Veto als Pressupostos Generals de l’Estat

Intervenció al ple sobre els pressupostos Generals de l’Estat 2011.

Gràcies, president.

Señora Salgado, señorías, presento en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida, en nombre del senador Nuet y en el mío propio, el veto a estos presupuestos. Y lo presento fundamentalmente por 5 grandes razones:
En primer lugar, son la plasmación para el 2011 del ajuste económico más duro vivido en democracia.
En segundo lugar, definen una política económica y social de marcado carácter neoliberal y que tiene como consecuencias el recorte de derechos, de políticas sociales y de políticas ambientales.
En tercer lugar, con esos presupuestos generales se sigue la senda de debilitamiento del Estado del bienestar.
En cuarto lugar, estos presupuestos no plantean medidas para el relanzamiento económico y la creación de empleo, como tampoco abordan las reformas necesarias que precisa nuestro sistema productivo, nuestra economía, con el objetivo de crear empleo.
Y en quinto lugar, persisten los errores de este Gobierno en la gestión económica.

Señorías, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene todo un recorrido en las políticas económicas que nos llevan a la actual propuesta de presupuestos. Antes de la crisis se obviaron los déficit estructurales de nuestro sistema productivo. Es más, quiero insistir que en esos déficit de nuestro sistema productivo algo tendrá que ver casi 20 años de Gobierno socialistas; burbuja inmobiliaria, economía especulativa, excesivo peso de sectores más estacionales y menos cualificados, escasa inversión en I+D+I, ineficiencia energética, un sistema financiero que clamaba al cielo que había que reformar, déficit en educación y formación y un mercado de trabajo en precario. A ello se añade, y esto sí que es una aportación exclusiva de este Gobierno, la afirmación de que bajar impuestos es de izquierdas. Y se llevan a cabo reformas fiscales regresivas que ahora pasan factura, con un coste en términos de recaudación potencial de unos 30 000 millones de euros y siempre al servicio de las rentas más altas. Lo importante era que el PIB crecía, y con ello se perdió la oportunidad de abordar en tiempos de bonanza las reformas necesarias. Llegó la crisis, la negaron, y luego se perdió con esta negación un tiempo precioso. Una vez aceptada la crisis y después de un período en el que el Gobierno se dedica a aplicar medidas inconexas y parciales, viene el plan de ajuste iniciado en el mes de mayo. Señorías, un plan de ajuste para el que a este Gobierno ni le tiembla, ni le ha temblado, ni le temblará nunca la mano en adoptar medidas que afectan a los trabajadores, a los sectores populares, a los más débiles, a los más desprotegidos, y por ello se ganaron una huelga general.

La última medida que han tomado, y para mí gravísima, es la de retirar en febrero los 426 euros al mes a los parados que no perciben ninguna prestación. Me ha parecido entender al ministro Jáuregui que era para no crear vicios. Encuentro un disparate y antisocial retirar esta ayuda a los parados en unas circunstancias como estas, cuando no hay un horizonte próximo de creación de empleo. Sin embargo, no tienen la voluntad ni el coraje para abordar las reformas necesarias en los sectores que sí que están implicados directamente con la crisis económica, como son el sector energético y el sector financiero. Un sector financiero que ha necesitado de la ayuda pública para sobrellevar muchos de sus problemas.

Señorías, señora Salgado, el déficit público es un problema del que responsablemente no podemos desentendernos. Lo que no compartimos es cómo y por dónde se reduce ese déficit y la propuesta de reducción en dos años del 5,1 porcentuales del déficit público con relación al PIB.

Por otra parte, seguimos con unos presupuestos -y en anteriores presupuestos ya lo hemos discutido- que se deciden a partir de un escenario macroeconómico voluntarista e irreal. Por más que el Gobierno se empeñe en afirmar que el brutal y desequilibrado ajuste presupuestario para el 2011 es condición necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía y normalizar el acceso a la financiación, lo cierto es que puede ser contraproducente porque estos presupuestos contribuyen, en el mejor de los casos, a dilatar el momento de recuperación económica, y esa es imprescindible para equilibrar nuestras cuentas públicas reduciendo el déficit.

