“Empleo irregular”

Intervención en el Pleno del Senado, 19/12/2012.

Propuesta de veto número 2 al Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social.

Senyora presidenta,Buenas tardes, señorías.

Yo quiero empezar mi intervención diciendo que este formato de debate que estamos utilizando no sirve. Esto de no parar al mediodía, de seguir hasta que se termine, está lanzando el mensaje de: ¡deprisa, deprisa, que hay que irse! Y no creo que sea lo más razonable, ni creo que  ayude a dignificar a esta Cámara, ni creo que ayude a la calidad legislativa del Senado, ni creo que trabajar así nos permita ser verdaderamente una Cámara de segunda lectura. Es hacer puro trámite. Y yo no sé si para hacer estos paripés hay que tener y sostener una Cámara parlamentaria como es el Senado, un Senado ya bastante cuestionado. Insisto, o cambiamos o reformamos o, si no −y lo digo con toda tranquilidad aquí, desde la tribuna del Senado y en una sesión plenaria−, mejor cerrar. Para esto mejor cerrar el Senado.

Entrando ya en el contenido del proyecto de ley, hace pocos días en el debate que tuvimos sobre el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y de la Seguridad Social, ya dije que ni el senador Saura ni yo avalamos ningún tipo de fraude, como tampoco avalamos el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida. Y esto por distintas razones. En primer lugar, por legalidad, las leyes están para cumplirlas. En segundo lugar, porque las principales víctimas del empleo irregular son los trabajadores precarios, tantas veces jóvenes, inmigrantes o mujeres. Y en tercer lugar, porque el empleo irregular afecta negativamente a la eficiencia de nuestra economía y favorece el dumping social y laboral. Digo esto para evitar que ningún portavoz, especialmente del PP, tenga la tentación de poder afirmar que quien se opone a este proyecto de ley, se opone a la persecución del empleo irregular, todo lo contrario.

¿Cuáles son las dimensiones reales del problema que intenta resolver este proyecto de ley?
Los ingresos fiscales de España sobre el PIB son del 35,1, los más bajos de Europa. Grecia tiene un 40,9% y Alemania un 44%. Invertimos en la persecución del fraude un 80% menos que Alemania y 3 veces menos que Francia. El fraude, según los inspectores, se repartiría de la siguiente manera: 71% grandes fortunas y grandes empresas, 8% autónomos y 12% pequeña y mediana empresa. A partir de estos datos pediría a los portavoces del PP que cuando quieran hablar de fraude: 7 de cada diez veces hablen de las grandes fortunas y corporaciones económicas; 1 de los autónomos; 1 de de las PYMES y 1 de los trabajadores. Y que pongan el mismo énfasis al hablar del fraude del señor Díaz Ferrán como lo hacen del pequeño fraude que pueden realizar algunos trabajadores. Me escandaliza oírles culpar de los males del fraude a los trabajadores y trabajadoras.
La economía sumergida se calcula entre un mínimo del 17% del PIB a un máximo del 25%. Muchos autores se inclinan por el 22,5%. El monto calculado es de 73 000 millones de euros. La economía sumergida emplea aproximadamente a 4 millones de personas. Según el Ministerio de Empleo, los 9 primeros meses de 2012 se han detectado 60 000 personas cobrando ilegalmente pensiones, un 0,6% del total de pensionistas que tiene España y 1174 empresas ficticias.

Señorías, estamos ante un problema muy grave. Una verdadera anomalía en una economía desarrollada como es la española.
¿Cuáles son las causas de esta situación?
Seguramente hay muchas explicaciones, pero para mí las más importantes son las causas estructurales de este fenómeno en nuestra economía, una economía desarrollada.
No podemos ignorar que hay un aspecto cultural, de moral tributaria. En España se da una especial condescendencia con el incumplimiento de las obligaciones cívicas. La desafección que estamos viviendo estos últimos tiempos creo que incrementa esta condescendencia.
Hay una densidad e inestabilidad legislativa y normativa en materia laboral. Hay una escasa persecución. Tenemos excelentes cuerpos de inspectores de Hacienda y de inspectores del Trabajo con escasas dotaciones y recursos y, evidentemente, esto es fruto de la voluntad política.

Tampoco podemos ignorar que existen mafias que viven de estos fraudes, esto es innegable.
La inmigración laboral es un sector muy frágil e indefenso frente a estas prácticas, por no hablar de los sin papeles. Pero insistía antes en que para mí lo más importante y lo más sugerente que tendría que tratar el proyecto de ley y que abordar el conjunto de políticas del Gobierno es cómo vamos a la raíz del problema, a las causas estructurales que explican, a mi entender, esta anomalía y estos porcentajes tan altos en empleo irregular, en economía sumergida, etcétera.

Una parte importante de nuestro tejido productivo se basa en sectores tendentes a la utilización de costes laborales muy bajos. El tamaño de las pequeñas y microempresas en España y su posición periférica es extraordinario. El 81,6% de nuestras empresas tienen 2 o menos trabajadores. Es una atomización empresarial tremenda. Tenemos, por otra parte, y esto es una opción política clara y meridiana en este Gobierno, un modelo de apuesta por la competitividad fundamentado en la reducción de costes laborales, con un modelo de relaciones laborales que lo propicia, y la reforma laboral del PP ha sido un nuevo aliciente.
Es decir, el empleo irregular no es un fenómeno tan sólo o exclusivamente producto de comportamientos fraudulentos. Sobre todo, es la consecuencia de un modelo económico y productivo, así como de un modelo de relaciones laborales.

Se equivoca quien piense, porque hay voces que siguen argumentando en ese sentido, que el empleo irregular, la economía sumergida, son una válvula de escape frente a unos costes laborales muy altos, y que reduciendo estos costes laborales se evitaría un porcentaje tan alto de economía sumergida.
Los niveles de los costes laborales en España son de los más bajos de nuestro entorno. Un 25% más bajos que la media de la Unión Europea, un 40% más bajos que en Francia y un 31% más bajos que en Alemania.

Si analizamos la realidad de la Unión Europea se confirma que los países con costes laborales bajos son los que sufren mayor empleo irregular, todo lo contrario a los países con costes laborales elevados.
El proceso de devaluación interna por la que ha optado el Partido Popular, basa nuestra competitividad en costes laborales bajos y esta es una escalera descendente que se inicia con la reducción de salarios, con la doble escala salarial de los jóvenes, con la subcontratación en cadena, sigue con las ETT, con las Empresas de Servicios Integrales que, en realidad, son prestamismo encubierto, y que pasa por los falsos autónomos, por las falsas cooperativas, por los falsos becarios y, en un último escalón, rozando ya la frontera de la legalidad, está el empleo irregular.

¿Aborda este proyecto de ley las razones de problema?
No. Sinceramente, creo que no. Ni este proyecto de ley, ni los Presupuestos Generales del Estado, ni la reforma laboral son instrumentos reales para afrontar el empleo irregular, la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social.

Las políticas del Gobierno del PP apuestan por la devaluación interna. Su ambición es que nuestra competitividad pase por los bajos costes laborales, y qué menor coste laboral que el empleo irregular.
Creo que ustedes no invierten lo suficiente en fortalecer los instrumentos de inspección y control. La OIT recomienda uno por cada diez mil personas activas. En esta misma ley suavizan procesos y sanciones. Sinceramente, creo que esta ley es una ley de fachada, de escaparate, que difícilmente va a afrontar un problema gravísimo que tiene nuestra economía; el de la economía sumergida, un problema grave que también tiene el mundo y el mercado de trabajo y, asimismo, un problema de fraude y de déficit fiscal.

Los trabajadores, más en tiempo de crisis y especialmente mujeres jóvenes e inmigrantes, y más aún inmigrantes sin papeles, están en una situación de subordinación en las relaciones entre el capital y el trabajo. Este es un hecho objetivo. Y en esta relación de subordinación la parte más débil, más vulnerable es la de los trabajadores. No es que haga apologismo del mundo del trabajo frente al capital, es que es una realidad. Por eso, las leyes deben ser garantistas de estos derechos, cosa que no ha conseguido su reforma laboral, todo lo contrario, la reforma laboral destroza gran parte de las garantías que hasta el momento existían.

Y respecto a la reforma laboral permítanme que aporte unos datos: 2012 se va a cerrar con 800 000 parados más. Dato objetivo: –hablo de la EPA- se han destruido 175 000 empleos. La contratación indefinida respecto a 2011 cae un 10%. Se han destruido en tres meses 179 400 contratos indefinidos. El 58% de los trabajadores ahora cobran por debajo de los 950 euros al mes. Las demandas de despido han crecido un 10,6%. Los concursos de acreedores de empresas, más del 20%. Incidentes laborales y expedientes de regulación de empleo, más del 70%. Si esta reforma laboral nos iba a colocar en la senda del crecimiento y de la creación de empleo, que baje Dios y lo vea.
Esta reforma laboral está causando una devastación social. Esta reforma laboral, si es que sinceramente ustedes la propusieron para esto, les ha salido mal. Esta reforma laboral representa una devaluación interna y contracción  de los costes laborales. Claro que hay fraude. Claro que hay empleo irregular. Claro que hay economía sumergida. Pero les invito a que frente a esto reaccionen con la contundencia necesaria, primero, hacia lo grande, luego hacia lo mediano y luego hacia lo chico. Expresen realmente su voluntad porque nosotros claro que alabamos al Cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Trabajo. Pero con quien está rabioso el Cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Trabajo es con ustedes, señorías del PP, porque no les dan ni la dotación de recursos ni este proyecto de ley permite aclarar las funciones de control y seguimiento del fraude en el mundo del trabajo y de la Seguridad Social.

