“Privatizar y recentralizar la comunicación audiovisual.”

Intervención en el pleno del Senado del 18/07/2012 sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Propuesta de veto número 2, del senador Jordi Guillot y del senador Joan Saura. Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Guillot.

Gràcies, president.

Señorías, la señora Angulo nos decía que hay tres criterios para hacer política y yo le añadiría un cuarto: no hacer el ridículo. Y menos cuando se hacen estos sermones económicos y se acusa al Gobierno de izquierdas de la Generalitat de hundir al país, cuando hoy hay 1295 trabajadores y trabajadoras de radiotelevisión de Valencia en medio de un ERE que pueden perder sus empleos gracias a la mala gestión, a la manipulación, al cachondeo y a los negocietes entre amiguetes. Por favor, no nos sermoneen, háganse cargo de sus responsabilidades y en concreto hoy que hablamos de televisiones autonómicas, hoy que hablamos del sector audiovisual justifiquen ustedes qué ha pasado en Canal 9 y cómo puede ser que casi 1300 trabajadores se vayan al paro. Esta es una situación que ustedes tendrán que explicar y justificar.

No alcanzo tampoco a comprender por qué una reforma de ley como esta se tramita por vía de urgencia. No es una ley que salga al paso de ninguna urgencia del sector audiovisual, no resuelve ninguno de los graves problemas presentes en el escenario audiovisual español después del apagón analógico, y tampoco responde al conjunto de enmiendas que ustedes defendieron en la tramitación de la ley del audiovisual. No entiendo cómo para privatizar y para invadir competencias autonómicas hagan falta tantas prisas y se tramite con urgencia una ley como esta.
El senador Saura y yo, firmantes de este veto, somos extremadamente críticos con las políticas del Partido Popular hacia el sector de la comunicación audiovisual. Creemos que hoy hay dos grandes prioridades que debería llevar a cabo el Gobierno del Estado:
En primer lugar, políticas públicas orientadas a la consolidación de unos medios de comunicación, especialmente los públicos, como instrumentos fundamentales de la libertad de expresión y de información, expresión y representación de la pluralidad política y de la diversidad social, factores de cohesión social, motores culturales de la industria audiovisual, instrumentos de normalización lingüística en aquellas comunidades con lengua propia.
En segundo lugar, el objetivo del Gobierno debería ser el diseño de estrategias de desarrollo de la industria, y todo el potencial digital para consolidar un sector estratégico para cualquier economía del siglo XXI.

Estas dos grandes prioridades no están hoy en día en la acción del Gobierno y, como mucho, la acción del Gobierno en el sector audiovisual se podría resumir en lo siguiente:
Respecto a los grupos privados afines, alentar y beneficiar. Solo hay que recordar las concesiones de frecuencia de TDT del año 2000, del Gobierno Aznar, a Unedisa y Vocento, o las concesiones realizadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y evidentemente, a los no afines ni agua.
Sobre los medios de comunicación de titularidad pública, han seguido ustedes una doble estrategia:
Los gestionados como ustedes, valgan como ejemplos Telemadrid y Canal 9, manipulación y mala gestión. A los no controlados les han aplicado ustedes una presión política que se podía resumir en cinco puntos:
En primer lugar, degradarlas. El acoso y derribo a que han sometido a Radiotelevisión Española no tiene parangón, y menos en una etapa en que la Corporación de Radiotelevisión Española era líder de audiencia, líder en el reconocimiento social a su profesionalidad y rigor informativo, y en un periodo en que ha ido acumulando premios, especialmente  sus servicios informativos. Por no hablar de sus ataques a TV3, sinónimo de malgasto innecesario, para ustedes el típico malgasto del nacionalismo; para nosotros, una inversión fundamental por ser TV3 un factor imprescindible para la preservación de nuestra lengua y nuestra cultura.
En segundo lugar, controlarlos, y para conseguirlo han sido capaces de aprobar un real decreto de modificación del régimen de administración de la Corporación Radiotelevisión Española, abusando de su mayoría absoluta, que les permite elegir el consejo de administración sin necesidad de consenso parlamentario.
Controlarlos para, a continuación, manipularlos, tercer aspecto. Aún es pronto para hacer un primer balance de la política informativa de Radiotelevisión Española, pero me alarman dos hechos. El primero, nombrar como jefe de informativos al señor Somoano. Señorías del PP, si el PSOE hubiera nombrado como jefe de informativos a un personaje con este perfil político, ustedes lo hubieran crucificado vivo. El señor Somoano, para que ustedes entiendan de quién hablo, no solo estuvo en la dirección de informativos de Telemadrid, sino que es el autor de una tesis que bajo el título “Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular”, tiene las siguientes perlas: El actual jefe de los informativos afirma: Conociendo los medios de comunicación y sin ignorar que son presos de los poderes económicos y políticos, el PP debería de… y hace referencia a una serie de acciones. ¿De quién está presa hoy Televisión Española? El paroxismo llega ya con lo que él define como sectores sensibles para el PP, es decir, jóvenes, inmigrantes, gays y catalanes y andaluces. Solo releeré lo que escribe en este último apartado sobre catalanes y andaluces.
Dice el jefe de los servicios informativos de Televisión Española: “Debemos presentarnos como ciudadanos de a pie y no como señoritos, moderados y dialogantes, que trabajan para que su tierra −se refiere a Andalucía− avance de una manera solidaria. Contrarrestar este valor de la solidaridad con el de un PSOE que está dejando la puerta abierta al tripartito catalán para que rompa la solidaridad Interterritorial, es decir, presentar a la dirección socialista como un grupo de personas que por no poner límites están perjudicando a Andalucía gravemente. Y añade: Es demagógico pero calará en el electorado”.

