturación audiovisual, definir cuales son los intereses generales no es una cuestión menor. También juega un papel motor en las nuevas economías generando crecimiento económico, innovación y empleo.
Todo ello justifica la necesidad de legislar para salvaguardar el interés público y a su vez garantizar la viabilidad económica de los operadores. Pero por este orden, no al revés. Quiero reiterar, señorías, que estamos legislando sobre servicios que impactan, influyen y condicionan valores, identidades y conductas sociales.
La importante función social que cumplen los medios audiovisuales justifica la existencia de un servicio público de comunicación audiovisual, que a mi entender debe liderar el sector.

Es chocante el bajo nivel de exigencias de la ley, presentada por el gobierno, con los operadores privados.
Señorías, aquí no hablamos del libre mercado. Debatimos sobre un sector fundamental para nuestra sociedad y sobre unos pocos que tendrán la oportunidad de obtener un bien escaso como son las licencias audiovisuales. Se va a ceder más del 75% del espacio radioeléctrico -bien público- a los operadores privados. ¿No es razonable pedir a los que se van a beneficiar de una posición privilegiada, determinadas obligaciones con la sociedad? Yo creo que si. El gobierno, visto el proyecto de ley, cree que no. Como afirma CC.OO. “los medios de comunicación no pueden considerarse  como una mera cuestión de beneficios económicos; los medios audiovisuales deben tener como objetivo la calidad del servicio a la ciudadanía, como garantía de calidad de la democracia.”

Creo, también, que el proyecto de ley debería haber reforzado más el sector público audiovisual. Es por ello que hemos presentado una batería de enmiendas para reforzar los objetivos y fines del espacio público audiovisual. A petición de los sindicatos y totalmente de acuerdo con ellos hemos planteado tres cuestiones: límites a la externalización, compromisos de producción propia y la apuesta del sector público por el empleo estable. Tres cuestiones no menores que están en el debate sindical en muchos entes públicos radiotelevisivos.

Sobre el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, quiero en primer lugar valorar muy positivamente su creación. Es un éxito que legislemos hoy sobre el mismo. La experiencia allá donde existe, casi en toda la Unión Europea o en Catalunya, es exitosa. Con ellos se garantiza una mayor independencia en la regulación del sector. Desde ICV-EUiA hubiéramos apostado por un CEMA más parecido al catalán. Totalmente independiente y no dependiente de un ministerio como se nos propone. Y con mayores atribuciones como por ejemplo las de convocar, otorgar  y revocar las licencias. Con todo, es un paso hacia delante.
Todas estas consideraciones justifican las enmiendas que he  presentado junto al senador Nuet.

Decía al principio que todos somos prisioneros de lo que decimos y escribimos. Muchas de las enmiendas que presentamos son la traslación de propuestas que si estaban en los borradores de esta ley, hechos por el gobierno, en la anterior legislatura. ¿Qué ha pasado? Muy sencillo, han optado por legislar a tenor de las presiones y necesidades de los operadores privados, agrupados en UTECA, y no según el interés general que es lo que se esperaba de un gobierno socialista.

La tramitación de la ley en el Senado ha sido más pausada que en el Congreso. Esto nos ha permitido poder realizar encuentros con diferentes sindicatos, entidades, asociaciones y colegios relacionados con lo audiovisual. Fruto de este trabajo hemos presentado tantas enmiendas. Quisiera agradecer desde esta tribuna la colaboración y aportaciones que nos han hecho llegar.

¿Qué ha pasado en el proceso de negociación de las enmiendas con el grupo socialista?
Hemos conseguido:
-          Garantizar el derecho a conocer la identidad de los prestadores de comunicación audiovisual.
-          El control parenteral sobre contenidos agresivos hacia los menores.
-          Limitaciones en la emisión de programas con contenidos esotéricos o paracientíficos.
-          Plan para la creación de un centro de producción de referencia en Sant Cugat. Enmienda presentada por el senador Bonet y propuesta defendida con mucho empeño y tesón por la senadora Celaya.
-          Sustituir la palabra “enseñar” por educar al definir las responsabilidades editoriales de los prestadores.
-          La obligación de preservar y conservar el archivo de imágenes en movimiento y audio.
-          Compromisos lingüísticos.
-          Preservación de las competencias autonómicas.
-          Y seguramente una de las más importantes, que es que la adquisición de participaciones o derechos de voto estarán limitados si impiden la existencia, no de tres operadores, sino aclarar que la ley se refiere a tres operadores privados.
-          El acuerdo con el grupo socialista a presentar y apoyar una moción que defienda la producción propia y el empleo estable en el sector público.