Por todas estas razones, porque creemos que esta ley no afronta los problemas estructurales, porque va acompañado de una serie de medidas de este gobierno que contradicen el preámbulo de este proyecto de ley, porque en algunos aspectos del articulado de esta ley se contradicen al suavizar aún más las sanciones o las causas de sanción, el senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, hemos presentado este veto. Lo único que le pido, señorías —con esto termino, señor presidente—, es que intentemos ser lo más racionales posible, que intentemos colocar los problemas donde realmente están y los problemas del gran fraude están en los que tienen mucho y no en los que tienen poco.          

“Medidas tributarias”

 Intervención  en el pleno del Senado, 13/12/2012.        

Propuesta de veto al Proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Senyor president, señor ministro, señorías.

El señor Montoro nos ha agradecido el trabajo realizado por el Senado en el debate de los presupuestos generales del estado 2013, pero quiero recordarle dos cosas. 

La primera, que existe una Comisión General de Comunidades Autónomas que no se ha reunido ni una vez en un año, que tiene en su reglamento competencia de debate, de opinión y decisión sobre los presupuestos. Si usted cree que el Senado tiene que jugar un papel que no solo sea el de segunda lectura —que es cuestionable—, sería oportuno que hablara con el señor Imbroda y con sus portavoces para se convoque esta Comisión General de Comunidades Autónomas.
En segundo lugar —ya lo he dicho esta mañana—, otra ley por procedimiento de urgencia. El 77% de los proyectos de ley que vienen del Gobierno se tramitan por el procedimiento de urgencia. Esto disminuye la calidad legislativa de esta Cámara; expresa que o bien se improvisa mucho o bien se va a golpes legislativos.

Entrando en el proyecto de ley, en algunos medios de comunicación esta ley se conoce también como la ley Eurovegas o la ley Adelson, ya que una de las virtudes que incorpora —o defectos, a mi entender— es que permite una disminución del 95% del IBI a los ayuntamientos, y permite también la compensación de pérdidas por juego a partir de las ganancias. En esta ley el Gobierno del Partido Popular —por no hablar de lo que quiere realizar el Gobierno de la Comunidad de Madrid— está poniendo en bandeja el aterrizaje aquí de una macrotimba, de un personaje de tan dudosa reputación y bajo investigación en Estados Unidos como es el señor Adelson.
La verdad es que nunca he entendido y me sorprende —y evidentemente no comparto— el entusiasmo del PP por estos proyectos. Si este es el impulso y el relanzamiento económico que tienen ustedes en mente, estamos apañados. No nos cansaremos de repetir —y lo hemos dicho a lo largo de todo el debate de los presupuestos— que es necesaria una economía de calidad, que cree trabajo de calidad, que permita la recaudación de impuestos, la corrección del déficit, etcétera. Y no ese tipo de propuestas y de proyectos que solo traerán problemas y, sobre todo, como hoy dice la Asociación de la Banca, ya que fueron ustedes los promotores de la burbuja inmobiliaria, no nos hagan pasar de la economía del casino al casino puro y duro.

En esta legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha presentado una serie de proyectos de ley sobre fiscalidad; si no me equivoco, en total unos siete. En algunos se corrigen decisiones anteriores como, por ejemplo, las deducciones por la compra de vivienda, pero en ningún momento el Partido Popular ha planteado una reforma a fondo del sistema fiscal o una reforma fiscal en profundidad; una reforma fiscal que permita corregir, de entrada, el gran diferencial que hay de presión fiscal entre la Unión Europea y España. Piense que por debajo de nosotros solo está Lituania, Eslovenia y Bulgaria, que como compañía fiscal y económica no es la mejor.

Señor Montoro, señorías, creo que necesitamos impuestos, pero los impuestos tienen que ser los justos y necesarios. Necesitamos dinero para salir de la crisis y para afrontar no sólo lo que la crisis exige de protección social, sino también el relanzamiento de nuestra economía. No es necesario seguir gravando con más impuestos a todos aquellos que ya pagan, que fundamentalmente son la clase trabajadora y las capas medias. Lo que sí es necesario es que, por primera vez, empiecen a pagar los que hasta ahora han estado exentos de ningún coste y sacrificio en esta crisis. Porque dinero hay; dinero hay. Hay un fraude fiscal que se calcula en un 23% del PIB; se habla también de un 20% de economía sumergida; el 85% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 están presentes en paraísos fiscales, grandes fortunas… Es decir, dinero, de haberlo, hay lo, lo que sí que falta es voluntad política y decisión para encontrarlo y recaudarlo. Y no solo falta autoridad política sino también una cierta autoridad moral. Creo que ustedes, y concretamente usted, señor ministro, no acaban de valorar lo que representa desde un punto de vista ético y moral la amnistía fiscal. El lunes, cuando usted compareció para presentar los presupuestos, se regocijaba que se habían recaudado 1200 millones de euros. Eso es el 48% de lo que usted predijo. Usted nos dijo que iban a recaudar 2500 millones. Han recaudado 1200 millones, el 48%, es decir, ha habido un cierto fracaso en el objetivo recaudatorio de esta amnistía fiscal y creo que los costes morales en nuestra sociedad por lanzar este mensaje en una situación tan dura como la que estamos sufriendo, cuando una serie de sectores sociales son los que única y exclusivamente soportan los efectos de la crisis, no se corresponde con esa fuga de capitales. Por tanto, no es solo un problema de voluntad sino también de autoridad.

Hoy podríamos decir en este debate que el principal problema de España no es el de los gastos, sino el de los ingresos. De algo de esto se habla en este proyecto de ley, que nosotros en algunos aspectos valoramos positivamente, pero, evidentemente, tenemos tres grandes críticas que hacer. En primer lugar —lo decía anteriormente—, creemos que falta una reforma fiscal a fondo, completa. No podemos ir a golpe de pedazos y de reformas parciales, hace falta una propuesta por parte del Gobierno que plantee la reforma fiscal. En segundo lugar, algunas de las propuestas que ustedes hacen siempre son en un marco de temporalidad. En tercer lugar —quizá sea la crítica más severa respecto a lo que es en sí la propuesta de este proyecto—, están los incrementos del impuesto sobre el valor añadido. Creemos que tal como se han planteado son negativos. La elevación de los tipos impositivos general y reducido del IVA a quienes va a penalizar en mayor proporción es a los ciudadanos de bajos ingresos, que, a su vez, son las principales víctimas de la crisis.

Creo que usted, su Gobierno y el Partido Popular exageran en agradecer los sacrificios que está haciendo la sociedad española. Pero es que es una parte de la sociedad española la que está haciendo los sacrificios, y solo esta parte de la sociedad española estaría mucho más agradecida si viera que esos sacrificios se comparten, que forman parte de un esfuerzo general en el que los que tienen más participan más. Pero, con todo, pensamos que este incremento del IVA va a comportar una contracción de la demanda interna. Afortunadamente, las empresas exportadoras van creciendo en España y hay que impulsar su internacionalización, pero hoy por hoy no son muchas —se calcula un 3%—. Las empresas dependen mucho de la capacidad de consumo interno y la verdad es que si uno suma la subida del IVA, la supresión de la paga extraordinaria para los empleados públicos, el paro, etcétera… Pongo como ejemplo lo que previsiblemente va a ser un desastre de campaña navideña, que podremos valorar en el mes de enero cuando empiecen a salir las primeras cifras de las caídas de consumo que ha habido en sectores que fundamentalmente viven del negocio que puedan realizar durante las fiestas navideñas.

Para terminar, creo que durante estos dos años, como decía antes el senador Mariscal, en España se han llevado a cabo unas políticas fiscales cuyos resultados son la desfiscalización de los rendimientos del capital y una reducción de la progresividad de los impuestos. Ahora con la crisis lo estamos notando. Por ello considero que este proyecto de ley no responde a las reformas fiscales que hoy España necesita. Insisto en que es necesaria una reforma fiscal a fondo e insisto también en que la propuesta sobre el IVA que usted nos hace va a ser un elemento más de entorpecimiento y poco equitativo que no de solución.

En el turno de defensa de enmiendas defenderé las propuestas alternativas que hacemos al proyecto de ley, pero con lo expuesto justifico el veto que, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, presentamos el senador Saura y yo mismo.

 

“Unos presupuestos inútiles y antisociales.”

Intervención en el pleno del Senado del 18/06/2012 sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2012.

Propuesta de veto número 6, de los señores Saura y Guillot, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot Miravet.

Gràcies, president.
Señor ministro, señorías, voy a defender el veto que presento junto al senador Joan Saura, pero permítanme antes hacer un recordatorio, una vez más, de por qué estamos sufriendo una situación tan crítica en todos los órdenes. Estamos donde estamos, señor Montoro, por la codicia de banqueros y especuladores y por las servidumbres y confluencia de intereses con la política. Por eso estamos donde estamos. Y no por causas naturales ni por desastres naturales porque esta crisis, sobre todo fruto de la crisis del sector financiero, no nos ha caído del cielo. No podemos olvidar que fueron Gobiernos del PP y del PSOE los que crearon las condiciones para que los bancos financiaran una burbuja de créditos sin precedentes en torno al negocio inmobiliario. Ustedes, desde el Gobierno de Aznar, o los Gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, con la colaboración de los presidentes del Banco de España, señores Caruana y Fernández Ordóñez, permitieron todo tipo de tropelías bancarias y que se fuera inflando la burbuja inmobiliaria. El PP la creó y el PSOE no se atrevió a pincharla.

