El PP ha obtenido la mayoría absoluta y acumula  el mayor poder institucional de la historia de nuestra democracia. Los resultados socialistas son un desastre. Y el resto de las izquierdas obtenemos unos resultados positivos que nos permitirán tener el protagonismo necesario en este nuevo ciclo político que se abre en España, que será duro y doloroso socialmente. Frente a esta realidad nuestras responsabilidades son; estar presentes en el conflicto social, participar en la elaboración de un discurso alternativo que explique la realidad, concreción de programas y propuestas para la solución de los problemas, y crear las condiciones que nos permitan recuperar la hegemonía y la mayoría social y política.

No podemos leer esta crisis con la misma mirada de las anteriores. Eran crisis duras, cortas e intensas, que provocaban retrocesos electorales de los partidos de gobierno y que eran sustituidos por otras mayorías. Y siempre en el marco de un abanico político muy estrecho que iban del centro-derecha al centro-izquierda. En los próximos años esta alternancia entre los centros ya no se dará. O vamos a peor o a mejor, el más o menos como siempre, ya no será la salida.
La crisis es estructural, global, cuestiona el sistema y el mismo modelo de crecimiento. Será larga. Y nada será igual después de ella. Una crisis que no se resolverá con las recetas de siempre, casi siempre compartidas, pero con diferentes acentos y sensibilidades, entre conservadores y socialdemócratas.
La idea dominante es que, en un escenario global, nuestras economías no son competitivas si tienen que soportar; impuestos, estado de bienestar y limitaciones sanitarias y medioambientales. Sobrecargas que en parte explican la deuda soberana. Su remedio es simple; eliminar los obstáculos a la competividad y para ello nada mejor que los recortes. Europa, en lugar de exportar la sociedad del bienestar, importa la sociedad de la precarización.
El reto es pues, construir una alternativa que de esperanza, soluciones y que convoque a los ciudadanos como protagonistas políticos. Para ello disponemos de los mimbres suficientes para empezar a construirla; La aparición de un movimiento de contestación social y cuestionamiento del sistema, que actúa horizontalmente, en red y a escala europea y global junto con la recuperación de la izquierda política transformadora, hoy con mayor masa crítica.
¿Pero, por donde empezar?

La crisis ha abierto un gran debate sobre el sistema capitalista y las políticas neoliberales inherentes al mismo. Un debate en el que hay que participar y dar la batalla por la hegemonía de las ideas. Quien consiga convencer con su interpretación de la realidad, vence.
Definir y concretar alternativas. Dar soluciones a los problemas. El movimiento 15M ha recuperado las plazas como foros de debate y de propuestas. Escuchar y dialogar, juntos, para pasar de la certeza de lo que no se quiere a reivindicar lo que se quiere.
Aceptar que estamos en una etapa de conflicto. Las izquierdas debemos participar en él. Dar frente a cada ajuste, grande o pequeño, una batalla. Movilizar para resistir y concienciar.

Ser más fuertes. O cambiamos la ley electoral, imposible con una mayoría del PP, o nos adaptamos a ella, sin renunciar a su reforma. En estas elecciones generales ya se han producido alianzas electorales, positivas y beneficiosas para sus protagonistas, pero aun queda mucho por hacer. Alianzas no sólo entre partidos, debemos buscar vías para la confluencia en apuestas comunes entre la sociedad movilizada y la organizada. Los partidos debemos darnos cuenta que ha aparecido un nuevo protagonista, el 15M, que no va a delegar en ninguno de nosotros su energía y credibilidad y que ocupará una centralidad en el debate y la movilización muy superior a la nuestra. El encuentro sólo es posible si se da en las plazas y calles y de forma horizontal.
Recuperar la credibilidad de la política. Que no quiere decir, sólo, la de los partidos políticos ni de los políticos. Credibilidad recuperable creando marcos reales de participación ciudadana. La rutina democrática que arranca de la transición está cuestionada. La democracia representativa se ha quedado corta. Los ciudadanos quieren participar y ni el voto ni los partidos políticos somos hoy canales de participación suficientes.
El principal frente político es y está en la Unión Europea. Una Unión, hoy, políticamente muy diezmada y más mercado que nunca. La UE es uno de los principales escenarios en la que se dirimen las políticas y se toman las decisiones de salida de la crisis, por lo que sorprende aún más el escaso protagonismo del Parlamento Europeo. Conseguir que la UE no sea una fuente de problemas y sí un espacio de solución, exige intentar consensuar un programa de mínimos para una salida justa de la crisis entre los 3 grandes partidos progresistas europeos; socialista, verdes e izquierda unitaria.

