“Proyecto de Ley de Medidas de Fomento y Agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. “

Intervenció en contra al projecte de llei, en el Ple del Senat el 21 d’octubre de 2009

Senyor President.
Antes de discutir un proyecto de ley, es importante discutir su oportunidad legislativa. Ser  conscientes de la realidad concreta en la que se aprueba y de cuales serán sus efectos.
¿Ante qué realidad nos encontramos?Un acceso a la vivienda que aún no está garantizado; seguimos entendiendo la vivienda más como un negocio que como un derecho y esta lógica, desgraciadamente, impregna este proyecto de ley. Además, estamos en medio de una crisis económica muy fuerte, de efectos demoledores, que tiene como efectos un altísimo nivel de paro y con decenas de miles de personas, cuando no a familias enteras, que ya no perciben ningún tipo de subsidio.
Hay también una crisis fuerte en el sector de la construcción, con la consiguiente caída de precios y ventas.

Ante esta realidad, ¿es oportuno este proyecto de ley? Yo creo que no. Se nos presenta un proyecto de ley que tiene un objetivo claro y fundamental: agilizar los desahucios. Es cierto que el título es largo y que habla del fomento del alquiler, de agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de las viviendas. Pero no es así, esta es una ley pensada fundamentalmente en agilizar los desahucios, el resto del articulado puro acompañamiento. Permítanme, señorías, que les haga una descripción física del proyecto de ley, para demostrárselo.
Este proyecto de ley ocupa, en el boletín de la Cortes, cinco páginas y media; cuatro y media están dedicadas a los desahucios, a la agilización de los desahucios, media a la modificación de la Ley sobre la propiedad horizontal y una disposición adicional –la segunda- de once líneas habla de la eficiencia hídrica de los edificios, por la que se pide a las administraciones públicas que tomen medidas.

Tanta concreción en eficiencia energética asusta, pero donde sí hay mucha concreción es en todo lo que afecta, insisto, en los desahucios. Creo que el título real de esta ley, para hacerlo más corto y más ajustado a sus contenidos, sería el de proyecto de ley de agilización de los desahucios.

Con este proyecto de ley, facilitando y agilizando los desahucios, ¿realmente conseguiremos fomentar el alquiler? Lo dudo. Lo que sí es indudable, es que en las actuales circunstancias sociales y económicas una ley de este tipo puede ser un factor de mayor exclusión, pobreza y sufrimiento social. Si realmente quisiéramos fomentar el alquiler, si realmente quisiéramos llevar a la práctica políticas activas, positivas, concretas de fomento del alquiler haríamos lo siguiente, y les pondré tres ejemplos:
Podríamos regular por ley el alquiler con opción a compra.
Podríamos hablar de la reforma del Reglamento del IBI.
Podríamos plantearnos desgravaciones por alquiler al arrendador, como en su momento hicimos para la compra de vivienda.

El objetivo principal de esta ley es agilizar los desahucios en lo formal. En lo real todo el mundo sabe que la agilización de los desahucios depende de la falta de agilidad de los juzgados.
Nos proponen endurecer los desahucios. Si no pagas, fuera.
¿Es esta la prioridad en estos momentos? ¿Es esta la prioridad con casi 4 millones de parados? ¿Es esta la prioridad con cientos de miles de personas que no cobran ningún subsidio? No. Hay una falta clara de oportunidad legislativa al plantear en estos momentos una ley de estas características.

Creo que no somos conscientes de las duras circunstancias sociales en las que vamos a aprobar esta ley, de cuales van a ser los efectos de la ley y de las dificultades que tendremos luego para gestionar sus efectos. Hubiera sido mucho más oportuno -desde la plena conciencia de que los impagos están creciendo y van a seguir creciendo fruto de la crisis económica- establecer un fondo público para garantizar el pago de los alquileres bajo determinadas condiciones, y así poder garantizar los derechos del arrendador y el derecho inequívoco del arrendatario a tener una vivienda.

Y tampoco creo que sea de recibo que en esta ley, en su disposición adicional primera, se nos dediquen cinco líneas a hablarnos de los sectores con baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social, para decirnos que se prestará una especial atención. Lo primero hubiera sido ver cómo podemos garantizar a esos sectores crecientes, de baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social, los recursos necesarios para poder afrontar los alquileres y para poder tener acceso a una vivienda y a partir de aquí hablar de agilizar los desahucios.
Al no hacerlo así, el mensaje es brutal: Los impagos van a aumentar, habrá más dificultades para cobrar alquileres. Cual es la respuesta legislativa, pues agilizar la capacidad para poder ejecutar los desahucios. Lo justo hubiera sido, insisto, habilitar primero estas medidas y luego hablar de la agilización de los desahucios.

Creo también que sería oportuno -en una realidad como la que estamos, ya que estamos hablando de un tipo de ley como ésta- poder realizar medidas como la que, por ejemplo, se ha aprobado en Francia. En la Francia de Sarkozy existe algo que se llama la Tregua hibernal, que prohíbe la ejecución de ningún desahucio desde el 1 de noviembre al 16 de marzo.

Aquí ni esto, aquí lo que sí que estamos es tentados, motivados a agilizar, insisto, una figura que realmente a quien va a afectar, no por picaresca sino por condiciones económicas cada vez más difíciles, es a los sectores más débiles, más frágiles de nuestra sociedad.

Soy consciente de las dificultades de implementar políticas públicas para resolver el problema de la vivienda, pero creo que este proyecto de ley, y lo digo con toda sinceridad, no es el camino. Hay otros, por ejemplo en Catalunya, la Generalitat ha desarrollado un proyecto, que bajo el nombre de “lloguer just”, intenta y consigue,  fomentar el alquiler, adecuándolo a las posibilidades reales de las personas. Un proyecto justo, adecuado a una realidad de crisis, que antepone el derecho a la vivienda a cualquier otra consideración y que cuenta con una decidida intervención de la administración catalana. Este es el camino, no el que nos plantea esta ley.
Hubiera sido mucho más conveniente, insisto, poder hablar de programas, de medidas que permitieran solucionar las dificultades reales que tendrá la gente para poder pagar y así poder garantizar la política de alquileres y los derechos de los arrendadores.

Me sorprende también que en este proyecto de ley tan exigente con los arrendatarios, no se haga ninguna referencia a dos grandes problemas, el  mobbing inmobiliario o el deterioro físico de las fincas por voluntad del arrendador.

Señorías, con todo, insisto – y esto justifica mi turno en contra de este proyecto de ley-, creo que en las actuales circunstancias este no es el camino; en las actuales circunstancias lo único que vamos a hacer es empeorar la situación; en las actuales circunstancias faltan programas decididos y voluntad clara para hacer frente al problema de acceso a la vivienda, que van a tener cientos de miles de personas que están sufriendo la crisis.
Lo único que les vamos a ofrecer ahora es una agilización de los desahucios y, en ese sentido, faltamos al deber que tiene todo parlamentario de legislar, en primer lugar, pensando en los sectores más débiles y más desprotegidos y, a partir de aquí, ir construyendo. Aquí lo vamos a hacer todo al revés: vamos a pensar primero en los que cobran y, por último, en los que pagan y hoy no pueden pagar.

Creo que con esto justifico mi intervención en contra de este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.

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