“Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.” Directiva Bolkenstein.

Intervenció al Ple del Senat, el 21 d’octubre de 2009.

Senyor president.
Tres iniciativas europeas nos han sonrojado en este último periodo: la propuesta, fallida, de jornada laboral de 65 horas, la llamada directiva de la “vergüenza” sobre la inmigración y la conocida como directiva Bolkenstein. Hoy discutiremos la transposición al ordenamiento jurídico español de esta última.
Decía, señorías, que con sonrojo y preocupación, algunos, estamos viviendo la deriva neoliberal que nos viene de la Unión Europea. En la directiva Bolkenstein y por extensión en el proyecto de ley que nos remite el Congreso, subyace un aspecto para mi regresivo y peligroso, y es el de colocar la libertad de establecimiento, que no es más que una concreción parcial del derecho de libertad de empresa a nivel comunitario, un peldaño por encima que los derechos sociales.

Me preocupan los constantes intentos de la legislación comunitaria de rebajar, cuando no eliminar, el estado social y democrático de derecho, que es uno de los mejores signos de identidad que Europa puede ofrecer a sus ciudadanos y al mundo. Me preocupa aun más que comisarios, gobiernos y parlamentarios progresistas participen de estos planteamientos.

Hoy discutiremos sobre el libre establecimiento empresarial en el principal sector económico europeo y español; el sector de servicios. Lo haremos a partir de la transposición de una directiva europea que afortunadamente el Parlamento Europeo enmendó en sus aspectos más conflictivos, es cierto.

Como es igual de cierto que esta directiva, y por extensión el proyecto de ley del gobierno, mantienen puntos socialmente peligrosos.
Y como lo es también que una vez más, en el proceso de transposición de una directiva,  se laminan competencias autonómicas.

Gracias al trabajo del Parlamento Europeo, hoy no nos vemos obligados a discutir cuestiones como; el principio del “país de origen”, las referencias negativas del texto original referidas al derecho laboral y seguridad social y salud.
Además, el Parlamento Europeo restringió su aplicación a muchos más servicios públicos que los contemplados en el primer proyecto de directiva.Con todo, las principales críticas a este proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, son:

–         Esta directiva y el proyecto de ley que debatimos siguen representando una amenaza de desregulación y privatización de los servicios públicos.
–         Se sigue confundiendo, intencionadamente, burocratización con control público.
–         Se pone en entredicho la regulación, reivindicando la autorregulación del sector.

Parece, señorías, que no hemos aprendido nada de la actual crisis. Parece que no recordemos que la crisis económica viene, en gran parte, motivada por.

–         Ineficiencia de los mercados.
–         Ningún control del sector financiero.
–         Actuaciones depredadoras del sector multinacional.
–         Abusos de los oligopolios en el sector de servicios.

Es decir, el fracaso de la autorregulación reivindicada por la doctrina neoliberal y por la falta de regulación y control público.Paradójicamente, en este proyecto de ley se nos plantea más de lo mismo.

Soy de los que defiende que la producción de servicios requiere regulación y del liderazgo del sector publico, ya sea como agente regulador, ya sea como proveedor de servicios. El texto que hoy discutimos amplía el marco liberalizador, mas allá de lo que exige la directiva. La justificación del gobierno es la de maximizar los beneficios y dinamizar el sector servicios.

El PSOE renuncia, en la transposición de esta directiva, a un aspecto fundamental que permite la directiva y que según su definición mejora o empeorará la transposición de la misma, y es la definición de lo que cada estado entiende por “servicios de interés general” que deben quedar excluidos del alcance de la ley.
Este es el principal debate de esta ley, y este punto es el que explica gran parte de nuestras enmiendas.También en la transposición de la directiva renunciamos a regular cuestiones tan importantes como:

–         Exigencia de calidad de servicios.
–         Evaluación y control de los mismos.
–         Protección de derechos sociales y laborales.
–         Limitación del número de autorizaciones.
–         Condiciones de empleo. 

Es por todo esto que presento, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida, las siguientes enmiendas.
Las numero 12,14,17,18,25 y 45, apuran y concretan la definición y relación de las materias de “servicios de interés general”.
21 enmiendas. La mitad de las que presenta ICV-EUiA o bien sustituyen textos del proyecto de ley por los redactados iniciales de la directiva o bien se añaden apartados de la directiva para dar una mayor claridad y seguridad jurídica al texto. Hemos tenido que recurrir al texto original de la directiva para intentar evitar que la ley empeore aun más, vistas las propuestas del gobierno. Dicho de otra manera, preferimos el texto original de una directiva muy criticada por amplios sectores de la izquierda social y política antes que la propuesta del gobierno Zapatero.

Y por último, como siempre pasa en la traslación de una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico, debemos reivindicar el marco competencial autonómico, siempre ignorado cuando no laminado.

Termino, señorías, lamentando que no hayamos aprendido nada de las lecciones de la crisis económica. Tanto la U.E. como el gobierno siguen legislando desde una lógica neoliberal. Una lógica fracasada para gestionar la economía y garantizar el desarrollo. Una lógica que genera injusticia y desigualdad.

Por todo ello pido el voto afirmativo a las enmiendas presentadas por ICV-EUiA.

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