Es el fin de la historia para los centrismos. O retrocedemos hacia un capitalismo salvaje de la mano del populismo y el autoritarismo, o avanzamos en la construcción de un nuevo sistema basado en el control y sostenibilidad de la economía y la organización y ampliación de la libertad. Hoy tenemos la certeza de que el capitalismo financiero y especulativo es incompatible con los derechos ciudadanos y la calidad democrática. Esta contradicción insalvable pone fin al centrismo, el oportunismo y la moderación. Es el momento de la firmeza, la coherencia, la propuesta y la lucha.

Preocupa, en segundo lugar, que aporten una rentabilidad empresarial participando en empresas y negocios privados. Rentabilidad por la que son recompensados.
Y preocupa, en tercer lugar, que aquellos que reciben ingresos del presupuesto de la casa Real no estén sometidos a un régimen de incompatibilidades, como lo están otros servidores públicos.

El escándalo Urdangarín es un buen pretexto para delimitar las funciones privadas de los miembros de la familia real. Es necesario modificar el Real Decreto que regula a la familia del Rey para establecer un régimen de incompatibilidades sobre ingresos privados y públicos, participación en negocios y empresas, así como que ninguna persona condenada por delito pueda formar parte de la familia real.

No ayuda nada al buen crédito de nuestra monarquía, ni la opacidad sobre sus cuentas públicas, ni el silencio sobre este escándalo que afecta al yerno del Rey.

La gent d’ICV tenim opinió sobre aquestes qüestions. Sobre totes. Tenim clar que cal racionalitzar el món local.
Que les províncies i diputacions són, avui, àmbits i institucions del passat.
Que cal descentralitzar la Generalitat.Aprimar l’administració central.
I que cal reformar el Senat.

Com a candidat al Senat, quina és la meva opinió sobre la utilitat d’aquesta cambra? El Senat com a cambra territorial és necessari. L’actual Senat, que és més una cambra de segona lectura de les lleis, amb uns processos legislatius sobre els quals el Congrés és qui te la darrera paraula, no, no té massa sentit.
Les actuals funcions del Senat espanyol són el resultat d’aquest mig camí, en el qual ens trobem entre les dues dinàmiques presents: la centralitzadora i la federalitzant.

Un estat com l’espanyol, articulat territorialment, plurinacional i plurilingüístic, necessita tenir un Senat. Calen dues cambres legislatives: una dels ciutadans; el Congrés, i una altra dels territoris; el Senat. L’experiència d’altres països semblants al nostre i que compten amb Senat, és positiva. Un sistema monocameral és més propi d’un estat centralitzat.
Els que apostem per avançar en la federalització de l’Estat, volem un Senat reformat. Reformar-lo per transformar-lo en una veritable cambra territorial.

Un Senat, el reformat, que pot jugar un paper clau en el procés de descentralització de l’Estat i d’avenç en una lògica federalista. Fins ara, en el procés de descentralització, el govern central sempre ha tingut la darrera paraula. Crear un marc distint i independent del govern central per avançar en aquest camí, passa per la reforma del Senat.

La reforma del Senat és inajornable, i més, en aquests moments en els quals molts ciutadans i ciutadanes s’interroguen sobre la utilitat o no d’institucions com les diputacions o el mateix Senat.
Aquest és el compromís de ICV-EUiA i de la candidatura al Senat de l’Entesa.

En el inicio de la campaña electoral, todos los estudios de opinión dan la victoria al PP y por mayoría absoluta. La principal razón de estos resultados es la gran desmovilización del electorado progresista. Pasividad electoral de los progresistas motivada por dos causas: la decepción frente a la gestión de la crisis del gobierno Zapatero y por la inexistencia de alternativas creíbles desde la izquierda para sacarnos de la peor crisis económica y social que ha sufrido España desde la recuperación de la democracia. Las encuestas también nos dicen que los posibles resultados de la izquierda no socialista, no son para tirar cohetes. Leyendo estos estudios sociológicos se puede sacar la conclusión de que; o motivamos al electorado en estas pocas semanas que quedan para las elecciones, o se nos viene encima una marea derechista, ya muy crecida después de que el PP arrasara en las municipales y autonómicas del mes de mayo. No seré yo quien opine sobre lo que tienen que hacer los socialistas. Sólo me atrevo a sugerir que si el presidente Zapatero dejara de tomar decisiones (estoy pensando en la reforma de la Constitución o en la cesión de la base de Rota para el escudo antimisiles de los USA) hasta el 20N, nos hacía un favor a todos, especialmente a su candidato Rubalcaba. Pero sí que quiero opinar sobre la estrategia electoral de las izquierdas verdes y federalistas, independientemente de la combinación electoral con las que se presenten a las elecciones.