Los acuerdos son importantes. Mejoran, a mi entender, sustancialmente el texto remitido por el Congreso. Permítanme afirmar nuestra satisfacción por los acuerdos. Con todo, no lo suficiente para votar afirmativamente la ley. Esta ley tiene un pecado de origen que no hemos podido superar con los puntos pactados, y es que esta más pensada en intereses que en derechos. Es por ello que el senador Nuet y yo votaremos en contra del proyecto de ley.

“Dreta mediàtica.”

La pitjor dreta, que avui campa per Espanya, és la dreta mediàtica. Una dreta cada cop més forta i amb més mitjans al seu abast. 

Avui per avui, qui està treballant millor les noves oportunitats de la revolució digital és aquesta dreta, instal·lada a ràdios, teles i diaris i revistes digitals. Una dreta ultraconservadora, integrista i molt agressiva. 

 Cal reaccionar enfront aquesta realitat, sent més agosarats i ambiciosos en la utilització de les noves tecnologies. També aquí els hem de derrotar.

“El despropòsit de RTVE.”

La dimissió del fins fa poc president de RTVE, Luis Fernández, ha estat un fet molt negatiu per el futur de la radiotelevisió pública estatal. El nomenament d’Alberto Oliart com a nou president, un complet despropòsit.
L’oposició de Luis Fernández a la llei de finançament de RTVE, aprovada abans de vacances, feia preveure la seva dimissió. El govern, de la mà de la vicepresidenta Fernández de la Vega, li va imposar una llei de finançament, en la que es prohibia la publicitat, la programació d’esports i pel·lícules, i limitava el finançament a 1200 milions d’euros/any.

Una decisió incomprensible del govern de Rodríguez Zapatero, que posa en crisi la radiotelevisió publica quan està passant la seva millor etapa: líders d’audiència, amb una programació i uns informatius més que acceptables, i desprès de superar una forta i dura reestructuració empresarial. I tot, a benefici dels operadors privats.

Com no podia ser d’una altra manera, Luis Fernández ha dimitit.

El substitueixen amb Alberto Oliart, ex-ministre de la UCD, que el primer que afirma és el seu desconeixement del món de la televisió.
És incomprensible que amb 81 anys i sense entendre ni una paraula d’audiovisual, hagi acceptat el càrrec. I encara és més incomprensible que el PSOE -segons sembla amb l’acord del PP- li ho proposin. 

Amb tot el respecte a la persona, tot plegat és un despropòsit molt negatiu per a la televisió pública.

“Ley de Financiación de la Corporación de RTVE.”

Intervenció al Ple del Senat del dia 29 de juliol de 2009.

Señor presidente.
Señorías.

El senador Joan Josep Nuet y yo, hemos presentado un veto a este proyecto de ley por 6 razones:

1ª Este es un proyecto de ley hecho con prisas y precipitación.

 ¿Qué sentido tiene una tramitación de urgencia de este proyecto de ley? Permítame la ironía, ya hubiera querido tanta celeridad para la Financiación Autonómica.¿Se ha evaluado el impacto de esta ley de ser aplicada en sus actuales contenidos para RTVE, el sector publicitario, los operadores de telecomunicaciones?
Vistas las reacciones que ha provocado en ellos la ley, es evidente que no.
¿Cómo se explica que hace tres años aprobamos una ley de reforma de la RTVE -la ley 17/2006- con un amplio consenso político y social, con el trabajo previo de un comité de sabios y hoy, de prisa y corriendo, se enmienda una parte significativa del esfuerzo legislativo?
¿Cómo puede ser que en la redefinición de la financiación de RTVE no se cuente con el Consejo de Administración del Ente Público de la Corporación?
Es lo que se desprende cuando su presidente afirma que de este proyecto de ley ha sido informado, que no consultado. En una de las mejores etapas de RTVE, con un casi 25% de audiencia gracias a la gestión de este nuevo equipo, ustedes se han lanzado a una modificación tan profunda de la financiación de RTVE sin contar con su dirección. Créanme, es incomprensible. La única explicación razonable a esta marginación, es que el Consejo de Administración no apoya su reforma.

Por otra parte, las críticas de la comisión de Mercado de las Telecomunicaciones han sido claras, así como de los operadores de telecomunicaciones. Que no se equivoquen, señorías, de serles aplicada esta nueva tasa del 0,9% la repercutirán en los usuarios, encareciendo aun más el mercado, uno de los más caros de la Unión Europea.

 2ª Legislamos sin un modelo audiovisual.