El señor Montoro, usted, señor ministro, se atrevió a afirmar en el año 2003: No existe una burbuja inmobiliaria, es una especulación de la oposición. ¡Que Santa Lucía le conserve la vista! El señor Solbes sentenciaba en 2008 que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa -la burbuja inmobiliaria- no sabían nada de economía. La realidad es que banqueros y constructores se forraron. Los bancos españoles se convirtieron en los más rentables a costa de ir debilitando nuestra economía. Estalla la burbuja y se sigue ocultando la realidad.
Hoy, señorías, vamos a discutir y a aprobar esos presupuestos, y aún no sabemos cuál es el tamaño de los activos inmobiliarios de los bancos ni de sus activos tóxicos. Por no conocer, ni conocemos las condiciones del rescate de 100 000 millones de euros. Y para que estos 100 000 millones de euros basten, también depende del agujero del ladrillo y éste de la caída de los precios de la vivienda. Lo que sí ya sabemos, por mucho que el señor Rajoy lo desmienta, es que este rescate tendrá efecto sobre el déficit y la deuda.
Señorías, se ha demostrado que el principal problema de la economía española es su sistema financiero, y no el gasto social ni los derechos de los trabajadores. Seguramente, estos Presupuestos Generales del Estado para 2012, que hoy discutimos, son la más clara expresión del estilo y contenidos del Gobierno del PP.El presidente Mariano Rajoy en su sesión de investidura centró su discurso en torno a dos grandes ideas: recuperar la confianza y un programa de reformas.

Recuperar la confianza. No seré yo quien valore el mucho o poco crédito del señor Rodríguez Zapatero y su Gobierno, con el cierre del déficit de 2011 pasando del 6% al 8,5%. Lo que sí les puedo decir, señorías del Grupo Popular, señor ministro, es que en seis meses ustedes se han pulido todo tipo de credibilidad. Empezaron aplazando la presentación de los presupuestos para después de las elecciones andaluzas -pudo el electoralismo a la responsabilidad, aunque, afortunadamente, no sirvió para nada-, por no recordar el descubrimiento tardío de cuatro décimas más de déficit que aportaron la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, cinco meses después de cerrar el ejercicio de 2011, que hizo pasar el total del déficit del 8,5% al 8,9%. Se da la circunstancia de que el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el señor Beteta, hoy es secretario de Estado en el Ministerio de Hacienda. ¿No le resulta increíble, señor Montoro, que no supiera cuál era el déficit real de su comunidad? ¿No es extraño que no le informara a usted, como ministro? Se hace incomprensible y es como para confiar mucho en el señor Beteta. Son engaños todos ellos acompañados de fanfarronadas. ¿Recuerdan al señor Rajoy afirmando una reducción del déficit al 5,8% por decisión soberana para después ser corregido, o aquel no le presionan sino que es él quien presiona? ¿Cómo se recupera la confianza desautorizando al Cuerpo de Inspectores del Banco de España y cargando una auditoría externa sobre el sistema financiero? Y, para terminar, la presentación pública del rescate por parte del señor De Guindos y el presidente Rajoy, digna de un sainete. Nos intentaron colar –con escasa fortuna- que no era un rescate ni iba a afectar al déficit ni a la deuda. No es de extrañar que en Europa hayan pasado de la perplejidad a la desconfianza con este Gobierno, y en un tiempo récord.

Y nos plantearon tres reformas. Tres reformas anunciadas a bombo y platillo:
la primera, el Plan de Estabilidad Presupuestaria. No lo van a cumplir. Y no solo lo digo yo, lo dicen los mercados, las agencias de calificación, el FMI, los centros de estudio tipo Funcas, lo corrobora la situación de nuestra economía en recesión, la caída de ingresos. Les recuerdo que hoy la prensa nos informa de la caída de la recaudación del IRPF y de una caída del 8,2% de los ingresos por IVA.
La segunda reforma era la financiera. Ustedes han realizado dos intentos fallidos de reforma y deberá ser la Unión Europea quien rescate a nuestro sistema financiero.
Ustedes han demostrado,  respecto al sistema financiero, que sí hay dinero para los bancos, pero no para la educación y la sanidad; se han doblegado siempre a los intereses del sector, hasta que más ha sido imposible; y ahora los que pondrán el dinero lo ejecutarán e impondrán sus condiciones; eso sí, los ciudadanos, de entrada, verán incrementada su deuda y su déficit. Han protegido siempre a los banqueros, en general, y a los suyos en particular, hasta el punto de impedir una comisión de investigación sobre Bankia.
Y la tercera es la reforma laboral. Habrá tiempo en esta sesión de hablar de ella. Solo les diré ahora que esta reforma laboral puede servir para muchas cosas, excepto para crear empleo.

Entrando ya en el contenido del proyecto de presupuestos que hoy presentan ustedes, tengo que decirles que: claro que debatimos tarde estos presupuestos. Es un disparate, señor Montoro, que nos diga que el 18 de junio no es una fecha tardía; claro que lo es. Y, por otra parte, no solo los debatimos tarde, sino que este es un proyecto poco real, poco creíble y no se sustenta ni en ingresos ni en gastos, en ninguna política que responda a la situación que vive el país.
El Gobierno se plantea como meta principal realizar un ajuste del déficit para 2012 del 3,6%, pasar del actual 8,9% al 5,3%. Todo esto en un escenario en el que se prevé una recesión del 1,7%, un paro del 24,3%, una caída del consumo total del 3,1% y un descenso de la formación bruta de capital del 8,8%. En su programa de estabilidad, el Gobierno plantea pasar de un déficit del 8,5% en 2011 al 1,1% en 2015, previendo en este periodo un aumento de los ingresos superior al recorte del gasto. 2012 será el peor año. Ustedes proponen un ajuste de 34 000 millones de euros, con la exigencia de 10 000 millones de euros en educación y sanidad para las comunidades autónomas.
El objetivo de reducción del déficit que plantean es inasumible. Ni podemos ni nos conviene. Apuesten, pues, por alargar los plazos y por la creación de estímulos económicos. Apúntense ustedes, no al carro de Angela Merkel, que tanto daño hace a este país, sino a las propuestas de François Hollande, que seguramente nos resultaría mucho más conveniente.

La previsión de ingresos no es creíble. Se cifran en 263 866 millones de euros los ingresos consolidados, con un aumento respecto a 2011 de casi 17 000 millones de euros.Más que optimismo, esta cifra es un delirio presupuestario, ya que ignora el impacto de la recesión en la recaudación de impuestos directos y de la caída del consumo en los indirectos, como también es disparatado imaginarse un incremento de las cuotas sociales en 2012 de casi 1500 millones de euros en un escenario de destrucción de empleo.
Tampoco son realistas las cuentas de la Seguridad Social, donde junto a las pensiones se agrupa el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial. Hay que calcular el incremento vegetativo del número de pensionistas en torno al 1,6% y no al 1%, como indican los presupuestos. La crisis y la recesión auguran una caída de las cotizaciones, el Gobierno las incrementa.
Vista la evolución de los dos primeros meses, el incremento de las pensiones contributivas hay que situarlo en el 4,5% y no en el 2,9% presupuestado. El gasto de Fogasa ha crecido el 13,3% hasta el mes de abril, se rebajó un 15% lo que se gastó en 2011 en la propuesta de presupuestos.

Por otra parte, España endurece el déficit fiscal y estructural encubierto por la burbuja inmobiliaria. Nuestro diferencial con Europa es entre 6 y 7 puntos. Las rentas de trabajo siguen siendo las grandes sostenedoras de los ingresos públicos. Seguimos con una bajísima presión fiscal a las grandes fortunas. El sistema fiscal español es injusto y poco progresivo. En estos presupuestos no se dan pasos para corregir la actual situación, y, lo decía muy bien el senador Montilla; las principales medidas fiscales que ustedes contemplan en estos presupuestos son puramente coyunturales y no tienen ningún tipo de continuidad.

Respecto a la política de gastos, el señor Saura y yo consideramos que en la actual realidad que sufre España, lo sensato, lo responsable sería presentar unos presupuestos que tuvieran cuatro prioridades: proteger a los que están pagando la crisis, el mantenimiento del Estado del Bienestar, la creación de empleo, y la apuesta por el relanzamiento económico. Ustedes hacen todo lo contrario: responsabilizan y cargan la crisis en las espaldas de los trabajadores y de las clases medidas, desmantelan el Estado del Bienestar, y no adoptan ninguna medida, todo lo contrario, para la reactivación de nuestra economía. Eso sí, salvan bancos y banqueros.
Los recortes en sanidad, educación y protección social son un ataque directo al Estado del Bienestar. No hay dinero para la educación y la sanidad, en cambio, sí que lo ha habido y lo hay para Bankia.
Nunca han dudado ni dudan en recortar los servicios públicos y todo aquello que garantice a las clases populares una determinada calidad de vida y de trabajo; cuando se trata de las élites o las oligarquías, o no se atreven o no quieren.