Recuperar y ampliar la credibilidad y utilidad de nuestras ofertas electorales es el principal reto. Lo es en todas las elecciones, pero muy especialmente en las del 20N, caracterizadas por una fuerte desafección del electorado de izquierdas. Creo que tenemos suficientes argumentos para devolver la ilusión, y sobre todo para dar esperanzas a aquellos que lo están perdiendo todo por la crisis económica y a tantos que solo ven en la política y los políticos una fuente de problemas y desfachatez.

Nuestro análisis del porqué de esta crisis tan dura y larga es irrefutable. El culpable es el actual sistema neoliberal, que prima la economía especulativa frente a la economía real en un escenario global y desregulado. El diagnóstico socialmente más aceptado, es que mercados y bancos y unos políticos al servicio de sus intereses son los culpables. Lo que se cuestiona más, es nuestra capacidad de dar con el tratamiento adecuado para solucionar esta doble crisis, política y económica.

Las respuestas a la crisis que se están imponiendo son los recortes sociales y una desprendida ayuda para salvar al sistema financiero, uno de los principales responsables de la grave situación económica que atravesamos. Se van adoptando medidas a la cual más dura sin que los ciudadanos, principales victimas de las mismas, puedan expresar su opinión, más allá de participar en las muchas movilizaciones convocadas. Seguramente la reforma-express de la Constitución, pactada entre el PSOE y el PP, es la expresión más clara de estas políticas; recortes y ninguneo ciudadano.

Si tuviera que resumir en dos nuestras propuestas electorales serían: impuestos y participación.

Impuestos; los justos y necesarios y fundamentalmente dirigidos a las prácticas especulativas y antiecológicas. Estoy convencido que sólo con una decidida y firme política fiscal será posible cumplir tres objetivos imprescindibles para poder salir de la crisis. El primero, desincentivar la especulación o como mínimo garantizar un retorno de los movimientos especulativos, por ello nuestro firme compromiso en la reivindicación de una tasa a las transacciones financieras internacionales. El segundo, conseguir recursos para el sostenimiento del gasto social. Y el tercero, presión fiscal para poder estimular la recuperación económica. Hasta hace poco era tabú hablar de impuestos. La patraña interesada de que era contraproducente subir impuestos en medio de una crisis -que solo sigue defendiendo el PP- la ha desmentido, entre otros, Waren Bufett, el hombre más rico del mundo y al que hay que suponer que algo sabe de economía al defender la necesidad de un incremento de impuestos a las grandes fortunas.

Y participación. Proponiendo mecanismos y procesos que garanticen la real participación de la ciudadanía en las principales decisiones políticas. Un mecanismo efectivo y que se practica en muchos países de nuestro entorno son los referéndums vinculantes. Vuelvo a insistir que la reforma de la Constitución se merecía este referéndum. El movimiento del 15M, entre otras muchas cosas, representa un cuestionamiento directo de la rutina democrática que arranca de la transición. No solo hay desafección y desconfianza hacia la política y los políticos sino que también la gente quieren participar. La democracia representativa, lo de solo votar cada 4 años y delegar en los electos la decisión y representación ya no sirve. Es imprescindible que la política española se regenere y renueve, pero ya no es suficiente. Los ciudadanos quieren participar.

ICV cuenta con un programa electoral muy completo pero me atrevería a afirmar que para estas próximas elecciones las dos propuestas de impuestos y participación abordan los dos grandes problemas y retos que tiene hoy España, la salida de la crisis y la recuperación de la confianza hacia la política, ya que sin política será imposible una salida justa socialmente.

Publicat al diari digital Nueva Tribuna. 20/05/2011.