Legislamos a ciegas. Las Cortes no han discutido y aprobado una ley general audiovisual que defina el modelo de referencia. Y no es la primera vez.
En la anterior legislatura, el gobierno, de acorde con su programa electoral presentó tres grandes prioridades legislativas audiovisuales: Ley General Audiovisual, Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales y Ley de Reforma de la RTVE.
Y lo hacían por este orden lógico.

 ¿Que pasó en la anterior legislatura?
Pues que nos forzaron a discutir, en primer lugar, un decreto ley de “medidas urgentes para el impulso de la TDT, de liberalización de la TV por cable y de fomento del pluralismo”, a pesar de este título tan largo, lo más relevante de esta ley fue la creación de la Cuatro y la Sexta.
En el 2006, se presentó y aprobó  la Ley de Reforma de la RTVE.
Y se aparcó la Ley del Audiovisual y la del Consejo.

Al inicio de esta legislatura, el gobierno, al ser interpelado sobre sus prioridades legislativas en materia audiovisual se volvió a comprometer en lo mismo.
Les repetiré lo afirmado por el Ministro de Industria aquí en el pleno del Senado a una pregunta que le formulé:
responde el Ministro de Industria sobre las prioridades legislativas del gobierno “…se someterán al acuerdo del gobierno antes del 31 de marzo de 2009 dos propuestas legislativas.
La primera, un anteproyecto de ley general audiovisual que actualizara conceptos y definiciones en línea con los importantes desarrollos tecnológicos y la realidad actual del sector. La segunda, un anteproyecto de ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales…”. Respuesta correcta la del ministro.

El problema es que, una legislatura más, no se cumplen los compromisos. Y lo que es peor, se renuncia a dar una definición de modelo que dé coherencia y sentido a la legislación audiovisual en España.
Y una vez más nos vienen con legislaciones parciales que van a comprometer y condicionar el debate que hagamos, si se hace -cosa que ya empiezo a dudar- sobre el modelo audiovisual.

El disparate legislativo llega a tal extremo, que en este proyecto de ley se compromete, por ejemplo, al nonato Consejo de los Medios Audiovisuales a catalogar los eventos deportivos oficiales, articulo 9 1 i.

En la disposición adicional quinta se afirma que el gobierno deberá remitir en el plazo de un mes el proyecto general audiovisual. Lo mejor hubiera sido discutir primero la Ley del Audiovisual y que ésta tuviera una disposición adicional que dijera que en un plazo el gobierno remitía la ley de financiación de RTVE, no al revés como estamos haciendo. Insisto, ¿porqué tantas prisas, si según ustedes, dentro de un mes estaremos discutiendo la Ley General Audiovisual?

La ausencia de este modelo audiovisual no solo nos afecta en la cuestión legislativa, sino que temas como el apagón analógico, las autorizaciones de las TDT de pago o las fusiones de operadores, se determinarán sin referencias de modelo audiovisual.

3ª Esta ley limita la capacidad financiera de RTVE. (Articulo 3.)

Limitamos a RTVE a un presupuesto de 1200 millones de euros. Aportados hasta un máximo de 750 millones si sumamos los límites de las nuevas tasas e imposiciones a operadores de telecomunicaciones y de televisión mas el porcentaje por los ingresos de la tasa sobre reserva del dominio publico radioeléctrico. El resto, a cuenta de los presupuestos del Estado.
Dos datos: el presupuesto de la BBC es de 3900 millones de euros y el de France TV es de 3000.
Comparen y verán que RTVE, repito, con un 25% de audiencia la TV, es barata.
El contrato programa, que tiene carácter plurianual, es quien tiene que definir los límites presupuestarios y la dimensión de la Corporación RTVE. Establecer estos límites por ley, no solo se solapa con el contrato programa, sino que deja indefensa la Corporación, ya que fija de forma permanente la financiación y la dimensión de unas empresas públicas que actúan en un mercado absolutamente cambiante.

4ª Limitaciones en los contenidos. (Articulo 9.)

Las limitaciones en la programación de TVE en deportes y cine es preocupante y solo se explica por el interés de las TV privadas.

Pondré otro ejemplo de fuera para rebatir las limitaciones que se quieren imponer a TVE en materia deportiva;

La BBC tiene en exclusiva: Torneo de Wimbledon, Copa del mundo de fútbol, Fórmula 1 y juegos olímpicos de verano e invierno. Comparte con ITV la Champions.

Es preocupante también que hayan reducido de 70 a 52 películas/año las que puede pasar TVE. Películas producidas fuera de la UE. Estamos hablando de las norteamericanas casi siempre las más taquilleras.

