“Un lastre que no nos podemos permitir”.

 Publicat a El País el 19/12/07 

 

Nadie está contra los derechos de los autores ni de que éstos perciban compensaciones por copia privada de sus creaciones. Sí que lo estamos contra la aplicación de un canon indiscriminado e injusto, contra su reparto arbitrario y contra una gestión no pública del mismo. No tiene ningún tipo de justificación gravar con este canon todos los soportes y dispositivos. Perjudica a todo el sector tecnológico, repercute indiscriminadamente a los consumidores y dificulta el acceso a la sociedad de la información. La pregunta a responder es ¿por qué tienen que pagar un canon, que se justifica por el derecho a realizar una copia privada de la obra de un autor y como compensación al mismo, quienes usan los soportes y dispositivos electrónicos para usos distintos como pueden ser empresas, administraciones o particulares? La pregunta no tiene una respuesta razonable. Tampoco el criterio de aplicación del canon se puede generalizar a todo elemento susceptible de poder ser usado como soporte para copias privadas de obras de autor, papel, telas… Menos de recibo es justificar el canon digital con el argumento de que compensa las pérdidas que el desarrollo tecnológico genera a quien crea los contenidos; representaría un lastre para el desarrollo de la sociedad de la información para España que no nos podemos permitir.

 

Diferentes voces se han alzado contra el canon digital: las más de 1.300.000 firmas recogidas por la “plataforma contra el canon”; la Audiencia Provincial de Madrid, que afirmaba “confuso derecho es éste en el que se cobra canon a cambio de una actividad prohibida”; el comisario europeo McCreevy, que en respuesta a una pregunta parlamentaria afirma que sólo pueden gravarse con cánones los soportes y equipos para hacer copias destinadas realmente a uso privado; el dictamen de la “comisión asesora sobre la sociedad de la información”, presidida por Manuel Castells, uno de los mayores expertos mundiales en este campo, que califica al canon como “manifiestamente ineficaz e imperfecto”; los autores que publican o editan sus obras bajo licencias copyleft se desmarcan también del cobro del canon.

 

Mas allá de las opiniones, es un hecho irrefutable que el canon no ha detenido la piratería -es más, nos hace a todos responsables de ella- ni compensa adecuadamente a los autores. Si la copia privada fuera un derecho se podría justificar un canon compensatorio que, entiendo, sólo podrían recaudar y gestionar las administraciones públicas, no entidades privadas como las sociedades de gestión de los derechos de autor. Pero como muy bien explica Roberto Santos de Hispalinux, la copia privada no es un derecho, es un límite a los derechos de los autores a restringir la copia. Lo que justificaría un porcentaje en cada obra original puesta a disposición del público que debería cobrar el autor y sólo el que ya es el titular del derecho y quien lo cede, como compensación de la copia privada de su obra.

 

El canon actual no funciona así. Repercute en todo tipo de soportes vírgenes y dispositivos a pesar de que la inmensa mayoría de los usos de la tecnología digital (administraciones, empresas…) no corresponde a copia privada y no tiene ningún sentido que deban pagar este canon.

La enmienda que presenté y se aprobó en el Senado el pasado 11 de diciembre dice lo siguiente: “En el plazo de un año se presente un proyecto de ley en el que se modifique el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual eliminando el llamado canon digital y proponiendo alternativas consensuadas con el sector para la salvaguarda de los derechos de autor y de la propiedad intelectual”. Es un texto que cuestiona el canon digital pero a su vez afirma los derechos de autor, y lo más importante es que insta al Gobierno a abrir un diálogo para superar el actual conflicto entre consumidores y autores.

 

Creo que es posible encontrar soluciones que resuelvan problemas sin lesionar derechos. Hay que superar esta situación de bloqueo que se traduce en el día a día en el incremento exponencial de ciudadanos que se adhieren a la “plataforma de todos contra el canon” junto con unas sociedades de gestión de derechos de autor cada vez más enrocadas en la defensa del canon. La política no puede ignorar esta realidad y debe aportar soluciones. La enmienda es una. Ahora corresponde a los grupos en el Congreso de Diputados decidir si mantienen la enmienda aprobada en el Senado o seguimos en el conflicto abierto que hay entre un sector importante de la sociedad contra el canon digital.

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