Señorías, ¿no tenían otro candidato? ¿No había otro candidato a quien elegir como jefe de informativos? Creo que a veces no solo hay que ser honrado, sino parecerlo, y en este caso, con este tipo de tesis, está claro que no es el candidato aconsejable para dirigir los informativos de una televisión pública plural y rigurosa.

Y otro hecho alarmante es la destitución del señor Juan Ramón Lucas, de Radio Nacional de España, director del programa En días como hoy, un programa de éxito y riguroso. Comparto plenamente la crítica realizada por el señor Ansón y publicada ayer en el diario El Mundo. El señor Ansón nos dice: “La destitución es un grave error. A ciertos dirigentes del PP les chiflan los periódicos alfombra; a otros, los periódicos momia. En el PP hay políticos y periodistas que harían un tambor con la piel de su propia madre para redoblar sobre ellas las alabanzas a Rajoy y a Soraya”. Esto es lo que dice el señor Ansón. No me riñan a mí, que solo hago de mensajero.

Y los puntos cuarto y quinto de su política audiovisual son; privatización y recentralización, que son los únicos objetivos de este proyecto de ley.

Ustedes justifican este proyecto de ley de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual por 2 motivos:
El primero, flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.
El segundo, establecer la sujeción de la gestión económica de estas televisiones autonómicas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sobre la flexibilización de los modos de gestión, este proyecto de ley no aporta nada que no sea la posibilidad de transformar la habilitación de servicio público en licencia privada. Sobre el resto de modos de gestión que contempla la reforma, no son ninguna novedad, se realizan ya en diferentes televisiones autonómicas. Por ejemplo en la televisión de Aragón. Hagan ustedes un repaso de las que hoy en día existen.

Señorías, la ley nos dice con mucha claridad que los órganos competentes de cada comunidad autónoma decidirán, dentro de los múltiples canales digitales que se le reserven, los canales digitales de ámbito autonómicos que sean explotados por el servicio público y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia. ¿Por qué transferir canales públicos a los privados? Si una comunidad autónoma no puede o no quiere gestionar un canal público, lo más razonable es aparcarlo. Lo que no tiene ningún sentido habiendo ya la cuota para los privados, es privatizarlo, y quedarse sin la posibilidad de que en un futuro pueda acceder al mismo porque, evidentemente, este paso a la privada hipoteca sus posibilidades de disponer del mismo. Mi razonamiento se entiende de forma meridiana si uno cree que los canales públicos autonómicos y locales son necesarios por representar una televisión de proximidad, siempre ligada a la singularidad lingüística y cultural y por factores de cohesión social y territorial.