Por otro lado, camino de los seis millones de parados, parecería lógico que el Gobierno priorizara todo lo referido a la creación de empleo, reciclaje y formación. La respuesta del Gobierno Rajoy con estos presupuestos es la siguiente: las políticas activas de empleo caen casi un 21%, afectando gravemente a los planes de contratación temporal de trabajadores desempleados, a los programas de las casas-taller, a los programas de formación, y a los programas de integración de los inmigrantes.

Otras políticas también a priorizar en la actual coyuntura serían todas aquellas orientadas al estímulo económico. Pero tampoco es así. El conjunto del gasto dirigido a la economía real disminuye. Las políticas dirigidas al fomento de la industria y la energía sufren también un recorte de 204 millones de euros.
Con una economía en crisis, fruto, entre otras cosas, de un modelo viejo y de mala calidad, la apuesta por la salida de la crisis sería el tránsito hacia una economía de calidad, con empleo de calidad. Esta transición depende en gran medida de tres políticas: en primer lugar, educación; en segundo lugar, investigación, desarrollo e innovación; y, en tercer lugar, la economía verde.
En cuanto a educación, a los recortes obligados a las comunidades autónomas, titulares de estas competencias, hay que añadir el recorte de más de 623 millones de euros en las políticas de educación financiadas por la Administración del Estado. La enseñanza universitaria queda afectada con un recorte de casi 250 millones de euros; becas y ayudas caen un 12%.
Respecto a investigación, desarrollo e innovación, se recorta casi un 26% el presupuesto. Nos alejamos de la convergencia con Europa, y, evidentemente, por el impacto estratégico de estas políticas, ponemos en cuestión el futuro modelo económico que nos tiene que permitir salir de esta crisis.
Por otra parte, la política de infraestructuras, que es una de las principales bazas de los poderes públicos para estimular la economía, cae un 22,1%, lo que evidentemente tendrá efectos inmediatos por lo que supone de contracción de la demanda. Pero para mí y para el senador Saura, lo más grave es que seguimos instalados en el modelo desarrollista de estos últimos años, que creó una burbuja de infraestructuras muy ligada a la burbuja inmobiliaria.

Se carece de un modelo de movilidad sostenible, y por ello se sigue apostando por las autovías y las autopistas; nos propone unos 4500 kilómetros adicionales de autovías, muchas de las cuales sin justificación por el volumen de tráfico que soportan. Mil kilómetros más de AVE presupuestados para diversos corredores ferroviarios, algunos de ellos también de dudosa rentabilidad. El ferrocarril convencional y de transporte de mercancías permanece, nunca mejor dicho, en el vagón de cola. Y no se dice en estos presupuestos qué haremos con la red pública de aeropuertos dependiente de AENA, totalmente desproporcionada.

El tercer pilar fundamental para un nuevo impulso económico, orientado hacia una economía de futuro, de calidad y sostenible, son las políticas medioambientales. España, por no tener, no tiene ni ministerio de medio ambiente específico; ni tiene ministerio ni tiene ministro. La preocupación del señor Arias Cañete por el medio ambiente está entre nada y cero. Hay un desprecio total a las políticas medioambientales. Sirva como ejemplo que en el paquete de reformas estructurales presentado por el Gobierno no hay ninguna, ni se plantean objetivos para la creación de una economía verde, hoy fuente de muchos puestos de trabajo en el conjunto de la Unión Europea, ni sobre fiscalidad verde, recomendación que también nos hace el Fondo Monetario Internacional.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 hay un retroceso en las políticas sectoriales. Pondré solo tres ejemplos: en la prevención de la contaminación y cambio climático hay un recorte del 48%; en costas, un recorte del 36%; y en calidad del agua, un recorte del 25%, por no hablar del parón de las renovables y su entusiasmo nuclear. Yo no sé qué hará el Gobierno de España en Río+20, pero imagino que no podrá poner encima de la mesa ninguna de las experiencias de este Gobierno, todo lo contrario. Otro recorte también grave por todo lo que expresa es el del 61,2% en cooperación internacional al desarrollo, y que afectará en un 70% a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Seguramente, este recorte es la expresión más clara de cuáles son los valores de este Gobierno.

Como parlamentario catalán, también me opongo a estos presupuestos porque son un instrumento de recentralización y porque incumplen las obligaciones del Estado con Cataluña recogidas en nuestro estatuto. El Gobierno central tiene una deuda con Cataluña de 750 millones de euros. El Gobierno central no cumple con la disposición adicional tercera. Además, en este presupuesto rebajan un 45% las inversiones en Cataluña.

Usted esta mañana nos ha pedido altura de miras, no caer en intereses territoriales, velar por el interés común. Señor Montoro, usted tiene un especial sentido del humor cuando apela al interés común. ¿El interés general qué es: el señor Rato, Bankia? ¿El interés general qué es: la CEOE? ¿A nivel territorial, el interés general qué es? Yo diría a otros portavoces que no se disculpasen por reivindicar aquello que afecta a sus comunidades autónomas, ¡faltaría más!, y menos con un Gobierno que hace y deshace a su antojo, sin respetar la legislación, en este caso, orgánica, que marca los estatutos. Por lo que veo, no solo no cumplen con Cataluña si no que tampoco cumplen con otras muchas autonomías.

Voy terminando, señor presidente. Ustedes, como buenos clientes no liberales, creen firmemente que los actores económicos son exclusivamente los empresarios –usted mismo lo ha afirmado esta mañana- y, como esto es así, hay que dejarles las manos libres y crear todas las condiciones para que ellos creen el impulso económico. No creen en el control de los mercados, creen que la redistribución de la riqueza solo puede darse por la derrama que se produce en momentos de crecimiento. No creen en los impuestos, y consideran que ni España ni la Unión Europea serán competitivas en una economía global si deben soportar fiscalidad, Estado del bienestar, derechos laborales y limitaciones ambientales y sanitarias. Fruto de este convencimiento y alentados por la crisis, ustedes están dando marcha atrás a las conquistas sociales conseguidas, dándose la paradoja en Europa de que, en vez de exportar el Estado del bienestar, estamos importando la precariedad.

Es cierto que tienen mayoría absoluta pero no tienen la razón absoluta; están perdiendo un punto por mes. El rechazo social se expresa activa y pasivamente; activamente lo pudimos ver en el gran seguimiento de la huelga general y, pasivamente, ayer mismo, cuando se publicó una encuesta en el diario El Mundo, donde indicaba que más del 90% de los encuestados exigía una comisión de investigación sobre el sistema financiero y, en concreto, sobre Bankia.

Señorías, señor ministro, la soberbia es siempre negativa, pero en medio de esta hecatombe social y económica que padecemos, un Gobierno instalado en la soberbia, en la arrogancia, en la prepotencia es realmente ridículo.

Por esto invito al conjunto de los senadores a votar este veto, especialmente a todos aquellos senadores y senadoras que crean que otros presupuestos son posibles. Estos son imposibles, son antisociales y no son los que convienen a nuestro país.

Guillot: “El problema és una banca rapinyaire, cobdiciosa i mal gestionada”

“Reforma sistema bancario.”

Pregunta oral al ministro de Economía, Sr. de Guindos.
Pleno del Senado, 22 de mayo 2012.

Senyor President.
Señor ministro.

Usted, señor de Guindos, afirmaba en el Congreso, en febrero: “con esta reforma se trata de despejar las dudas que existen sobre las valoraciones de los activos inmobiliarios del sector financiero, para que de una vez por todas vuelva la confianza en nuestro sistema financiero”.
¿Qué entendía usted cuando decía “de una vez por todas”?
Porque mire, pasado poco más de 3 meses de su reforma
-       Han intervenido Bankia.
-       La prima de riesgo ha superado los 500 puntos.
-       La bolsa sigue en caída libre.
-       El paro aumenta.
-       Y seguimos en recesión.
Y es tal el nivel de confianza recuperado, que nos han impuesto auditores externos para certificar cual es la real situación del sector financiero, para mayor descrédito de los bancos, del Banco de España, del gobierno del PP y de España.
Y queda claro que su reforma no ha servido para nada.
¿En qué se han vuelto a equivocar? ¿Cuál va a ser la nueva improvisación, señor ministro?

Señor ministro, ¿cómo puede plantearse un tratamiento para nuestros bancos, si aun no dispone de un diagnóstico certero? Si aun no sabemos las cifras reales de la valoración de los activos inmobiliarios.
Ni la cifra de los activos tóxicos o problemáticos.
Sin estos datos, no podemos saber cuánto dinero hará falta para recapitalizar al sistema financiero.
Tampoco podemos saber si los bancos podrán aprovisionar sus activos a cargo de sus resultados y si podrán garantizar  que fluyan los créditos a familias y empresas.
Ni tampoco podemos saber si España dispone de los recursos necesarios para conseguirlo o si deberemos solicitar algún tipo de ayuda a la Unión Europea.

Cómo va reformar el sistema financiero, con la crisis de credibilidad que sufre el Banco de España.
Qué reforma va a hacer, sin tener claro cómo avanzar en la construcción de un mercado financiero único europeo.
El objetivo último de toda reforma es poner el sistema financiero al servicio de la  economía real. Necesitamos un plan creíble que permita recapitalizar la banca más allá de toda duda, no solo garantizar su liquidez. Debemos esclarecer, ya, el valor real de los activos inmobiliarios.
Realizar un saneamiento que se haga contra resultados y no contra reservas.
Sacar los activos tóxicos del sistema e integrarlos en un banco malo aparte. Su precio de transferencia debe ser el real. Un proceso donde solo se garanticen los depósitos. Los bonistas deben hacerse cargo de sus responsabilidades.
Recuperar la credibilidad del Banco de España. No hay reforma posible sin recuperar la confianza.