La decisión del Tribunal Constitucional de legalizar a Bildu ha sido un alivio para todos los demócratas que seguimos, con esperanza y también con cautelas más que justificadas, el proceso abierto en la izquierda abertzale. Todo indica que se está dando en el mundo abertzale un sincero e irreversible proceso de rechazo de la violencia y subordinación al juego democrático de sectores que históricamente habían dado apoyo al terrorismo de ETA. Creo que con esta sentencia se ha dado un paso importante para avanzar en la plena normalización de la vida política en Euzkadi y para la definitiva desaparición del terrorismo. Solo la extrema derecha dentro y fuera del PP se ha mostrado contraria a la sentencia del Constitucional. La importancia y complejidad del proceso convida a hacer una serie de reflexiones;

¿Sortu+ Bildu= ETA, como afirman las pancartas peperas? Creo que no. No sé si en el diseño de esta estrategia está ETA o sectores de la misma, lo que si sé es que el proceso primero con Sortu y después con la alianza con EA y Alternatiba para crear Bildu, es contradictorio con la permanencia de ETA e invalida la violencia.

¿Es un proceso sincero e irreversible? Creo que sí. Con todas las precauciones y sin bajar la guardia vistos anteriores precedentes, considero que lo que caracteriza el actual proceso dentro de la izquierda abertzale y explica la tregua de ETA, es el convencimiento de la inutilidad de la lucha armada al que han llegado los ciudadanos y ciudadanas que en el pasado apoyaban, por activa o por pasiva, a ETA y Batasuna. Esta nueva actitud de estos espacios sociales identificados con el abertzalismo, ha forzado el debate en ETA y entre los miembros de la antigua Batasuna sobre la utilidad del terrorismo y la conveniencia de aceptar el marco y las reglas democráticas. El resultado es; una Sortu que en sus estatutos rechaza la violencia con mención expresa a ETA. El pacto de Gernika en el que una serie de partidos de irreprochable tradición democrática -Aralar, EA, Alternatiba- se comprometen en el proceso marcando condiciones claras. Y la última, la creación de la coalición electoral Bildu.

Puede causar desazón a los demócratas quienes son los protagonistas, sus lógicas, argumentos y su sensibilidad en este proceso. Valga como ejemplo la foto de Ander Errandonea, puesto en libertad después de cumplir 25 años de prisión, pidiendo el voto para Bildu. Lo podemos vivir con un resignado más de lo mismo o como la expresión de un derecho democrático que tiene todo ciudadano libre de pedir el voto para quien crea oportuno, por mucho que este gesto sea una gran torpeza política.

Los protagonistas de esta singladura serán, y no puede ser de otra manera, los abertzales. Y lo harán motivados por sus propias razones políticas. No debemos esperar ni arrepentimientos ni una revisión crítica de tantos años de violencia y sufrimiento. Ni creo que a corto plazo sean capaces de interrogarse sobre si valió la pena, si sirvió de algo la lucha armada. Hoy lo fundamental es consolidar el proceso y conseguir el fin definitivo del terrorismo.

El estado de derecho tiene los suficientes instrumentos para ir metabolizando el proceso de la izquierda abertzale si hay voluntad política. Si fue posible en Irlanda del Norte, lo puede ser en España. La cuestión de los presos, desarme y su verificación son viables. ¿Por qué no aprovechar la experiencia y la ayuda de los intermediarios internacionales? No es necesario conculcar la legalidad vigente para llevar a buen puerto todo este proceso.

Con el fin del terrorismo puede irrumpir un espacio político independentista en Euzkadi muy fuerte, mayor aún de lo que en su momento fue Batasuna. Un independentismo pacífico y democrático que puede generar una dinámica nueva en las relaciones con el estado de mayor tensión. El debate territorial cogerá un nuevo vuelo que exigirá a todas las partes pasos ambiciosos en la reforma del modelo de estado.

Desde ICV hemos seguido paso a paso este proceso con la esperanza que permita el fin definitivo de la violencia. Hoy por hoy tiene nuestro apoyo.

Socialista desorientat retallant els pressupostos de cultura.

 A tots ens va agafar per sorpresa que Ferran Mascarell, de qui s’especulava que podia ser candidat a les primàries del PSC per encapçalar la candidatura de Barcelona, acceptés, de la nit al dia, ser conseller de Cultura del govern d’Artur Mas. Mascarell ha donat una veritable tombarella política i ideològica,  per acabar executant les polítiques de retallades convergents al sector de la cultura.