Es también preocupante que la reforma que plantea el Gobierno permita la externalización de los servicios informativos. La información, junto con la formación y el entretenimiento de calidad, son funciones fundamentales de un servicio público. En el momento en que se externalizan, ustedes quiebran los principios de independencia, neutralidad y pluralismo. Como es también alarmante la posibilidad que contempla la reforma de que las comunidades autónomas puedan participar en el capital social del privado que se queda con la licencia. Es decir, no solo vamos a privatizar, sino que encima vamos a ayudar a capitalizar a la empresa beneficiada de esta privatización. De verdad,  no encuentro ningún tipo de interés público en todas estas propuestas.
Y tampoco creen en la descentralización política del Estado y, como prueba, un botón con este proyecto de ley. Para ustedes, lo privado es sinónimo de buena gestión y lo público de mala gestión. Es evidentemente una afirmación que no se sostiene. Lo que sí es cierto es algo a lo que antes he hecho referencia respecto a Canal 9; la manipulación, la mala gestión y todo este cachondeo que ha habido en la radiotelevisión pública valenciana ha llevado al desastre laboral que hoy día estamos abordando. Y desde aquí quiero mandar un mensaje de solidaridad y apoyo a esos trabajadores.

Pero, señorías, si somos respetuosos con las leyes, si somos respetuosos con los estatutos, quien tiene la responsabilidad de garantizar la mejor gestión de sus servicios son las propias comunidades autónomas. Lo que ustedes proponen con el apartado 8 bis, que quieren añadir al artículo 43,  es una invasión de competencias que, como mínimo, la Generalitat de Cataluña tiene. A quien le corresponde gestionar y garantizar la mejor gestión respecto a, por ejemplo, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es a la Generalitat. Y si el Partido Popular cree que está mal gestionado, la señora Sánchez-Camacho o cualquier diputado o diputada del Partido Popular en el Parlament de Catalunya tienen el marco idóneo legal para opinar sobre ello. Lo que no entiendo es por qué ustedes entran a esta concreción y a esta invasión competencial, porque una cosa es marcar límites de déficit y otra cosa empezar a entrar ya en lo concreto, en lo que son competencias propias de las comunidades autónomas, y en este caso de nuestro autogobierno. No tiene sentido. Yo creo que es una invasión de competencias, que esto no es constitucional. Y espero y deseo que el Gobierno de la Generalitat, una vez aprobado ese proyecto de ley y pase a ser ley, dé los pasos necesarios para impedir que pueda invadir nuestras competencias.

Creo, señorías, que si de algo debíamos discutir y legislar es el gran fracaso que ha representado la reforma de la TDT. Estamos a las puertas de un segundo apagón televisivo por la necesidad de migrar a otras posiciones del espectro y dejar espacio a la telefonía móvil de cuarta generación, y de todo esto no hablamos. No hablamos de que, a nivel estatal, el mercado de la TDT nació con 6 operadores privados y un operador público. Hoy en día de esos 6 operadores quedan 2 empresas por la fusión de Antena 3 y La Sexta y de Telecinco y la Cuatro. No hablamos ni nos queremos dar cuenta de que los otros 2 operadores que había, Vocento y Unidad Editorial, después de un proceso complejo, hoy en día se dedican a alquilar sus frecuencias, fundamentalmente a majors y empresas extranjeras que están haciendo el negocio del siglo. De todo esto no hablamos, ni hablamos tampoco de una situación de naufragio generalizado que es la TDT a nivel local. Yo creo que esto es lo que nos debería interesar.

Debería haber un debate de propuestas, de definición de modelos, de búsqueda de fórmulas de financiación, de búsqueda de una sostenibilidad de ese sistema, que ha multiplicado la posibilidad de acceso a canales, y de todo esto no hablamos. El único plan que traen aquí es privatizar en unos momentos en los que, por otra parte, tampoco hay demanda. Pero, ¿quién va a pedir más canales, si los que hay no pueden  tirar hacia adelante? Esto cuestiona la posibilidad de impulso y desarrollo de una televisión pública autonómica en el momento en que haya privatización y, evidentemente, toda cuestión de la invasión competencial de la que antes he hecho referencia.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Estos argumentos justifican el veto que hemos presentado el senador Saura y yo.

           

Anuncios