 Esta, su principal bandera, es uno de sus principales fracasos. Acabar con tanto engaño y tanta trampa; la última los déficits falsos de Madrid, comunidad Valenciana y Castilla y León.
Pero sobre todo, hay que dar una explicación a los ciudadanos que ven cómo no hay dinero para la sanidad y la educación y sí para rescatar bancos.
Deben exigirse responsabilidades por lo acontecido en bancos y cajas. A sus gestores y a los políticos que lo permitieron.Deben limitarse las retribuciones escandalosas de los banqueros.
Es el momento de avanzar en la recuperación de una banca pública.

Pero dudo que ustedes hagan nada de todo esto, porque están al servicio de los grandes bancos y por ello ya son parte del problema de nuestra economía en crisis. Crisis en parte provocada por el estrangulamiento financiero.

Señor ministro, el problema no está en los derechos de los trabajadores ni en el estado del bienestar, está fundamentalmente en la banca, rapaz, codiciosa y mal gestionada. Refórmenla y pónganla al servicio del interés general y no al de unos pocos.

“Reforma laboral 2″

Pleno del Senado, 8 de mayo de 2012.

Señorías.

Los 4 meses de gobierno de Mariano Rajoy nos empiezan a dejar claras una serie de cuestiones.

- Es un gobierno predecible. Todo lo que niega que va a hacer acaba realizándolo. El programa de gobierno del PP y sus compromisos electorales han servido para lo que han servido, ganar las elecciones e incumplirlos inmediatamente.

- Es un gobierno que sólo hace que improvisar, eso si, siempre desde una lógica neoliberal. Sus respuestas a la crisis no solo no la resuelven sino que están empeorando la grave situación económica y social que padecemos.

- Es un gobierno que ha tirado la toalla en la lucha contra el paro. En el “Programa de estabilidad y Programa Nacional de reformas 2012”, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril y entregado a la Comisión Europea, el gobierno hace una previsión de tasa de paro que va del 21’65 registrado el 2011 a una estimación del 22’3% para el 2015. Con puntas superiores al 24% para los años 2012 y 2013. Ustedes, señorías del PP, estiman que terminarán su mandato con un 0’7% de paro superior al heredado.

- Los ciudadanos empiezan a darse cuenta de que Rajoy no es la solución y si un problema más, que agrava la crisis. Esto explica que estén perdiendo 1% de intención de voto, por mes de gobierno. Calculen, ustedes mismos, senadores del PP, hasta cuando podrán aguantar esta situación.

Lo más patético del debate sobre la reforma laboral es el gran argumento que utiliza el PP para justificarla. Ustedes afirman, sin ningún rubor, que con esta reforma cuando haya crecimiento se creara empleo, ¡bravo! Después de tantos años haciendo política y de tantos libros leídos, ahora me entero que con crecimiento se crea empleo. Me atrevo afirmar que con recesión se destruye. Ustedes, senadores y senadoras del PP, puestos a defender a su gobierno tienen el derecho a exigir argumentos más serios para defender, si es que pueden, esta reforma y no a columpiarse repitiendo verdades de Perogrullo. Su problema es, y la experiencia lo avala, que si se crece se crea empleo ya sea con esta reforma o sin reforma, de la misma manera que si hay recesión se destruye empleo con esta reforma o sin reforma. Una vez han teorizado lo evidente y profetizado la obviedad, les invito a entrar al debate, real y serio, sobre que es lo que aporta esta reforma a nuestra economía en crisis y al mercado de trabajo español caracterizado por el paro y la temporalidad.

Ustedes afirman que la principal prioridad de este Gobierno es el derecho al trabajo. La pregunta es ¿qué entienden ustedes por derecho al trabajo?, si como en el siglo XIX o como en el siglo XXI. Si estamos hablando de un trabajo con derechos, de calidad, estable y regulado, o de un trabajo de baja calidad, precario, desreglado y sin derechos. Esta es la primera pregunta cuando ustedes hablan del derecho al trabajo.

Afirman también que esta reforma va a reducir el número de parados. Si no hay estímulos económicos –y, hoy por hoy, no han hecho ni una propuesta-, si no hay relanzamiento de la economía, ni con esta reforma, ni sin ella habrá creación de empleo. Esto es evidente, es discutir sobre lo evidente.

Dicen ustedes –ahora ya nos hablan de alargar los plazos, antes era de efectos inmediatos- que esta reforma va a ser efectiva a medio y largo plazo. Señorías, en el cuarto año de crisis hablar de medio y largo plazo es un fracaso. Ustedes tienen que hacer propuestas ya que nos permitan crear empleo y avanzar en una situación tan grave.

Aseveran que con esta reforma laboral se va a reducir el número de despidos improcedentes, situado en el 70%. ¿Qué hacen para ello? Modifican los criterios de despidos para hacerlos más fáciles, con lo cual todos son procedentes; así de sencillo.

Y nos dicen que van a reducir la temporalidad. ¿Qué hacen para ello? Precarizar el trabajo estable.

Esta reforma, a la que mi grupo parlamentario se opone frontalmente, tiene dos principales defectos:

El primero es, que esta reforma, en momentos de una recesión como la actual, ¿qué es lo que realmente garantiza? El despido más barato, más fácil, permite la reducción de salarios, modifica las condiciones de trabajo, condiciona la negociación colectiva y quiebra la interlocución sindical. Esto es lo que ustedes ofrecen a los empresarios en un momento de recesión, y es injusto, porque representa una sobrecarga más para los trabajadores y las trabajadoras que son los principales “paganos” de los efectos de la crisis.

En segundo lugar, para cuando llegue el momento de crecimiento económico, ¿qué es lo que ustedes ofrecerán como señuelo para la inversión o como apuesta por la competitividad? Ofrecerán un mercado de trabajo caracterizado por costes laborales bajos, desreglado, sin derechos, sin capacidad de negociación colectiva y sin la molesta intervención de los sindicatos.

Nosotros creemos sinceramente que un mercado laboral de baja calidad no puede ser la oferta que España plantee en el siglo XXI para su relanzamiento económico. Necesitamos una economía de las capacidades y eso exige trabajo de calidad, estable, regulado y con derechos. Por estas dos principales razones, creo que esta reforma laboral es injusta socialmente así como obsoleta y anticuada sobre lo que debería ser la real apuesta hacia una economía de calidad y hacia un nuevo modelo productivo

Por todo ello, mi grupo parlamentario, señorías del PP, va a votar afirmativamente la moción presentada por el Grupo Socialista. Y me atrevería a aconsejarles, señorías del PP, y aun más después de leer los cuadros macroeconómicos que ustedes mismos presentan, que recordaran que mayoría absoluta no quiere decir tener razón absoluta y que muestren un poco de humildad porque las cosas les pintan mal y este Gobierno tiene suficiente crisis y está cometiendo suficientes errores para que esta crisis se lo lleve por delante.

““No vull pagar peatges”, Madrid i CiU.”

Una vella reivindicació, a casa nostra, és el reclam d’autovies gratuïtes a Catalunya. Durant molts anys, a mesura que s’anaven construint autovies per tota Espanya, moltes d’elles de difícil justificació pels baixos volums de trànsit que suporten, a Catalunya s’incrementaven els kilòmetres d’autopistes de peatge, provocant un encariment dels nostres desplaçaments i un greuge comparatiu amb la resta d’Espanya.
La culpa? Resposta fàcil; del govern de l’estat. Sense treure cap responsabilitat als diferents governs socialistes o populars que han manat a Madrid, no podem ignorar una crua realitat. A Catalunya tenim tantes autopistes i tan poques autovies pel simple fet de que els titulars dels peatges són catalans: Abertis, o sigui La Caixa. I per la simple raó que la defensa dels interessos d’Abertis/Caixa ha estat sempre una prioritat de CiU. Valgui com exemple l’ampliació de les concessions fetes per Artur Mas el 2003, quan el seu govern ja estava en funcions.

Reivindicar peatges gratuïts, i més ara després de tan temps d’explotar i rendibilitzar les concessionàries les  autopistes, és legítim, però més que una reivindicació soberanista és un conflicte català. Un conflicte  amb aquells que la seva prioritat és defensar els interessos d’unes empreses per sobre dels interessos de la majoria, és a dir CiU.
Aquella CiU en tants moments decisiva en la política espanyola, mai se li va passar pel cap reivindicar autovies, només cal veure el temps que va costar fer la A-2.

 

“El plan de estabilidad presupuestaria es el suicidio de nuestra economía y de Europa.”

Defensa del veto presentado por los senadores de ICV a la Ley de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera. Senado, 25 de abril de 2012.