Conseller de Salut amb tisores.

El principal mèrit del senyor Boi Ruiz, conseller de Salut del govern de la Generalitat, és haver estat president de la Unió Catalana d’Hospitals. (La patronal de la sanitat privada)
Amb aquest currículum, el president Mas li encarrega la gestió del sistema sanitari català. Com no podia ser d’una altra manera,  s’ha dedicat entusiàsticament a desmantellar el sector públic sanitari. Amb l’excusa de les retallades pressupostàries es dedica a donar tisorades al sistema públic. 

Això ho farà fins que el puguem aturar amb mobilitzacions, com la del passat dia 14 de maig a Barcelona.

Conseller d’Interior amb bat de beisbol.

En el programa “Polònia” de TV3,  parodien el nou conseller d’Interior, Felip Puig, sortint amb un bat de beisbol. A ell li fa gràcia. Li agrada que el relacionin amb un bat -que és el que normalment esgrimeixen els ultres violents-. És molt preocupant pensar quina és la psicologia de fons d’un polític que xala veient-se esgrimint un bat, i pitjor és pensar en quines seran les seves polítiques de seguretat.
Caldrà estar atents, des del grup parlamentari, en poder controlar aquest possible “petit monstre” repressor amb el que ens ha obsequiat en Mas.

Intervenció al ple del Senat, 04/05/29011.
Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos.

El señor GUILLOT MIRAVET: 

Gràcies, president.
Señorías, entiendo que seguridad nuclear es un oxímoron, no existe; es imposible garantizar la seguridad nuclear, tan imposible como garantizar la seguridad total que exigen unos materiales tan peligrosos como los radiactivos, de alta toxicidad durante siglos. El primer interrogante que debiéramos afrontar pues en este debate, y que justifica la presentación de las enmiendas de Iniciativa per Catalunya Verds, es la siguiente: si la energía nuclear y las centrales nucleares son una amenaza para la especie humana y para el planeta, ¿por qué insistimos en utilizarlas? Es un despropósito, y mucho más ahora, que estamos viviendo el drama de Japón.

Mi intervención para la defensa de estas enmiendas parte de una posición radicalmente antinuclear. En Iniciativa defendemos la necesidad de superar la energía nuclear por tres grandes razones: en primer lugar, porque la energía nuclear es ingobernable, y así se ha demostrado en Chernóbil y en Fukushima; en segundo lugar, porque la energía nuclear es altamente peligrosa y, en tercer lugar, porque condiciona a las futuras generaciones, cuestión respecto de la que olvidamos un criterio fundamental de la sostenibilidad: no hipotecar el futuro. De todos modos, tampoco es una panacea para el presente, ni resuelve nada. Algunos han planteado el debate de si la energía nuclear no sería un buen instrumento frente al cambio climático; un debate estúpido que nos obliga a elegir entre emisiones de CO₂ y residuos radiactivos; y más estúpido aún cuando hay alternativas claras, concretas, demostradas y en uso: las energías limpias. La energía nuclear tampoco es barata, ya que externaliza parte de sus costes trasladándolos a la sociedad; solo sus costes, nunca sus beneficios. Además, no hay que olvidarlo, produce dependencia energética, tanto en lo que se refiere a la tecnología, la producción y el enriquecimiento del uranio, como al hecho de que este último es un recurso limitado. La energía nuclear, señorías, es el pasado en tecnología, es un presente de riesgos y un futuro condicionado por los residuos radiactivos. Y estamos hablando de riesgos no lejanos. Aquí valdría la máxima de que, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. No hay que olvidar que, por ejemplo, el 28 de abril en Ascó se vertieron más de 25 000 litros de agua contaminada. La producción de energía nuclear es solo un negocio; un negocio que se realiza poniendo en riesgo a la sociedad. Les recuerdo Chernóbil y Fukushima.