El escenario macroeconómico que acompaña estos presupuestos supone que la tímida recuperación económica iniciada a principios del 2010 se mantiene, estimándose un retroceso del PIB real del 0,3 como media del 2010. Sin embargo, esto no está todavía claro para el conjunto del año. Es verdad que en el segundo trimestre la actividad económica mantuvo el tono de lenta recuperación del primer trimestre, pero también es verdad que el Banco de España ya alerta sobre la posibilidad de que en el tercer trimestre la actividad se debilite más de los previsto por la finalización de ciertos estímulos fiscales, el recorte de la inversión pública y la reversión temporal de los efectos de anticipación de gasto que se produjeron con anterioridad a la subida del IVA.

Siendo pues aún incierta la evolución del año 2010 en términos de crecimiento, es el incremento del PIB previsto por el Gobierno para 2011, que es la base fundamental para la estimación de ingresos, el que no parece sostenerse. Se estima un crecimiento del PIB en términos reales del 1,3% basado en el buen comportamiento de las exportaciones y en la reactivación del consumo privado y de la inversión empresarial en bienes de equipo. Este escenario que descuenta el Gobierno le lleva a afirmar que se pone fin a la etapa contractiva de nuestra economía.

Lamentablemente, puede que nos encontremos ante un ejercicio de voluntarismo del Gobierno porque es muy improbable que el PIB crezca a esta tasa. Así lo piensa la mayoría de organismos nacionales e internacionales que prevén un crecimiento en el entorno del 0,6%. El Gobierno, una vez más, está infravalorando los efectos de su propio ajuste presupuestario, del elevado desempleo y de los ajustes salariales sobre los gastos en el consumo, y es excesivamente optimista sobre la contribución positiva del sector exterior.

Los drásticos recortes presupuestarios van a repercutir negativamente sobre la demanda agregada en un contexto, ya de por sí, de reducida actividad económica, y el empleo será el primer damnificado. Incluso en el optimista escenario macroeconómico que plantea el Gobierno, según sus previsiones en 2010 se destruirán 390 100 empleos y el paro alcanzará al 19,8% de la población activa y en el 2011 se estima un ligero crecimiento del empleo -unas 43 400 puestos de trabajo- y una tasa de paro del 19,3%. Todo ello, como decimos, considerando las voluntaristas previsiones en términos de crecimiento del PIB. Es decir, que a pesar de esta consideración, seguimos instalados en una situación de empleo muy grave.

El panorama que se plantea es francamente complicado si, como es bastante previsible, el PIB no crece en 2011 el 1,3%, sino prácticamente la mitad. Es decir, que si estábamos mal, la cosa podría ir mucho peor.

Más allá del voluntarismo en las previsiones, el Gobierno destaca en los documentos presupuestarios que la principal novedad de este año en materia laboral fue la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor a mediados de junio. El Gobierno atribuye a esta reforma un sin fin de efectos positivos: favorecerá la contratación indefinida, reducirá la contratación temporal, mejorará la intermediación laboral y aumentará la empleabilidad de los parados. Es decir, creará empleo. Hoy por hoy, en todos los informes que han ido apareciendo de la EPA esto no ha pasado nunca.

Sin embargo, es el propio Gobierno el que reconoce a efectos prácticos en estos presupuestos, que esta reforma poco tiene que ver con la creación de empleo. Si hacemos caso a sus previsiones sobre creación de empleo y evolución del paro, estas variables se explican por la variación estimada del PIB y la evolución de la población activa. Es decir, un año y medio después de su entrada en vigor, esta reforma laboral no añadiría ningún plus positivo a la creación de empleo, como era de esperar, por otra parte, y así se anunció por parte de los sindicatos.

Y en términos de estabilidad en el empleo pensamos que tampoco hay lugar para el optimismo.

Según vamos conociendo los datos de contratación y paro registrado, seguimos comprobando que la contratación temporal continúa siendo la tónica: en septiembre, del total de contratos registrados, el 91,2% fueron de carácter temporal; es decir, en ese mes la contratación indefinida tan solo representa el 8,8% del total, incluso menos que en el año 2009; abaratar y facilitar el despido ni crea empleo ni tiene por qué mejorar su estabilidad.

Una reducción del gasto público de carácter antisocial y negativo para el relanzamiento de la economía y la creación de empleo y para garantizar el crecimiento más equilibrado considerado insostenible a medio plazo, esto es lo que creemos que fundamentalmente recogen estos presupuestos.

