«Prioridades del Ministerio de Justicia para la X legislatura.»

Intervención en la Comisión de Justicia del Senado, 5/3/2012.

Comparecencia del Ministro Alberto Ruíz Gallardón.

Bienvenido señor Ministro, le deseo los mejores éxitos en su trabajo.

Quisiera empezar mi intervención en primer lugar, reivindicando y defendiendo en esta Comisión de Justicia la figura de Baltasar Garzón. Quiero reivindicar su trabajo y su trayectoria cuando hoy es víctima de un linchamiento corporativo para vergüenza de la mayoría de los ciudadanos.
Señor ministro, lo de Baltasar Garzón no es un caso singular, sino un síntoma de las patologías de nuestro actual sistema. Así lo entienden la mayoría de los españoles mediante los estudios de opinión que han sido publicados, como el de hoy en El Periódico de Catalunya. Si al caso de Garzón le sumamos la polémica generada por la absolución del señor Camps, la renuncia de la Fiscalía a presentar recurso en este caso, la no presentación de recurso en la causa del Yak-42, o el intento del fiscal general del Estado de reabrir el 11-M, no nos debe sorprender que el 72,8% de los españoles crean que la justicia no es independiente; que el 82,6% crean que favorece más a unos que a otros, y que el 70% crea que favorece a ricos y a poderosos.
Este es el diagnóstico, la fotografía y el estado de ánimo de nuestra opinión pública respecto a nuestro sistema judicial, y lamentablemente esta valoración negativa ya no solo es en España, sino que gracias a la causa Garzón también ocurre a nivel internacional. Pienso que este sería uno de los principales problemas que tendría que afrontar su ministerio durante estos próximos cuatro años.
Señor Gallardón, creo que usted ha empezado mal su intervención en el Senado. Me leí la del Congreso -es la que ha hecho hoy añadiendo algunas otras cuestiones- pero es que nosotros no tenemos la ambición de ser una Cámara de segunda lectura, sino la de ser una Cámara territorial. Usted muy bien lo debe saber después de ocho años en esta Casa. Creo que su intervención en el Senado debería haber empezado con la explicación sobre las políticas que va a llevar su ministerio respecto a la gestión y a la administración de la justicia, en un Estado autonómico en el cual creo que hay ocho estatutos que tienen competencias en esta materia. Creo que éste debería haber sido el enfoque principal y luego hablar, evidentemente, de todas las otras cuestiones que usted ha planteado.Más aún, porque entre las posibles virtudes del Poder Judicial no destaca su sentido de la España plural; es evidente su aversión a la desconcentración y descentralización, así como es manifiesto su no reconocimiento a la diversidad institucional, cultural y lingüística de España.
Lo primero que tengo que solicitarle, es que las modificaciones previstas en los estatutos de autonomía sean contempladas en su acción de Gobierno. En primer lugar, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debe contemplar la creación de los Consejos Autonómicos de Justicia. La sentencia del Tribunal Constitucional no lo impide, sino que lo supedita a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se deben poner los recursos y medios para que se puedan usar con normalidad las lenguas cooficiales, como el catalán, ante los tribunales de justicia. En Catalunya solo el 17% de las sentencia se escriben en catalán.
Otra cuestión que le planteo es el traspaso completo de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia, como requiere el artículo 103 del Estatut de Catalunya; la ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como exige el artículo 95; así como transferir a la Generalitat los recursos que se obtienen de las tasas y depósitos previos, ya que tenemos competencias en medios materiales y de personal de la Administración de Justicia. Le reitero que su intervención en el Senado debería haberse centrado en todas estas cuestiones de carácter territorial.