Señorías, creo que, por una mínima responsabilidad, por una mínima racionalidad, en defensa del interés común, en aplicación del mínimo principio de precaución, España debería abrir un proceso de transición, como se ha hecho en otros países, para sustituir la energía nuclear, altamente peligrosa y contaminante, un riego real para la sociedad, por las energías limpias. Y más, viendo la evolución positiva en el uso y la implementación de estas energías renovables, que ha reducido de manera drástica la aportación al mix energético español de la energía producida en las centrales nucleares. En el año 2002, las ocho centrales nucleares operativas en España produjeron el 25,7% de la energía general; hoy no alcanzan el 18%. Estos son datos significativos, que deberían orientarnos hacia la sustitución progresiva de la energía nuclear por energías limpias y renovables. Y ya he dicho que la energía nuclear no es barata; no lo es, si se tienen en cuenta los costes reales: la gestión de residuos y el desmantelamiento de centrales, los costes de la moratoria nuclear, los costes de transición, o la responsabilidad civil hoy en día limitada; porque si esta responsabilidad civil se abordara en su totalidad, como posteriormente intentaré plantear, los costes serían muchísimo más altos. Además se utilizan aún fondos públicos para los planes de emergencia.

A partir de esta reflexión antinuclear, a partir de posiciones firmemente antinucleares, voy a defender las enmiendas que presenta Iniciativa per Catalunya Verds. La 45 plantea, en primer lugar, la necesidad de que haya un calendario de cierre de centrales nucleares; la necesidad de consensuar un plazo de transición, que nos permita la sustitución progresiva pero real de la energía nuclear, que permita el cierre de las centrales nucleares. En segundo lugar, el cierre inmediato de Garoña y Cofrentes. No entiendo qué razones justifican que no se haya producido este cierre; de la misma manera que no entiendo este discurso a veces contradictorio del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que está, por un lado, a favor del cierre de las centrales nucleares y, por otro, presenta proyectos de ley como el de hoy. En tercer lugar, proponemos la creación de un fondo con los beneficios de las centrales amortizadas, con tres finalidades fundamentales: una, el mantenimiento de la seguridad de las centrales, una parte de esos beneficios van dirigidos a la gestión de la central; dos, la inversión de fondos para la dinamización de los territorios en los que se produzca su cierre; y, tres, dedicar una parte importante de esos beneficios al impulso de las energías renovables, de las nuevas energías limpias.

Junto con esta enmienda número 45, presentamos otras 19 enmiendas. Las cuales tienen siete objetivos fundamentales: en primer lugar, dejar bien claro que los responsables son los titulares. No puedo entender cómo a estas alturas no hay un proyecto de ley que impute directamente a los titulares de las centrales nucleares sus responsabilidades civiles de afrontar los daños que puedan producir estas centrales nucleares en el traslado o el manejo de las sustancias radiactivas. En segundo lugar, exigir la responsabilidad civil ilimitada. No es de recibo que exijamos responsabilidades civiles que no cuenta con garantía de ningún tipo de retorno, en caso de accidente o daño. Se calcula que en Chernóbil los costes han supuesto unos 126 000 millones de euros, y aquí se está hablando de unos costes máximos de 1500 millones de euros. Es decir, estamos dejando que el titular de la explotación, con el posterior beneficio de las centrales nucleares, no aborde su responsabilidad civil en su totalidad. En tercer lugar, los titulares deben responder de todos los daños sin exclusiones de ningún tipo. En cuarto lugar, no valen en esta ley frases o conceptos difusos o ambiguos, y mucho menos al hablar de centrales nucleares, de daños nucleares, es decir de contaminación radiactiva: no valen “degradaciones insignificantes”, no valen “medidas razonables”; tiene que haber una legislación concreta, clara, que responsabilice y que determine cuáles son las responsabilidades. En quinto lugar, los fondos de garantía deben ser, como mínimo iguales, cuando no superiores, a la responsabilidad civil; es otra contradicción incomprensible que no se exijan unos fondos de garantía que respondan, como mínimo, a las responsabilidades civiles de los titulares. En sexto lugar, importantísimo, hay que acabar ya con la consideración de que todo aquello a lo que no llegue la cobertura de los gestores privados se sustituya por fondos públicos. Esa situación no se produce en otros sectores de la actividad económica y no entiendo por qué tiene que ocurrir con respecto a las centrales nucleares. ¿Por qué tenemos que sustituir con recursos públicos la limitación de responsabilidades civiles de los titulares de las centrales nucleares? Por último, en séptimo lugar, es necesario que el tiempo de responsabilidad, el tiempo durante el que se pueden exigir indemnizaciones, esté pensado al servicio de los ciudadanos, de las personas y territorios afectados, en vez de en interés de las centrales nucleares.

