“Interpelación al ministro de Justicia Francisco Caamaño.”

Senyor president.
Señorías.
Señor Ministro.

El Tribunal Constitucional no es España ni en él reside la soberanía popular.
He querido empezar mi intervención con esta afirmación para dejar bien claro que; haga lo que haga o diga lo que diga el actual Tribunal Constitucional, en ningún momento expresará y representará la voluntad del pueblo español.

Sea cual sea su sentencia, ni la podemos vivir como un conflicto entre España y Catalunya,  ni podemos suponer que tengan la última palabra, ni sobre el estatuto catalán ni por extensión sobre el desarrollo del modelo territorial.La última palabra, si hay voluntad política, siempre estará aquí en las Cortes Generales, que somos quienes representamos al pueblo.

Señor ministro, es cierto que hoy atravesamos, todos, una situación delicada, responsabilidad del PP y del defensor del pueblo que nos toca sufrir.
La Constitución Española abrió un positivo proceso de descentralización política que tuvo un doble efecto: responder a las aspiraciones nacionales de las llamadas comunidades históricas y descentralización del poder político para el conjunto de los territorios.
Se inició un proceso, que podemos calificar de histórico, de reordenamiento de los poderes del estado y que a los pocos años confluyó con el inicio de integración en la Unión Europea.

Desde 1980 en lo interno, y desde 1986 por el proceso de integración, en España se han producido grandes cambios. Nada es igual en la estructuración de nuestro poder político. Proceso éste abierto a la propia evolución del nuevo sistema y a las aspiraciones territoriales. Proceso abierto y estable.
Y es fruto de esta estabilidad, que 25 años después de ser aprobado el Estatut de Sau, el Parlament de Catalunya aprueba una propuesta de nuevo estatuto, que tiene un efecto dominó en otras comunidades autónomas. 

En la anterior legislatura y bajo impulso de la reforma del Estatut de Catalunya se reformaron 5 estatutos más;  (Comunidad Valenciana, Andalucía, Illes Balears, Aragón y Castilla y León) actualmente, 2 están en tramitación (Navarra y Extremadura), y 2 se han retirado, Canarias el 2007 y hace pocos días el Parlamento de Castilla-La Mancha aprobó la retirada del suyo.
La reforma del estatuto vasco, conocido como plan Ibarretxe, no fue aprobada por el Congreso.

Es evidente que en el primer gobierno Rodríguez Zapatero, se dio un significativo avance en el proceso de federalización del estado. Y es innegable el tirón catalán en estos avances.
Desde un primer momento, el PP ha sido extremadamente hostil al proceso y singularmente con Catalunya.
Desde el ámbito de la derecha, el estado autonómico ha venido sufriendo una constante campaña de deslegitimación y desprestigio. Con el estatuto catalán se cruzan líneas que nunca deberían haberse cruzado.
No olvidaremos nunca la campaña del señor Rajoy, de recogida de firmas pidiendo un referéndum en toda España sobre el estatuto catalán, ni las campañas en los medios impulsada por el señor Arenas en Andalucía.

Hostilidad y cinismo, ya que el PP no ha dudado en votar estatutos similares al catalán, sobre el que presenta recurso de inconstitucionalidad, como es el estatuto de Andalucía.

Permítanme que les haga una relación de los estatutos que tienen preceptos iguales o similares a los impugnados por el PP por estar en el estatuto catalán: 77 con el andaluz, 37 con el de Aragón, 23 con el de la Comunidad Valenciana y 9 con el de las Baleares.
¿Por qué el PP andaluz votó un estatuto similar al de Catalunya que el PP catalán votó en contra? ¿Por qué el señor Rajoy no ha impugnado también el estatuto andaluz? ¿Por qué hay aquí senadores que han votado un estatuto que no y otros parecidos que si?
Pues por cinismo político y por entender que el anticatalanismo les da votos.

El Partido Popular ha liderado políticamente el anticatalanismo, fruto de su matriz ideológica centralista y de cálculos electorales oportunistas. Estas campañas tienen sus efectos; hoy, entre determinados sectores, España es peor vista en Catalunya y Catalunya está peor vista en España.

Es en esta situación que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso al Estatut, 28 de septiembre del 2006. Han pasado casi 44 meses.

Inmediatamente de ser admitido a trámite, el PP intenta recusar a la presidenta del Tribunal, Maria Emilia Casas. No lo consigue, pero sí que logra la recusación del magistrado Pérez Tremps.

Noviembre del 2007 expiran los mandatos de 4 magistrados. La presidenta Sra. Casas y el vicepresidente y actual ponente señor Jiménez Sánchez, entre ellos.2008, fallece el magistrado Roberto García-Calvo.

Si los ponentes constitucionales hubieran hecho caso a Jordi Solé Tura, cuando propuso en nombre del PCE-PSUC, que en los casos que la Constitución previera la aprobación de leyes por referéndum, éstas deberían quedar expresamente excluidas del control de constitucionalidad, hoy no estaríamos frente, a un más que posible, choque de legitimidades. Un choque de legitimidades ya de por sí peligroso, que viene agravado por todo el irresponsable juego político que ha acompañado el recurso y tramitación del Estatut al Tribunal Constitucional.