¿Por qué digo que es un presupuesto antisocial?:Porque se congelan las retribuciones de los empleados públicos consolidando el recorte del 5% que aprobó el Gobierno en mayo de 2010 y se restringe por tercer año consecutivo la oferta de empleo público, reduciéndose a un 10% la tasa global de reposición de efectivos; esta política puede afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos y, evidentemente, no contribuye a mejorar las sombrías perspectivas del empleo en nuestro país.

Se produce un retroceso en la protección social de España. El Gobierno ha congelado la mayoría de las pensiones para 2011 y si el gasto en este capítulo aumenta un 3,6% lo hace por el previsible incremento del número de pensionistas, la paga extra por desviación del IPC en 2010 y la revalorización de las pensiones mínimas del 1% en 2011, un aumento de tan escasa entidad que hace saltar por los aires el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones mínimas en esta legislatura hasta alcanzar una media del 26%.

Se suspende la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas, que debería entrar en vigor en 2011, y las prestaciones familiares descienden un 9% por la eliminación del cheque bebé y la supresión de las ayudas por hijos a cargo.

Los programas de servicios sociales sufren recortes importantes. El Plan Concertado disminuye en un 11,8% y pone en jaque a los servicios sociales municipales. El Plan de Acción para personas con discapacidad se reduce un 43% y disminuyen los programas de servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad y a personas mayores. A pesar del incremento previsto del número de beneficiarios y de cuidadores no profesionales, la dotación presupuestaria en atención a la dependencia disminuye un 5,4%. Se recortan igualmente los programas que incluyen actuaciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y para la prevención integral de la violencia de género. El Fondo de Integración de Inmigrantes se reduce un 32,4%.

En materia de protección por desempleo se destinan al pago de prestaciones poco más de 30 000 millones de euros, esta cantidad es un 1,5% inferior a las dotaciones iniciales de 2010 debido a las previsiones de reducción del gasto en las prestaciones de nivel contributivo. Esto significa que la cobertura de las personas en desempleo se va a reducir por el progresivo agotamiento de las prestaciones contributivas y por la desaparición en febrero de la prestación extraordinaria por desempleo. Y se va a producir en un contexto económico complicado con sombrías expectativas para la creación de empleo.

Según el Gobierno, en 2011 algo más de 2 759 000 personas tendrán algún tipo de prestación por desempleo: contributiva, subsidio, incluida la renta agraria, subsidio REASS y renta activa de inserción. Eso significará que, con las previsiones de desempleo del Gobierno, cerca de 1 700 000 desempleados carecerán de cualquier tipo de prestación por desempleo.

En 2011 se van a dedicar a políticas activas de empleo 7322 millones de euros, un 5,5% menos que lo destinado en 2010. Si bien es cierto que parte del ajuste en estas políticas puede explicarse porque el gasto para financiar las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas para la contratación disminuye también lo es que el esfuerzo presupuestario es insuficiente, especialmente en lo que respecta a las políticas de orientación y ayuda a la búsqueda de empleo. En España hay un orientador por cada 189 desempleados mientras que la media europea es de un orientador por cada 50 desempleados.

Las políticas dirigidas a la orientación de trabajadores desempleados disminuyeron sustancialmente en los presupuestos de 2010 un 20,6% y ahora en estos presupuestos lo hacen de nuevo, un 13%, disponiendo de una cuantía muy reducida de 250 millones de euros.

El plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer frente al incremento del paro registrado redujo su dotación casi un 50%, en 2010, y ahora se congela para el ejercicio de 2011, con poco más de 50 millones de euros. La insuficiencia en las políticas activas influye negativamente en la capacidad de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo, dando cobertura a propuestas para que la iniciativa privada tome el relevo. La reforma laboral ha consumado esta situación con la privatización de la intermediación laboral.

Ahora bien, no todas las partidas relacionadas con la ocupación disminuyen: el FOGASA se ha incrementado un 6%. La partida para el pago de prestaciones acordadas sobre la reforma laboral se incrementará en 400 millones de euros, un 35,7% más que los anteriores presupuestos. El FOGASA es, desde la reforma del mercado de trabajo, el fondo de despido subvencionado y este incremento tan elevado de la aportación del Estado solo se justifica ante la previsión del Gobierno de que las empresas vayan a despedir más y, por tanto, van a necesitar más fondo para costear los ocho días de indemnización por despido que cubre el Estado por la reforma laboral. Por otro lado, las políticas estatales de acceso a la vivienda para 2011 cuentan con un 19,3% menos que en 2010.