Este Gobierno ha mostrado cierta ceguera e irresponsabilidad. Y más a estas alturas y si tenemos en cuenta el debate europeo y mundial abierto sobre las centrales nucleares y sobre el presente y el futuro de las fuentes de energía, en este caso en España. No entiendo qué más tiene que pasar, qué más debe aportar la comunidad científica, para que haya un cambio de orientación como el que se está produciendo en Alemania, por ejemplo, respecto a la energía nuclear. Es un error mantener las centrales nucleares; es un error no hacer la transición; es un error no cerrar ya Garoña y Cofrentes; es un error no exigir responsabilidades totales a los titulares de la gestión de las centrales nucleares y, por ello, tanto el senador Saura como yo vamos a votar en contra de este proyecto de ley, en contra de las enmiendas y transacciones que han firmado los grupos, y vamos a defender, de forma minoritaria aquí pero mayoritaria en el seno de la sociedad, que hay que acabar con la energía nuclear, que hay que acabar con las centrales nucleares y que hay que implementar ya una transición de sustitución que nos permita un futuro de seguridad y, evidentemente, de suministro energético.

Con esta intervención defiendo las enmiendas que hemos presentado como miembros de Iniciativa per Catalunya Verds y, aunque sin demasiada convicción, les pido su apoyo.
Gracias.

El pasado día 4 de mayo se debatió en el Senado el proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Una ley importante y compleja, en la que he tenido la suerte de contar con la ayuda y la opinión de miembros de la Federación de Jóvenes Investigadores. En su tramitación en el Senado se han mejorado aspectos, aunque quedan dos importantes sin resolver; la estabilidad laboral de los investigadores formados y la planificación plurianual de los recursos económicos. Dos aspectos fundamentales si realmente queremos avanzar en la sociedad del conocimiento.
Reproduzco mi intervención en el Pleno del Senado.

El señor GUILLOT MIRAVET: 

Muchas gracias, señor presidente.

Seguramente, en mi intervención no voy a ser capaz de trasladar la intensidad y lo extenso que ha sido el proceso de negociación y de acercamiento de posturas respecto de esta ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En primer lugar, quiero agradecer al senador Rubio, portavoz del Grupo Popular, su disponibilidad, así como a la senadora Vicente, portavoz del Grupo Socialista, la capacidad de llegar a acuerdos conmigo y mi grupo.

Soy de los que comparten con muchos de los oradores que antes han intervenido que la principal riqueza de una nación es su inteligencia. Y seguramente España tiene mucho que hacer aún en investigación, desarrollo e innovación, y muchos de los cuellos de botella que tenemos respecto al desarrollo de nuestra sociedad, la salida de la crisis, el cambio de modelo productivo y el bienestar general, tienen que ver también con el impulso que demos a todos estos ámbitos.

Es evidente que el futuro está en la sociedad de conocimiento —una idea que compartimos todos— y es evidente que esta ley es muy importante, después de más de 25años desde la aprobación de la anterior; una ley esperada y que ha creado expectativas en el sector del mundo de la investigación, del mundo científico, del mundo político y del social.
En el proceso de debate que se produjo tanto en el Senado como en el Congreso, la principal preocupación que Iniciativa per Catalunya Verds era la relativa a aquellos aspectos referentes a la contratación y el acceso a la carrera profesional, todos aquellos aspectos laborales que tanto tienen que ver en el diseño y el buen hacer del trabajo en la investigación y la posibilidad del desarrollo y la aplicación de esta ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La principal crítica que hago a este proyecto de ley es que sigue manteniendo el factor de la precariedad en lo que se refiere a la contratación, el acceso y la permanencia en el mundo laboral de los investigadores. Y creo que ello, junto a la falta de una memoria económica que permita planificar la inversión de manera plurianual, son dos de los grandes defectos de esta ley, que, a su vez, merman no solo las posibilidades de una buena gestión y aplicación de la norma, sino también la capacidad que tenemos como país de avanzar en ciencia, tecnología e innovación.