Este proyecto de ley es la continuidad a la reforma de la Constitución española que en septiembre de 2011, de forma sorpresiva, precipitada y rompiendo el pacto constitucional, acordaron el PSOE y el PP. Entonces se reformó la hasta el momento intocable Constitución, para afirmar que el deber de pagar la deuda prevalecía como valor superior a los de la justicia e igualdad en la definición de nuestro estado como un estado social y democrático de derecho. Una reforma que también invadía, como este proyecto de ley, la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Los objetivos de aquella reforma, como los de este proyecto de ley, eran, y así lo ha dicho el señor ministro, la recuperación de la confianza de los socios europeos y de los mercados, y se inscriben en una política de gestos que hoy por hoy tienen un escasísimo efecto; solo hay que ver los intereses que pagamos, la prima de riesgo o el estado dela bolsa. Vista la experiencia se puede afirmar, pues, que los mercados, a los que a partir de ahora llamaré prestamistas, son insensibles a estos gestos. Nuestra economía en recesión, los tipos de interés por encima del 6%, la prima de riesgo por encima de los 400 puntos y con la bolsa en pleno desplome. Dicho de otra manera, ustedes rompen el pacto constitucional, invaden competencias autonómicas y, lo que es peor, mandan un mensaje a la ciudadanía de que han decidido anteponer el pago de la deuda a sus derechos, y todo para nada; porque estamos donde estábamos, lo repetiré: en declive económico, con una prima de riesgo por encima de 400 puntos, con unos tipos de interés por encima del 6% y con la bolsa en plena caída. Podemos, hoy, concluir que fue una reforma constitucional innecesaria como lo es esta ley. Y esto lo consideramos grave e irresponsable.

Miren, señorías, hoy en España, desde la política responsable, nadie discute que hay que reducir el déficit, que hay que devolver lo adeudado y que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, ya sea en los gastos o en las deudas que se soportan: nadie. Podemos discutir sobre cómo se estima el déficit estructural; podemos discutir sobre los criterios para definir los umbrales de la sostenibilidad del nivel de endeudamiento, y sobre otras cuestiones; pero repito: nadie pone en duda la necesidad de atajar el déficit y de afrontar la disminución de la deuda pública y privada. En cambio, señorías del PP, señor ministro, no todos compartimos que es necesario disponer de estímulos económicos que nos permitan relanzar la economía y crear empleo. Soy de los que creen que la mejor fórmula sería plantearse el doble objetivo: reducción del déficit y de la deuda, y que nuestra economía crezca; compromiso de pago y políticas de estimulo económico, porque  el crecimiento de nuestra economía es la mejor garantía, o la única garantía, de que podremos pagar nuestras deudas y de que podremos acceder al crédito con intereses razonables.

Por ahora, con estas reformas legislativas el único mensaje que mandamos es que queremos pagar y para reafirmarlo hasta cometieron la torpeza de reformarla Constitución. El problema es que nuestros prestamistas lo que miran no es si queremos pagar, es si realmente podemos pagar; y si los intereses suben al seis y pico por ciento quiere decir que los prestamistas no tienen claro que podamos pagar o exigen un nivel muy alto de interés por el elevado riesgo de nuestros bonos. Aquí está la disyuntiva: no se trata solo de plantearse que hay que pagar − en eso, todo el mundo está de acuerdo −, sino también de plantearnos el como crecer económicamente para crear empleo y disponer de los ingresos que nos permitan ir devolviendo los créditos y a intereses razonables. Les proponemos una gestión de nuestra deuda más realista y razonable para evitar que su devolución no ahogue el relanzamiento de nuestra economía. Ustedes, señorías, y se lo digo especialmente al Gobierno del PP y al grupo que le da apoyo, no acaban de interiorizar esto. Toda la Cámara está de acuerdo en que no podemos seguir con estos déficits; en cambio, ustedes no asumen de manera activa, no hablo de la teórica, que hay que disponer de estos estímulos económicos para el relanzamiento de nuestra economía.

Y a partir de aquí, ¿cómo hacer compatible la reducción progresiva del déficit y la deuda con la liberación de recursos para estimular nuestra economía? Solo hay una solución: alargar los plazos, ya que España ni puede ni debe reducir su déficit al 3% del Producto Interior Bruto en 2013. Necesitamos más tiempo, plazos más largos para ajustarnos al objetivo del déficit del 3% del PIB y así poder liberar recursos públicos para relanzarla economía. Y necesitamos, claro está, un proyecto claro de nuevo modelo económico.
España, decía antes, ni puede ni debe plantearse este objetivo de reducción, porque es imposible de cumplir. Habiendo cerrado el ejercicio de 2011 con un déficit del 8,5% del PIB, es inimaginable, es un suicidio, proponerse llegar al 3% en 2013. Y no es que se lo diga yo, es que lo dice el Fondo Monetario Internacional, que calcula que solo llegaremos al 3% en 2018; lo dicela Fundación de las Cajas de Ahorros, que prevé un déficit para 2012 del 6,2%; lo afirma el Goldman Sachs, que, al día siguiente de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, decía que el déficit sería del 6,7% en 2012. Con una economía en recesión, con una tasa de desempleo del 24% y del 50% en empleo juvenil, con la caída del consumo, creo que nadie se puede plantear, con responsabilidad, que la única prioridad es la disminución del déficit. Lo único que consigue la insistencia en esta política es deprimir más nuestra economía: provoca la caída del consumo, reduce los ingresos públicos e incrementa los gastos, además de los recortes en nuestro Estado del bienestar. Vamos de cabeza hacia graves problemas sociales y estamos en puertas profundas rupturas en nuestra cohesión social y territorial.

Creo que las políticas del PP adolecen fundamentalmente de dos graves defectos. El primero, es que su objetivo de recuperar la confianza lo basan en gestos, algunos de ellos grandilocuentes y vacíos, y no en la seriedad de unas políticas realistas y responsables sostenidas en el tiempo; una seriedad imprescindible para recuperar la confianza de nuestros prestamistas, de los Gobiernos dela Unión Europea y de sus opiniones públicas, y sobre todo la confianza de los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Posponer la aprobación de los presupuestos más importantes de nuestra democracia para ver si así se podían ganar las elecciones andaluzas o asturianas, no es serio.
Presentar unos presupuestos que no se cree nadie no es serio.
Anunciar a las pocas horas un nuevo recorte de 10 000 millones de euros en sanidad y educación no es serio.
Seguir planteando proyectos de infraestructuras no prioritarias, como el corredor central, rescatar dos autopistas arruinadas en Madrid, o seguir con las grandezas de la apuestas del AVE − y más, viendo el estado de la red de Cercanías − no es serio.
No reformar el sector financiero a fondo, afrontando en primer lugar la situación de Bankia, no es serio.
Hacer todo lo contrario a lo prometido en las elecciones no es serio − les hablo del copago o de la subida de impuestos −.
Seguir pidiendo créditos, cuando el diferencial de la carga fiscal conla Unión Europeaes de siete puntos, no es serio.
Plantear una amnistía fiscal no es serio.Seguir manipulando con la herencia recibida no es serio.
Proponer este proyecto de ley, que no vamos a poder cumplir, no es serio.
Romper el diálogo social e ignorar una huelga general no es serio.

Como tampoco lo es seguir insistiendo en que la culpa del déficit es de las comunidades autónomas.Esto no es serio y, sobre todo, es falso.
Según los datos de Eurostat de 2010, el gasto público se repartía de la siguiente manera: 44%, el Gobierno central; 39%, las comunidades autónomas; y un 17%, las entidades locales. La distribución de la deuda era la siguiente: 77%, Administración central, y comunidades autónomas, sólo el 17,55%, cuando el gasto que soportan es del 39%.

Yo creo, señorías del Grupo Popular, que ustedes han perdido en muy poco tiempo mucha credibilidad; recuperarla pasa por hacer propuestas razonables y viables, y no por presentar este proyecto de ley. El problema de España no es tanto sus cuentas públicas, no es tanto la herencia recibida, como la desconfianza que inspiran la evolución de su economía, los efectos de la absorción de la crisis inmobiliaria, la elevada deuda privada y el impacto de todo ello sobre su sistema financiero. Este es el problema real de España y esto es lo que realmente preocupa en el resto del mundo.

Un segundo defecto de ustedes es su ideologismo, que contamina muchas de sus decisiones. En esto no están solos: otros Gobiernos −Merkel en Alemania y, hasta ahora, Sarkozy en Francia− compartían sus rigideces ideologistas. La consolidación fiscal como única política de la Unión Europea es para nosotros un suicidio, y creo que también para el mismo proyecto de Europa; seguir creyendo, en una economía globalizada, que disminuir impuestos significa mayor inversión y consumo es irreal. Pero lo más preocupante de este ideologismo es, a mi entender, por el impacto negativo que tiene sobre el modelo social europeo, el convencimiento profundo que tienen ustedes de que nuestras economías no pueden ser competitivas si deben soportar un Estado del bienestar, una fiscalidad, derechos laborales y limitaciones ambientales y sanitarias; esto, para ustedes, impide que nuestra economía sea competitiva. ¿Y cuál es su respuesta? Pues el desmantelamiento del Estado del bienestar, la desfiscalización, la reducción de derechos laborales y mandar al ostracismo cualquier tipo de política ambiental, como están demostrando en estos cuatro meses. Se da así la paradoja de que Europa, en vez de exportar el Estado del bienestar, va a importar la sociedad de la precariedad.

Insistir en una mayor austeridad fiscal es un suicidio, ya lo he dicho antes; los resultados son fáciles de ver: una mayor depresión de nuestra economía. Y como los prestamistas lo que miran, a la hora de valorar nuestra capacidad para pagar la deuda, es el estado de nuestra economía, el resultado es la subida de los tipos de interés. Los problemas que crea la austeridad son mayores que los que resuelve. Europa debe hacer políticas distintas; es más, no podemos olvidar que una unión monetaria no puede darse sin una mayor integración política y no puede sobrevivir sin una legitimidad política. Y vamos a peor, señorías. La percepción ciudadana es negativa. Existe un profundo malestar y desconcierto, la desafección política sigue creciendo. Desde el punto de vista territorial − y hablo de Catalunya −, en unas circunstancias tan adversas, nuestro déficit fiscal o el incumplimiento de los compromisos financieros recogidos en el Estatuto, se viven muy negativamente. Y no me refiero solo a los sectores más extremos o más radicales; la centralidad de nuestro pueblo, de sus fuerzas políticas, del arco parlamentario, vive muy negativamente nuestro déficit fiscal y vive muy negativamente el incumplimiento de compromisos financieros que se están produciendo.