Entrando ya en las cuestiones que usted ha planteado en su intervención: Usted afirma que uno de los principales defectos de nuestro actual sistema es su politización y que no deberíamos repetir errores del pasado. Y nos propone que la elección de doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial sea por el voto de jueces y magistrados de todas las categorías. En primer lugar, en estos errores del pasado imagino que el PP tendrá algo que ver después de ocho años de Gobierno y después de haber sido el primer partido de la oposición cuando no ha estado en el gobierno. Nos plantea un dilema en el sentido de elegir entre politización o corporativismo. Señor ministro, no sé que es mejor, si una cosa o la otra. Lo que sí creo es que ha habido errores políticos que se pueden subsanar si hay voluntad. También creo que el Poder Judicial debe emanar de la soberanía popular, que hoy por hoy reside en las Cortes Generales. Asimismo, considero que habría que hacer un esfuerzo para evitar las cuotas y apostar por la idoneidad, que es una de las grandes perversiones que veo en estos últimos años al hablar, no solo del Consejo General del Poder Judicial, sino de tantas otras instancias.

Usted planteó esto en el Congreso el 25 de enero; huir de la politización. Pero su problema es que el 15 de febrero, en el encuentro entre el señor presidente, Mariano Rajoy, y Alfredo Pérez Rubalcaba, hablaron de negociar un paquete en el que entraba el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y Radiotelevisión Española. Volvemos a los paquetes y a las negociaciones partidistas. Es más, decidieron posponerlo para el mes de junio. Considero que esto es un grave error porque es volver a las andadas. Evidentemente hay una responsabilidad del Partido Socialista, pero ahora quienes tienen la iniciativa son ustedes porque tienen el Gobierno y la mayoría en ambas Cámaras.

Insisto en que no nos lleven a esta elección falsa entre politización y corporativismo. Intenten subsanar los errores que ha habido para el buen desenlace de una elección de los miembros de estas instituciones. A nosotros, en esta comisión, nos afecta el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional a partir de la idoneidad de los candidatos y no de las cuotas partidistas.
Usted también nos habla de toda una serie de reformas. Señor ministro, yo apostaría por intentar conseguir una justicia de la cotidianeidad. En España hay una gran tendencia a los grandes eventos, a la grandilocuencia y a que todo se haga en torno a grandes reformas, a grandes propuestas o a grandes acontecimientos olvidando el día a día, lo diario, lo cotidiano. Comparto su ambición por ir al fondo de las cuestiones, pero creo que conseguir una justicia fiable, creíble, eficiente e imparcial exige un día a día mesurado, claro, con objetivos también mesurados y claros que nos permita ir avanzando hasta conseguir esta justicia eficaz y eficiente.
Cuando presente los proyectos de Ley ya le daremos nuestra opinión e intentaremos poder participar en el consenso, si ello es posible, pero quiero invitarle a que más allá de conseguir estas mejoras en la gestión, que será un proceso, más allá de que podamos debatir estos proyectos de Ley sobre los cuales usted, en su comparecencia. ¿Cómo piensa abordar lo cotidiano, lo urgente, lo que hoy en día está creando mayor alarma social y mayor polémica? Le pondré seis ejemplos: los casos de los bebés robados, desahucios -otro portavoz también ha hablado de esto-, los criterios del ministerio sobre los productos financieros (tipo swap, preferentes, etcétera), los crímenes del franquismo -en relación con los cuales hay un 60% de la opinión pública que cree que deberían investigarse-, y cómo piensa afrontar su ministerio el hecho de que a partir de la reforma laboral queha presentado su Gobierno, los litigios se incrementen, es decir, que habrá más litigiosidad, cuestión que a usted también le preocupa.
¿Piensa hacer algo en relación con estas cuestiones? Porque hasta ahora solo le conozco el cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo como actuación.
También nos ha hablado de la eficiencia, la calidad y la celeridad como objetivos de mejora de nuestro sistema judicial. Todos compartimos el diagnóstico. Hoy dice que no hay que entretenerse en él, pero es importante ver cuáles son las medidas de respuesta para conseguir estas tres características: eficiencia, calidad y celeridad.Nos propone, entre otras medidas, reducir el número de litigios e incorpora las tasas como elemento disuasorio y, a la vez, recaudatorio. Aquí hay una primera preocupación, y es que, a mi juicio, no puede haber un juicio previo -perdón por la redundancia- de oportunidad por vía administrativa para decidir si una persona sin recursos puede acceder o no a la justicia gratuita. Estaremos muy atentos a su propuesta sobre tasas para que se salvaguarde el libre acceso a la justicia gratuita e igual para todos. Nosotros tenemos que garantizar, y le ruego que así lo haga en su propuesta, la igualdad para la tutela judicial efectiva.