Creo que es de sentido común y no hace falta ser Epaminondas para darse cuenta de que, si nuestra legislación no es capaz, a partir de determinado desarrollo de una carrera profesional y a partir de una determinada edad, de dar estabilidad al investigador; si seguimos insistiendo en precarizar un sector tan estratégico para nuestro desarrollo como es este, no resolveremos uno de los principales problemas que tenemos, y es que entre el 40 y el 50% de los investigadores del sector público están en una situación precaria.
Es evidente, es verdad —y lo reconozco como un aspecto importante— que se han producido mejoras en el Senado a partir de las enmiendas transaccionales. Así ha sucedido con la enmienda 83, de Entesa Catalana de Progrés; la 176, del Grupo Popular; la 165, del Grupo Popular, y la 207, de Convergència i Unió. Hemos logrado dar una mayor concreción o fijar de una manera mejor aspectos de regulación por la vía laboral o de estabilidad, por ejemplo, en los contratos de los programas Ramón y Cajal o Miguel Servet.

Sin embargo, a pesar de las mejoras que ofrecen estas transaccionales, sigue el interrogante sobre el contrato de acceso. ¿Es realmente útil el contrato que contempla esta ley? ¿Permite realmente dar estabilidad, afianzar, captar, fidelizar a los investigadores? Creo que no, señorías. Creo que este contrato de acceso reduce las garantías que fija la normativa vigente, como, por ejemplo, respecto a la figura de los Ramón y Cajal. Además, se elimina la referencia al derecho a que la institución de destino convoque una plaza acorde con el perfil —no con la persona— que se contrata al inicio del proceso. Insisto en que, al no disponer de una planificación económica, no se asegura la continuidad en el flujo de personal, tan costoso en su formación.

El reconocimiento de la evaluación positiva como mérito para el acceso a las plazas de laboral-fijo es insuficiente para personas que han pasado tres evaluaciones públicas previas: contrato predoctoral, contrato de acceso y evaluación positiva. No hay, por tanto, continuidad en la carrera de investigador ni garantías para que el personal científico pueda acceder a un puesto de trabajo estable por debajo de cierta edad, y para mí esto es letal. No nos damos cuenta de que esta precarización, esta ausencia de confianza y estabilidad, a ese tipo de personal es una merma en nuestra capacidad para desarrollar un trabajo de investigación, de avance en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Y, por último, este contrato de acceso no precisa cuál es el convenio de aplicación por el cual se regulará esta relación laboral. Todos ellos son elementos que en el debate legislativo parecen menores pero que para una persona, para un investigador, que ha hecho su carrera, su tesis, su doctorado, paso a paso, con gran esfuerzo y siempre de una manera costosa como mínimo para el erario público, es decepcionante, e invita a irse a la privada o al extranjero al no poder encontrar en tu país el acomodo necesario para estabilizar tu vida y tu carrera profesional. En este sentido, el proyecto de ley merma la capacidad de articular una carrera profesional.

Con todo, pienso que el Senado, gracias al debate y al proceso que ha llevado a cabo, ha dado un paso más en la mejora de esta ley tan importante. Ya he agradecido anteriormente la negociación y la capacidad de encuentro en muchas enmiendas transaccionales, que, en mi opinión, son importantes.
En este debate también me he encontrado con el dilema que siempre afecta a los partidos minoritarios, en este caso, a subgrupos minoritarios dentro de un grupo ya minoritario, y es que las 83 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés se presentan en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds. Como solo somos dos senadores de este grupo, he tenido que elegir entre marcar perfil o entrar en una negociación, y en este sentido, he creído que lo más oportuno es entrar en la negociación, e intentar mejorar en lo posible este proyecto de ley, y evidentemente, esto tiene un coste. Ya les anuncio, señor presidente, la retirada del resto de enmiendas que no están sustentadas en las enmiendas transaccionadas y firmadas.

Voy a terminar mi intervención con tres cuestiones: una, que habrá que estar atentos al desarrollo de la aplicación de esta ley; dos, que habrá que estar atentos para ver cuáles son los efectos positivos y negativos de la aplicación de esta ley, su reglamentación y su desarrollo posterior, que, insisto, mejora muchos aspectos pero no resuelve el principal problema de la precariedad ni aborda la necesidad de la planificación con la introducción de memorias económicas, que hubiera podido ser mucho más ambiciosa; y, tres, que habrá que estar mucho más atentos a la petición, por ejemplo, de colaboración de jóvenes investigadores, a los que quiero agradecer su esfuerzo y su amabilidad en trasladar su opinión, su conocimiento y su experiencia concreta.

En definitiva, es una ley que se queda a medio camino de lo que realmente necesitamos, y España necesita, y mucho, tener una buena ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque el futuro de nuestro país pasa por la sociedad del conocimiento.

Gràcies, senyor president.
Gracias, señorías.