Estos presupuestos suponen también el mayor descenso en la ayuda oficial al desarrollo española: un 17%, es decir, más de 900 millones de euros. Si a esto le sumamos el recorte de 300 millones de euros anunciados en el mes de mayo, estamos hablando de un total de 1200 millones, algo que hipoteca y pone en crisis la ayuda oficial al desarrollo española. También llama la atención que mientras el FAD cooperación sufre un descenso del 37,63% respecto a 2010, el actual FIEM aumenta respecto al presupuesto de internacionalización de la empresa española durante el periodo 2010 en casi un 63%.

Aunque en los documentos presupuestarios se afirma que la inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público al ser un instrumento básico para dinamizar la economía, los recortes de los principales departamentos inversores, Fomento y Medio Ambiente, desmienten esta afirmación.

El gasto no financiero del Ministerio de Fomento se recorta un 34,6% y el capítulo de inversiones un 43,3%. En realidad, el problema radica en la concepción de modelo que sigue estancado en las grandes infraestructuras. Se sigue primando la inversión en AVE, siendo ésta cuatro veces mayor que la destinada a cercanías, y la inversión en ferrocarril convencional se ha reducido un 69% respecto a la del año pasado. Partidas tan importantes como la cuadruplicación de vías de ancho ibérico para los accesos norte y sur a Barcelona, o la mejora y ampliación de los servicios ferroviarios convencionales en Lleida, Tarragona y Girona, ya no tienen continuidad en los presupuestos de 2011, a pesar de que fueron aprobados en 2010, e incumplen la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados.

De la misma forma, el gasto no financiero del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se recorta un 31,3%, afectando principalmente a las inversiones, -39,2%, y transferencias de capital, -9,9%. Esto se produce en un momento crítico para el campo, que acumula una caída de la renta del 26% desde 2003, afectando negativamente a las explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y a la creación de empleo en el sector agrario.

En cuanto a la modernización de modelo productivo, el discurso del Gobierno hablaba de una estrategia para una economía sostenible, con un incremento de las inversiones en materia medioambiental para mejorar el entorno pero también para evitar problemas en el futuro. En esta estrategia, la industria tecnológica, la ciencia, el conocimiento y la investigación debían jugar un papel fundamental. Estos presupuestos son la demostración de que el concepto cambio de modelo para el Gobierno es tan solo una figura retórica.

En primer lugar, los recortes en las partidas para la protección del medio ambiente también son significativos: disminución del 37% en las actuaciones para calidad del agua; del 47% en protección y mejora del medio ambiente; del 39% en protección y mejora del medio natural; y del 16% en actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Todo ello, si consideramos que el porcentaje del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que se destina a las partidas ambientales tan solo representa el 5% del total.

En segundo lugar, el gasto en investigación, desarrollo e innovación se reduce un 8,4% sobre las cantidades aprobadas en los presupuestos de 2010. Las operaciones financieras, créditos, lo hacen un 9,4% y las no financieras, subvenciones, un 6,7%. El descenso en investigación civil es menor que en investigación militar, pero supone también un 7%, afectando de forma similar a las operaciones financieras y no financieras.

Así, pese a las declaraciones de su Gobierno afirmando que se da carácter prioritario a la política científica y tecnológica, investigación, desarrollo e innovación sufre un nuevo recorte sobre el que ya tuvo en 2010, además del práctico estancamiento en términos reales del presupuesto para 2009, lo que supone abandonar la senda de la consideración de esta política como pieza esencial del futuro de nuestra economía.

En tercer lugar, están los recortes que afectan a las de por sí insuficientes políticas industriales. Así, el programa de apoyo a la competitividad en sectores estratégicos se reduce en más de 82 millones de euros, un 17,6% menos que en 2010. Del mismo modo, el programa de reconversión y reindustrialización, fundamental para determinadas zonas desfavorecidas y fuertemente afectadas por el paro, ha tenido un recorte del 12,6%.