Creo que es el momento de rectificar y de forzar el debate enla Unión Europea con cuatro cosas claras: en primer lugar, compromisos claros y realistas sobre la corrección del déficit y la devolución de la deuda; en segundo lugar, la necesidad de estímulos para el relanzamiento económico; en tercer lugar, la necesidad de alargar los plazos de reducción del déficit; y en cuarto lugar, aunque profundamente europeístas, nadie –ni la UniónEuropea, ni Angela Merkel, ni nadie- nos puede pedir que nos suicidemos.

Estas son las razones por las que hemos presentado este veto, para el que pedimos el voto.
Gracias, señor presidente.

6.2.1.   Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se tramita por el procedimiento de urgencia.(Núm. exp. 621/000002)Enmiendas.

El señor GUILLOT MIRAVET:
Gràcies, president.

Señorías, voy a defender estas enmiendas en el marco del debate de hoy: las políticas y la realidad de la coyuntura económica.

En primer lugar, yo respeto mucho el convencimiento, la pasión, la vehemencia, el orgullo de partido de todos los portavoces, pero les pediría, sobre todo a usted, señora Angulo, que no me dé lecciones; que no me dé lecciones, y menos si no se las pido, pero sobre todo que no embarulle.

El señor Saura y yo  −como nuestra única experiencia es de Gobiernos municipales y del Gobierno de la Generalitat de Catalunya−  nos vemos capaces de afrontar donde quieran y cuando quieran un debate sobre la gestión del tripartito y la gestión de la Comunidad Valenciana. Y donde quieran y cuando quieran discutiremos sobre la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, que gobernamos junto con los socialistas, y sobre la gestión de Madrid, del señor Ruiz-Gallardón. Cuando quieran; cuando quieran. (Aplausos.)
Y digo que sea un poco humilde, porque añadiré otra cosa. Yo he votado dos presidentes, Maragall y Montilla; la Generalitat ha tenido cuatro, además de estos, Jordi Pujol y Artur Mas. Ninguno de ellos, ninguno de los cuatro me ha avergonzado nunca, y ninguno de los cuatro ha pisado un juzgado jamás. ¿Usted puede decir lo mismo? (Aplausos.) No, para nada; para nada.

Hoy estamos hablando de este proyecto de ley, de su coyuntura económica, de las políticas de respuesta que el Gobierno del PP está dando a la situación de crisis, y nosotros, el senador Saura y yo −no el grupo de la Entesa− creemos sinceramente que es imposible, y por otra parte no es conveniente, llegar a la reducción del 3% en 2013. Y no la líe, que no estoy hablando de 2117. Estoy diciendo que hay que alargar los plazos, ¿por qué 2013 y no 2015 o 2016, como propone la Confederación Europea de Sindicatos? Si usted cree que sí, dígalo, no me hable del tripartito. Dígame que España, que cerró con un 8,5% de déficit del PIB en 2011, es capaz de llegar a este objetivo, diga lo que diga el Fondo Monetario Internacional, diga lo que diga Funcas, digan lo que digan las agencias de calificación. Dígalo, pero luego no me diga: lo siento, me equivoqué, no lo volveré a hacer, porque ustedes saben que no pueden llegar y si no lo saben es que tienen un problema de percepción de la realidad más que preocupante. Esta es la primera cuestión que he planteado en el veto y en las enmiendas.

La segunda cuestión es que ustedes siguen reiterando en las propuestas legislativas que España quiere pagar, que España se compromete a pagar sus deudas y a reducir su déficit. El problema es que a los prestamistas esto tanto les da, lo que quieren saber es si realmente podemos pagar, y para poder pagar hace falta crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico hacen falta estímulos, y para que haya estímulos hay que liberar recursos, y para poder conseguirlo es por lo que hay que intentar alargar el tiempo de reducción del déficit. ¿Tan difícil es de entender? ¿No les causa ninguna congoja ver que nuestros intereses están a más de 6 puntos, que la prima de riesgos está por encima de 400, que la bolsa está en caída libre? ¿No les preocupa lo más mínimo? ¿Usted cree que esto se resuelve con un proyecto de ley que, en definitiva, dice que a lo que nos propone la Unión Europea, nosotros taza y media más? Nosotros, déficit cero, cuando la Unión Europea permite el 0,5. Es decir, nosotros, endurecer todo un poco más. Lo encuentro patético, inútil, porque si ya no somos capaces de cumplir con lo que hay, ¿a qué viene endurecer aún más las propuestas de la Unión Europea? Lo encuentro absurdo, infantil.
Por eso, nosotros hemos presentado estas treinta enmiendas, que tienen como objetivo, en primer lugar, situarnos en la realidad, afrontar que el déficit es un reto, que este reto lo tenemos que conseguir, pero para poder conseguirlo sin que esto represente un suicidio, una hecatombe de nuestra economía y de nuestra cohesión social, necesitamos algo más de tiempo. En segundo lugar, hay que priorizar en el gasto público los servicios fundamentales. Y en tercer lugar, recuperar aquellos criterios que plantea la Unión Europea, no esas exageraciones que ustedes plantean y que, insisto, son un brindis al sol, son infantiles, y, por otra parte, no tienen ningún tipo de credibilidad ni para el resto de Gobiernos de la Unión, ni para los prestamistas.

Todo esto justifica las enmiendas que hemos presentado, en el sentido de flexibilizar, racionalizar y hacer más real este Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Señorías, insisto, ustedes tienen la mayoría absoluta, ustedes conocen la realidad, a ustedes les toca decidir, pero tengo el firme convencimiento de que, tal como va la orientación actual de España, vamos al desastre. El desastre social ya se está confirmado con el elevado número de paro, con las dificultades de todo tipo que provoca la elevación de los costes, el crecimiento de la vida y  las dificultades cada vez mayores que existen para el acceso a los servicios universales. Pero lo que más me preocupa es que ustedes no sean capaces de entender una sola cosa: que hay que invertir en nuestra economía para que esta crezca y, a partir de este crecimiento, poder pagar deudas, crear empleo y garantizar el acceso a intereses a un tipo razonable. Si no lo entienden, suya es la responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

“REPSOL-YPF.”

Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Senado 17 de abril 2012.
Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores.
Intervención del senador Jordi Guillot, portavoz de l’Entesa pel Progrés de Catalunya.

Antes de nada quiero agradecerle su intervención, en la que ha explicado qué entiende usted por globalización y por los cambios que se han producido en el escenario internacional, porque la verdad es que nos sitúa mucho mejor a la hora de comprender cuáles son las políticas del ministerio.

Me voy a centrar en buena medida en el problema de Repsol-YPF, por motivos obvios de agenda, pero primero quiero comentarle una serie de cuestiones.
En primer lugar, creo que deberíamos ir abandonando progresivamente esta idea tan paternalista  “de la madre patria”, de  la fraternidad, de los hermanamientos, etcétera, porque quizá nos gusten mucho en España, pero esos conceptos no agradan a gran parte de las opiniones públicas y Gobiernos latinoamericanos actuales.
En segundo lugar, como me muevo más hacia el modelo brasileño del PT, y solo apoyo Gobiernos y partidos democráticos -aquellos que contemplan todas las libertades -le rogaría que escuchase la voz de los Estados americanos respecto a Cuba y el bloqueo. El otro día, en Cartagena de Indias, el mismo presidente Santos, delante del señor Obama, dejó las cosas muy claras. En este sentido, creo que si el Gobierno español quiere jugar un papel útil, de solución o de puente debería intentar comprender cuál es el estado de opinión de estos países y de sus opiniones públicas en relación con el bloqueo que sufre Cuba y padece el pueblo cubano, máxime porque vivimos una realidad en la que se ha producido un alejamiento progresivo de muchos de estos países latinoamericanos con respecto a los Estados Unidos y sus políticas hacia el resto del continente americano.

Su análisis global -que también afecta a Latinoamérica -contemplaba la presencia de nuevos socios económicos y comerciales, el monopolio ya no lo retienen solo los gobiernos y empresas occidentales, y esta nueva realidad es un elemento de cambio y de dificultad. Por nuestra experiencia, lo que compartimos muchos miembros del Senado, por ejemplo, es que la presencia de China y de muchos países de África y de América es impresionante, y parece que va a más. Así, ya que no tenemos la exclusividad en la inyección de tecnología, de capital, de recursos, etcétera, habría que analizar cuál ha de ser el nuevo modelo de relación y de presencia económica, empresarial y comercial en esos países. Que de bien seguro deberá reorientarse en un sentido de intercambios más justos.

Por último, me centraré en la marca España. Señor ministro, ¿tan mal está nuestra imagen? Parece que la imagen de España en el mundo es tremenda y que, por ello, hay que inventar una marca España, aunque tampoco se acaba de concretar exactamente qué virtudes deben adornar esta nueva marca. Creo que si realmente la marca España quiere ser una marca simpática, que entusiasme y genere empatía se debe centrar en la cooperación, la solidaridad, la equidad, para que especialmente los pueblos de América Latina no solo la consideren próxima sino útil y creíble para sus intereses.