La suma de las restricciones presupuestarias y de contenidos puede abocar a la Corporación pública a jugar un papel residual en el mapa audiovisual. Podemos estar renunciando al liderazgo de la radiotelevisión pública en el sector audiovisual español.
Una radiotelevisión de servicio público sin audiencia no es servicio público.
La experiencia francesa indica que retirar la publicidad no favorece a los canales privados si la TV pública mantiene sus cuotas de audiencia. Por ello, ustedes limitan por ley los contenidos de cine y deportes de RTVE, que conllevará una lógica pérdida de audiencia hacia las TV privadas y así éstas podrán captar los recursos publicitarios liderados por RTVE.

5ª Se altera negativamente el sector y mercado publicitario.

Todos los expertos del sector publicitario han respondido a este proyecto de ley con las mismas críticas.
La eliminación de la publicidad en la TV pública tendrá los siguientes efectos:
Destrucción de la capacidad productiva de la industria publicitaria. La publicidad no contará para un porcentaje considerable de la audiencia con lo que se reducirá un 25% aproximado del producto disponible en el mercado.
Perdiendo alcance las campañas publicitarias.

Creación de facto de un duopolio entre Antena 3 y Telecinco, que dispondrán casi del 80% del negocio publicitario televisivo. Con riesgos evidentes de alteración de las reglas del mercado, ya que los operadores podrán incrementar el precio al margen de la calidad con el objetivo de asumir la demanda.

6ª Y la última razón de este veto, es que este proyecto de ley responde fundamentalmente a los intereses de las televisiones privadas.

Se limita la capacidad financiera de la radiotelevisión pública y se limitan los contenidos de su programación como antes he explicado.
Y se regala a las televisiones privadas una parte importante del mercado publicitario.

La proyección para el 2009 de los efectos de esta Ley, da los siguientes resultados:
Telecinco pasaría de unos ingresos publicitarios de 674 millones de euros a 881. Alcanzando un 37,5% del total.
Antena 3, de 643 millones a 841, pasaría al 35,8% de cuota de mercado.
Cuatro, de 283 a 370. Pasaría al 15,7%
La Sexta, de 197 millones a 258. Pasaría al 11,1%

No se puede olvidar que Telecinco y Antena 3 se situaron en el primer y tercer puestos del ranking de cadenas más rentables de Europa.

Lo que ni el senador Nuet ni yo podemos aceptar, es que el negocio de las televisiones privadas se haga poniendo en peligro la radiotelevisión pública.
Es más, apostamos para que ésta lidere el sector audiovisual español en estos momentos de grandes cambios tecnológicos y de todo orden. Con esta ley se pone en cuestión este liderazgo.

Es por todo ello señor presidente que presento este veto al Proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio Televisión Española y pido el voto de sus señorías.

“La legislació audiovisual.”

En l’anterior legislatura, el govern Zapatero va anunciar una reforma a fons de la legislació audiovisual. Es va comprometre a presentar tres projectes de llei: la audiovisual, la de creació del Consell de l’audiovisual i la de reforma de RTVE. Al final de la legislatura 2004-2008 tan sols vàrem aprovar una llei anomenada “de medidas urgentes para el impulso de la TDT, de liberalización de la TV por cable y de fomento del pluralismo” (Malgrat el seu títol tan llarg, el més important d’aquesta llei és que va permetre la creació de la Cuatro i la Sexta) i la de reforma de la RTVE. La principal llei que havia de definir el model audiovisual espanyol i la de creació d’una autoritat independent de l’audiovisual – tipus el Consell de l’Audiovisual Català (CAC)- varen quedar aparcades.

A l’inici d’aquesta legislatura vaig preguntar al govern sobre les seves previsions legislatives en matèria audiovisual. La resposta del ministre d’Industria va ser “…se someterán al acuerdo del gobierno antes del 31 de marzo de 2009 dos propuestas legislativas. La primera, un anteproyecto de ley general audiovisual que actualizará conceptos y definiciones en linea con los importantes desarrollos tecnologicos y la realidad actual del sector….La segunda, un anteproyecto de ley de creación del consejo estatal de los medios audiovisuales…

”Fins ara, res de res, excepte que s’han despenjat amb un nou projecte de llei de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, que està fet a mida dels interessos del operadors privats. Projecte de llei que tindrà una tramitació parlamentària precipitada, habilitant el mes de juliol per a la seva aprovació al Congrés i al Senat. Tot indica que el govern ha renunciat a definir models, a regular el sector i a crear una autoritat independent audiovisual. I com amb altres moltes qüestions, està en mans dels forts interessos que hi ha en joc.