Después de 5 intentos fallidos, a día de hoy estamos sin sentencia. El argumento de que la media de tiempo que emplea el TC para emitir sentencias es de 4 años es un disparate. Estamos ante un fallo sobre una cuestión, un estatuto autonómico, políticamente muy sensible y que ya tiene su despliegue normativo en marcha.

A lo largo de estos más de tres años y medio de singladura del recurso, se ha ido produciendo una pública y grave politización del Tribunal, dividido en bloques, que representan claras filiaciones políticas. Se puede afirmar que este TC ha perdido toda apariencia de independencia, imprescindible en tan alto tribunal. Todos sabemos quienes son los conservadores y quienes los progresistas, etc. Leemos a diario la evolución de sus debates internos. Por leer, leemos hasta cartas al director en las que uno  de los magistrados, nos aclara sus posiciones, conocemos las propuestas de sentencias. Y todo ello se nos quiere hacer vivir como algo normal.

Señor ministro, desde el respeto institucional, pero con toda claridad, afirmo que este Tribunal, con su actual composición no está en condiciones de dictar una sentencia, y es por ello que solicito el apoyo del gobierno a la resolución votada por el Parlament de Catalunya. Una resolución presentada por CiU, PSC e Iniciativa Verds-Esquerra Unida que tuvo el voto de ERC.
Esta resolución con el apoyo del 87% del Parlament, reafirma la plena constitucionalidad del Estatut. Urge al Congreso a nombrar un nuevo magistrado o magistrada después de la muerte del señor Garcia-Calvo y a desbloquear la designación de los 4 magistrados que corresponde al Senado. Y solicita al grupo de la Entesa Catalana de Progrés y de Convergència i Unió que impulsemos la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para que entre otras cuestiones, impida la prolongación forzosa del mandato de los magistrados del Constitucional en caso de bloqueo de sus procesos de renovación. En los próximos días deberemos definir propuestas de modificaciones legislativas. Les emplazo a que aporten constructivamente.

No creo que frente a los riesgos de una situación como la que estamos viviendo, valgan los símiles deportivos como los de; no se cambia de árbitro en medio del partido, o la socorrida apelación a acatar la sentencia, y sí los del principio de responsabilidad política para actuar con los instrumentos legales a nuestro alcance para evitar males mayores.
Seguramente en este descrédito hemos colaborado todos. Desde como se hacen los nombramientos,  fruto del reparto entre PP y PSOE. El juego de recusaciones abierto por el PP, sembrando la duda sobre la imparcialidad de determinados magistrados. El bloqueo en el Senado de la renovación de magistrados, las críticas que han recibido, pero sobre todo han colaborado los mismos miembros del Tribunal. Solo ha faltado la foto de la Maestranza, con toro y puro.

Señorias, señor ministro.
44 meses, 5 intentos, un fallecido, un recusado y 4 magistrados con un mandato agotado desde el 2007, es suficiente balance para dar paso a otro Tribunal.

Y por último, decía al principio que estamos frente a una situación difícil por culpa del PP. Pero la pregunta, señor ministro, es si  estamos frente a un problema solo de Catalunya y sus aspiraciones de mayor autogobierno y España, o si es un conflicto político y democrático entre dos maneras de entender España, entre  una visión cerrada y centralista y una visión abierta y plural.

Para mí, esta es la cuestión central. Saber si estamos solos en Catalunya los que creemos que España es un estado plurinacional y plurilingüe y que solo desde una visión federalista se pueden encajar todas las piezas para construir un proyecto en común, o no estamos solos y que también en el resto de España hay federalistas y lo que es más importante, que ejercen como tales.

Las aspiraciones, hoy, del autogobierno de Catalunya son las del su estatuto. Así lo votó el Parlament de Catalunya, lo pactó, debatió, modificó y aprobaron las Cortes Generales y posteriormente lo validó el pueblo de Catalunya. Este es el pacto entre Catalunya y España, que corre un serio peligro, no solo de poner en crisis el Estatut, sino el mismo concepto de la España plural, única España viable.
Estas aspiraciones fueron votadas por la mayoría de ustedes, a ustedes les pido su compromiso en la defensa del Estatut, de la ley orgánica que ustedes también votaron.

Y no podemos ignorar tampoco el efecto de una sentencia negativa para los otros estatutos reformados. Es por ello que quiero insistir que no valen frente a la actual situación, actitudes pasivas ni silencios.
Les invito, especialmente al gobierno y al partido socialista, a que recuperen con fuerza la bandera de la España plural, que es la única España donde realmente podemos caber todos. El debate no debe ser entre Catalunya y España y el conflicto entre territorios que es lo que quiere el PP, el debate y conflicto democrático debe ser entre federalismo y centralismo. Muchas veces hemos encontrado a faltar mayor empeño, una más clara pedagogía federalista en todo el estado y no solo protagonizado por los políticos sino también por la sociedad civil, los intelectuales, los líderes de opinión a favor de la España plural y en contra del centralismo excluyente y conflictivo que defiende nuestra derecha.

Quisiera terminar mi intervención con una afirmación que se hace en la editorial conjunta de los periódicos catalanes del 26 de noviembre del 2009, “que nadie se confunda,  no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad”, la dignitat de Catalunya, que al cap i a la fi és la dignitat del meu poble.