Por lo que respecta a la cuestión del día, REPSOL-YPF, señor ministro, no creo que el nacionalismo económico sea un buen consejero a la hora de resolver, o como mínimo para no agravar la actual situación. Muchas de las reacciones de estos días en algunos medios de comunicación me crean sorpresa porque son de una torpeza increíble, que lo único que van a conseguir es agravar o empeorar la situación y, además, algunas las encuentro de una hipocresía realmente exagerada. Repsol no es España ni está en Argentina para defender la patria sino para hacer negocio y fomentar sus intereses. Aproximadamente un 10%  de Repsol está en manos de Sacyr, que hay que recordar que en su momento, en un arranque patriótico, quiso vender a Lukoil (petrolera rusa) su participación; el 13%, de Caixabank; y, casi el 4% pertenece al BBVA. Además, el 16% está en manos extranjeras y depende de Pemex, BNP, BlackRock y, por último, el resto, el 57,22%, está en manos de pequeños accionistas que cotizan en tres bolsas; Nueva York, Buenos Aires y en el Ibex 35. Por tanto, habría que tomar esa españolidad como un elemento a matizar y mucho.
Creo que el Gobierno español no puede responder a esta situación, que es compleja y no positiva, como si fueran nuestras Malvinas, porque no lo son ni se puede gestionar como si fuera el islote Perejil. Es un conflicto de intereses entre una empresa y un Estado, por lo que habría que analizar toda una serie de cuestiones a las que luego haré referencia.

Desde mi punto de vista es absurdo que entremos en debates sobre si es más positivo que la explotación de estos recursos las realicen empresas  privadas o empresas nacionalizadas.
Hay ejemplos de todo tipo, Petrobras es una buena gestora pública. Lo que si es irrefutable es el derecho de soberanía de toda nación sobre sus recursos naturales. Los motivos que ha defendido Argentina para la expropiación son la no inversión y la caída de la producción, 12%, en un país en el que el consumo se ha incrementado, el 38% desde el 2003 al 2010; y, según el señor Brufau, ha sido para tapar la crisis social y económica que padece Argentina.

No hay que olvidar que Repsol compró YPF -en un momento en el que Argentina y esta empresa tenían graves problemas- por 13.500 millones de euros y en un momento en el que el precio del barril estaba a 15 dólares, de manera que fue un buen negocio para Repsol.
Deberíamos preguntarnos si el Gobierno de Argentina tiene o no derecho a recuperar el control de sus recursos naturales, petrolíferos y de hidrocarburos, y yo creo que sí. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que hay que hacerlo desde la seguridad jurídica y considero que el Gobierno argentino ha vulnerado el APRI -el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones- firmado con el Gobierno de España y que tocará ahora iniciar todos los procedimientos necesarios en los organismos internacionales judiciales y de arbitraje para resolver el contencioso abierto. Y, quiero dejar bien claro, que de la misma manera que el gobierno argentino tiene todo el derecho a recuperar el control y la explotación de sus recursos, también tienen la obligación de otorgar indemnizaciones justas al actual titular, Repsol-YPF.
Tampoco podemos olvidar en todo este debate, que las opiniones públicas americanas están a favor de este tipo de decisiones. Claro que están a favor; otra cosa es lo que le puedan decir algunos empresarios o algunos Gobiernos, no le sorprenda que el presidente Calderón de México apoye a Repsol, Pemex posee el 9’49% de sus acciones. Sin embargo, la opinión pública de América Latina vive mal todo aquello que represente el control de sus recursos naturales por parte de empresas extranjeras y es así porque la tradición histórica ha sido de sobreexplotación de estos recursos por parte de las empresas occidentales. Esa es la historia y la realidad.

Desde mi punto de vista, señor ministro, lo más importante es que hay que analizar qué ha pasado para llegar a esta situación, qué ha pasado en Repsol y qué ha pasado con las gestiones del Gobierno de España. Ya sabemos las críticas que se pueden verter al Gobierno de Argentina y a su presidenta, etcétera, pero el problema es qué ha pasado para que lleguemos a una situación tan negativa y, a partir de ese punto, sacar las conclusiones pertinentes y ver qué está pasando para que muchos socios occidentales estén siendo sustituidos por empresas de países emergentes -especialmente de China- y, sobre todo, concentrar nuestra actuación y respuesta enla Unión Europea más que en respuestas bilaterales.

Por último, señor presidente, seguridad jurídica en América Latina y populismo. ¿Cuántos países de América Latina no tienen Gobiernos populistas?  En cuanto a si la seguridad jurídica en América Latina es la misma que se puede dar en nuestro país o se pueda dar en Suecia, yo creo que no, pero es una variable más a la hora de afrontar las inversiones en este tipo de países. Qué seguridad jurídica esperaba Repsol encontrar en Guinea Ecuatorial, en Kazajstán, Uzbekistán o Turkmenistán, países todos ellos que el Sr. Brufau a visitado acompañado por el ministro de exteriores de turno para invertir en explotación de petróleo o gas.

Señor ministro, intentemos sacar conclusiones de lo que ha pasado, sobre todo para poder defender lo que aún tenemos en estos países y, en concreto, en Argentina. Ahora lo fácil es criticar al gobierno argentino y en especial a su presidenta Cristina Fernández, mañana lo difícil será analizar que ha hecho mal Repsol y el gobierno para llegar a la actual situación. Mientras, no pierdan las formas, guarden una compostura y un tono, especialmente el gobierno y su ministro de exteriores para ir reconduciendo nuestras relaciones con Argentina.

 

“Ajustes o empleo.”

Intervención pregunta oral, pleno del Senado, 7 de febrero de 2012.

Gràcies, senyor President.
Señor Ministro Montoro,

Se ha demostrado que la austeridad indiscriminada y rápida, sin ninguna política de estímulo al crecimiento, es el camino más corto para recaer en una segunda recesión.
El Fondo Monetario Internacional prevé para España un déficit del PIB del 6’8% para el 2012 y del 6’3% para el 2013.
Con estos déficits se espera una reducción del 1’7% del PIB este año y un 0’3% en 2013.
Para conseguir reducir el déficit al 4’4%, como siguen empeñados ustedes, habría que recortar el gasto otro 2’4%, con lo que la recesión podría alcanzar el 3% del PIB.
Recesión que a su vez, nos impediría poder alcanzar la reducción del déficit, situándonos en un círculo vicioso y negativo para la economía y el empleo.

¿Cómo piensa el gobierno salirse de este atolladero?

Señor Ministro,
Los datos de hoy son; 5’3 millones de parados, 1 millón y medio de familias sin ningún ingreso. Las previsiones son de cerrar el año con 5’8 millones de parados, que muy bien podrían alcanzar los 6 millones en el primer trimestre del 2013. En su conjunto son las cifras que reflejan una hecatombe económica y social y  una grave crisis política.

Crisis política por el fracaso de Europa, de los estados y los poderes públicos democráticos frente a los mercados. Crisis también de la alternancia política.

Señor Ministro,
Su gobierno debería priorizar el avance en la construcción de más Europa. De mayor soberanía compartida para avanzar en el gobierno de la economía de la Unión. Actualmente, la Unión Europea no está preparada para responder con la celeridad necesaria, ni dispone de los instrumentos necesarios.
La tasa a las transacciones financieras internacionales -seguramente el mecanismo más concreto para controlar y reducir los movimientos especulativos que tanto daño están haciendo a España- no es, incomprensiblemente, una prioridad de este gobierno.

Es el momento de replantear el calendario de reducción del déficit. España ni puede ni le conviene cumplir con el objetivo del 3% el 2013. Es una irresponsabilidad plantearse la reducción del déficit y la deuda hundiendo nuestra economía.
Son imprescindibles políticas de reactivación de nuestra economía. No les conozco ninguna medida directa que vaya orientada al impulso económico, a mejorar nuestra competitividad y capacidad exportadora. El objetivo debería ser avanzar hacia una economía de calidad y sostenible. La propuesta de reforma profunda de la ley de costas o la vuelta a la desgravación fiscal indiscriminada a la compra de vivienda nueva, es, Sr. Ministro volver a las andadas de la economía especulativa.

Ustedes mismos han demostrado que lo de no subir impuestos era una patraña electoral, ya que en el Real Decreto de 30 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, incrementaron determinados impuestos. Le invito, pues, a dar más peso al aumento de impuestos, donde aún hay un camino por recorrer y menos peso a la reducción del gasto.

El gobierno debe garantizar la fluidez del crédito a empresas y familias. Tengo mis dudas que el real-decreto de reforma financiera, al exigir simultáneamente el saneamiento de los balances y la capitalización de las entidades, no permita, a corto plazo, dinamizar el flujo del crédito.

Los sindicatos y la patronal han sido capaces de firmar el 2º Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014. Han realizado un ejercicio de responsabilidad acorde con la gravedad de la situación económica y de empleo que sufrimos. El gobierno está elaborando una reforma laboral, será la número 53. Será un grave error realizar una reforma laboral que tenga como objetivos; el debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva y la fuerza contractual de los sindicatos. Como sigue siendo un error reiterado, asociar reforma laboral a recuperación económica, o que los trabajadores gozan de un exceso de protección que impide que otros encuentren empleo.