Señorías, con esto he querido justificar por qué considero que es un presupuesto antisocial, pero también me preocupa de este presupuesto que la prioridad de este Gobierno esté en hablar de cómo se reduce el gasto -además de la crítica que antes hice respecto a por dónde se reduce- y, sobre todo, que no haya una propuesta clara de incremento de los ingresos. Usted nos ha señalado como un elemento sustancial de incremento de ingresos la reforma del IRPF. Creemos que esta reforma es insuficiente, que exclusivamente va a recaer en el incremento de nuestros ingresos en torno a unos 200 millones de euros, cuando lo que hoy día necesitamos es una política de ingresos más ambiciosa y, sobre todo, que grave a aquellos que más tienen, cosa que hoy por hoy su Gobierno se ve incapaz de hacer.

Con todo, creo que estos presupuestos generales del Estado van a representar un sacrificio presupuestario que se traslada al gasto social, con lo que se configuran los presupuestos más antisociales de estos últimos años. Preocupan estos presupuestos a 6,1 millones de pensionistas, incluidas las clases pasivas del Estado, que verán reducido de forma considerable su poder adquisitivo en el año 2011 por la congelación de las pensiones.
El incremento en gastos de pensiones para 2011, 3,8%, es inferior a la mitad de la media del incremento de los últimos 10 años, 8%.
En general, la partida de servicios sociales y promoción social es un 8,1% inferior al presupuesto para 2010.
Se ponen en peligro los acuerdos de desarrollo de la Ley de la dependencia, las dotaciones se reducen un 5,3% respecto a la dotación ya insuficiente de 2010, los fondos destinados a la integración de inmigrantes se reducen en un 23,8%, el fondo destinado a las comunidades autónomas y entes locales pasa de 100 millones de euros a 62 millones, la partida de fomento al empleo también cae un 5,5%.
Sanidad y educación bajan por encima de la media del 8,1%.
Y todo ello a pesar de que este Gobierno sigue manifestando que el 58% de los presupuestos consolidados corresponde a gasto social. No obstante, lo que en realidad aumenta es el fondo de reserva de la Seguridad Social, mientras disminuye dependencia y atención a los parados.

Es por todo esto que se puede afirmar sin ningún tipo de preocupación y toda legitimidad que estos son unos presupuestos antisociales, que no son los que corresponden en estos momentos para proteger a los sectores más vulnerables, más desprotegidos, ni para relanzar la economía, ni para crear empleo de manera sostenida y de calidad, sobre todo, porque también hay una reducción de la inversión pública, que ha de ser uno de los principales instrumentos. Se sigue con el AVE. Ayer vi por televisión al ministro Blanco. Creo que hay una especie de preocupante papanatismo con el AVE. En un país donde los trenes de cercanías y regionales funcionan tan mal, que la prioridad siga siendo la apuesta por el AVE, para llegar a ser la gran potencia mundial en este asunto, encuentro que es pecar de gigantismo respecto a lo que realmente necesita y preocupa a España.

Por otra parte, es evidente que el mundo municipal queda muy castigado con este presupuesto. Se van a reducir para los entes locales 3700 millones de euros, un 20,7%, y 3000 millones de euros para las comunidades autónomas, y, como ya ha dicho el senador Esquerda, lo que va a repercutir con estos presupuestos generales del Estado en Cataluña.

Por todas estas razones presento este veto, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida.

Y quisiera terminar, señorías, con la siguiente reflexión. Creo, señora Salgado, que todo Gobierno ha de tener la ambición de gobernar con su programa y mantener y ampliar la confianza del electorado en su gestión. Ustedes no gobiernan con su programa, el que editaron, publicaron y distribuyeron, y, evidentemente, están perdiendo la confianza del electorado. Creo que esto debe ser motivo de reflexión, de hacerles pensar, y les invito a revisar si estas son las políticas necesarias, oportunas y convenientes para este país. Nosotros creemos que no lo son y por eso presentamos este veto.

Anunciamos que el senador Nuet y yo solo votaremos a favor de los vetos del BNG y de Esquerra Republicana, por coincidir con nuestros planteamientos, y que votaremos en contra de los vetos presentados por el Grupo Popular y Convergència i Unió.Gracias, señor presidente.