De la misma manera, ¿para cuándo una reforma profunda de la oficina judicial? Es más, en esta reforma de la oficina judicial ¿ha tenido usted en cuenta a las comunidades autónomas con competencia en la justicia para conseguir una reforma descentralizada, bajo un control efectivo de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, como es Cataluña, para la dotación de personal y de medios materiales y tecnológicos?
Es evidente que conseguir estos objetivos también exige hablar de más recursos, de más personal, de mayor implantación tecnológica y, señor Ruiz-Gallardón, estamos en medio de una crisis económica.
En cuanto a muchas de las propuestas que usted nos ha planteado hoy en esta comparecencia, ya veremos si en el proyecto de presupuestos que presentará su ministerio, éstas se reflejan para poder conseguir unos mayores recursos económicos, personales y tecnológicos que garanticen a los juzgados una mayor celeridad.

Por último, ha planteado también toda una serie de reformas parciales. Nos propone reformar la Ley del Aborto, para que nos entendamos -no voy a repetir el título de la ley-: el paso de una Ley de Plazos a una Ley de Supuestos. Creo que esto es un error. La Ley de Supuestos es una gran hipocresía, ¿o es que realmente van a perseguir ustedes penalmente a aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo en supuestos que no estén contemplados, por ejemplo, en los tres  que había en la ley anterior? Creo que la Ley de Plazos es la que se aplica en los países europeos más punteros. Ha dado unos buenos resultados desde que se aprobó hasta este momento. Y, por otra parte, si ustedes proponen esto, lo más fácil sería conseguir el compromiso de que cuando los que apostamos por una ley de plazos volvamos a tener mayorías la cambiemos, con lo cual no habrá manera de poder estabilizar una Ley del Aborto que represente el sentido común y de opinión de la mayoría de los españoles.

Nos plantea usted, en segundo lugar, una serie de cuestiones en relación con una Justicia más dura. En España no hay graves problemas de seguridad en comparación con la media europea. Es verdad que ha habido aquí crímenes muy dolorosos, con un gran acompañamiento mediático, pero no creo que sea bueno legislar partiendo de ese tipo de crímenes, de esas situaciones o del ambiente mediático que pueda crearse. Creo que esto no es conveniente, porque el endurecer las leyes por motivos así tan solo es populismo. De la misma manera que lo que se conoce como cadena perpetua, que usted llama prisión permanente revisable: ya que la cadena perpetua no es revisable, tampoco creo que sea una apuesta que garantice algo ni que mejore algo, ya que lo único que expresa es un cierto populismo como si vinieran a decir: Ahora hemos llegado los duros de verdad y lo vamos a solucionar todo. Pues lo cierto es que ustedes no van a solucionar nada más en materia de seguridad ciudadana que aquello que se haya resuelto hasta el momento.

Señor ministro, creo que ni el integrismo religioso ni el populismo son buenos consejeros para los legisladores, pero en mi opinión, su programa y sus propuestas pecan en algunas cuestiones de integrismo y de populismo.

Por último nos ha hablado de consenso, de su contrato ciudadano y de mayoría absoluta. ¿Qué quiere decirnos exactamente; que o consensuamos su contrato ciudadano o no hay consenso? ¿Cómo hace usted compatibles estas dos afirmaciones, señor ministro? Pues si algunos grupos de la oposición tenemos que decir sí a su programa electoral, ya tiene por delante nuestro no. De la misma manera, y con mayor autoridad y fuerza, su grupo parlamentario podría contestarme lo mismo, pero creo que la búsqueda de consenso no puede venir precedida de que usted nos diga que tiene un programa electoral, que tiene una mayoría absoluta y ésto es lo que se tiene. Le invito a la serenidad y a la capacidad de diálogo, que es lo que hoy nos conviene -yo creía que ese era su perfil-, pero de verdad, señor ministro, lo que no le conviene ni a España, dada la situación actual, ni a nuestro sistema judicial es un ministro cristero. Nos conviene moderación y capacidad de diálogo.