“Empleo irregular”

Intervención en el Pleno del Senado, 19/12/2012.

Propuesta de veto número 2 al Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social.

Senyora presidenta,Buenas tardes, señorías.

Yo quiero empezar mi intervención diciendo que este formato de debate que estamos utilizando no sirve. Esto de no parar al mediodía, de seguir hasta que se termine, está lanzando el mensaje de: ¡deprisa, deprisa, que hay que irse! Y no creo que sea lo más razonable, ni creo que  ayude a dignificar a esta Cámara, ni creo que ayude a la calidad legislativa del Senado, ni creo que trabajar así nos permita ser verdaderamente una Cámara de segunda lectura. Es hacer puro trámite. Y yo no sé si para hacer estos paripés hay que tener y sostener una Cámara parlamentaria como es el Senado, un Senado ya bastante cuestionado. Insisto, o cambiamos o reformamos o, si no −y lo digo con toda tranquilidad aquí, desde la tribuna del Senado y en una sesión plenaria−, mejor cerrar. Para esto mejor cerrar el Senado.

Entrando ya en el contenido del proyecto de ley, hace pocos días en el debate que tuvimos sobre el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y de la Seguridad Social, ya dije que ni el senador Saura ni yo avalamos ningún tipo de fraude, como tampoco avalamos el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida. Y esto por distintas razones. En primer lugar, por legalidad, las leyes están para cumplirlas. En segundo lugar, porque las principales víctimas del empleo irregular son los trabajadores precarios, tantas veces jóvenes, inmigrantes o mujeres. Y en tercer lugar, porque el empleo irregular afecta negativamente a la eficiencia de nuestra economía y favorece el dumping social y laboral. Digo esto para evitar que ningún portavoz, especialmente del PP, tenga la tentación de poder afirmar que quien se opone a este proyecto de ley, se opone a la persecución del empleo irregular, todo lo contrario.

¿Cuáles son las dimensiones reales del problema que intenta resolver este proyecto de ley?
Los ingresos fiscales de España sobre el PIB son del 35,1, los más bajos de Europa. Grecia tiene un 40,9% y Alemania un 44%. Invertimos en la persecución del fraude un 80% menos que Alemania y 3 veces menos que Francia. El fraude, según los inspectores, se repartiría de la siguiente manera: 71% grandes fortunas y grandes empresas, 8% autónomos y 12% pequeña y mediana empresa. A partir de estos datos pediría a los portavoces del PP que cuando quieran hablar de fraude: 7 de cada diez veces hablen de las grandes fortunas y corporaciones económicas; 1 de los autónomos; 1 de de las PYMES y 1 de los trabajadores. Y que pongan el mismo énfasis al hablar del fraude del señor Díaz Ferrán como lo hacen del pequeño fraude que pueden realizar algunos trabajadores. Me escandaliza oírles culpar de los males del fraude a los trabajadores y trabajadoras.
La economía sumergida se calcula entre un mínimo del 17% del PIB a un máximo del 25%. Muchos autores se inclinan por el 22,5%. El monto calculado es de 73 000 millones de euros. La economía sumergida emplea aproximadamente a 4 millones de personas. Según el Ministerio de Empleo, los 9 primeros meses de 2012 se han detectado 60 000 personas cobrando ilegalmente pensiones, un 0,6% del total de pensionistas que tiene España y 1174 empresas ficticias.

Señorías, estamos ante un problema muy grave. Una verdadera anomalía en una economía desarrollada como es la española.
¿Cuáles son las causas de esta situación?
Seguramente hay muchas explicaciones, pero para mí las más importantes son las causas estructurales de este fenómeno en nuestra economía, una economía desarrollada.
No podemos ignorar que hay un aspecto cultural, de moral tributaria. En España se da una especial condescendencia con el incumplimiento de las obligaciones cívicas. La desafección que estamos viviendo estos últimos tiempos creo que incrementa esta condescendencia.
Hay una densidad e inestabilidad legislativa y normativa en materia laboral. Hay una escasa persecución. Tenemos excelentes cuerpos de inspectores de Hacienda y de inspectores del Trabajo con escasas dotaciones y recursos y, evidentemente, esto es fruto de la voluntad política.

Tampoco podemos ignorar que existen mafias que viven de estos fraudes, esto es innegable.
La inmigración laboral es un sector muy frágil e indefenso frente a estas prácticas, por no hablar de los sin papeles. Pero insistía antes en que para mí lo más importante y lo más sugerente que tendría que tratar el proyecto de ley y que abordar el conjunto de políticas del Gobierno es cómo vamos a la raíz del problema, a las causas estructurales que explican, a mi entender, esta anomalía y estos porcentajes tan altos en empleo irregular, en economía sumergida, etcétera.

Una parte importante de nuestro tejido productivo se basa en sectores tendentes a la utilización de costes laborales muy bajos. El tamaño de las pequeñas y microempresas en España y su posición periférica es extraordinario. El 81,6% de nuestras empresas tienen 2 o menos trabajadores. Es una atomización empresarial tremenda. Tenemos, por otra parte, y esto es una opción política clara y meridiana en este Gobierno, un modelo de apuesta por la competitividad fundamentado en la reducción de costes laborales, con un modelo de relaciones laborales que lo propicia, y la reforma laboral del PP ha sido un nuevo aliciente.
Es decir, el empleo irregular no es un fenómeno tan sólo o exclusivamente producto de comportamientos fraudulentos. Sobre todo, es la consecuencia de un modelo económico y productivo, así como de un modelo de relaciones laborales.

Se equivoca quien piense, porque hay voces que siguen argumentando en ese sentido, que el empleo irregular, la economía sumergida, son una válvula de escape frente a unos costes laborales muy altos, y que reduciendo estos costes laborales se evitaría un porcentaje tan alto de economía sumergida.
Los niveles de los costes laborales en España son de los más bajos de nuestro entorno. Un 25% más bajos que la media de la Unión Europea, un 40% más bajos que en Francia y un 31% más bajos que en Alemania.

Si analizamos la realidad de la Unión Europea se confirma que los países con costes laborales bajos son los que sufren mayor empleo irregular, todo lo contrario a los países con costes laborales elevados.
El proceso de devaluación interna por la que ha optado el Partido Popular, basa nuestra competitividad en costes laborales bajos y esta es una escalera descendente que se inicia con la reducción de salarios, con la doble escala salarial de los jóvenes, con la subcontratación en cadena, sigue con las ETT, con las Empresas de Servicios Integrales que, en realidad, son prestamismo encubierto, y que pasa por los falsos autónomos, por las falsas cooperativas, por los falsos becarios y, en un último escalón, rozando ya la frontera de la legalidad, está el empleo irregular.

¿Aborda este proyecto de ley las razones de problema?
No. Sinceramente, creo que no. Ni este proyecto de ley, ni los Presupuestos Generales del Estado, ni la reforma laboral son instrumentos reales para afrontar el empleo irregular, la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social.

Las políticas del Gobierno del PP apuestan por la devaluación interna. Su ambición es que nuestra competitividad pase por los bajos costes laborales, y qué menor coste laboral que el empleo irregular.
Creo que ustedes no invierten lo suficiente en fortalecer los instrumentos de inspección y control. La OIT recomienda uno por cada diez mil personas activas. En esta misma ley suavizan procesos y sanciones. Sinceramente, creo que esta ley es una ley de fachada, de escaparate, que difícilmente va a afrontar un problema gravísimo que tiene nuestra economía; el de la economía sumergida, un problema grave que también tiene el mundo y el mercado de trabajo y, asimismo, un problema de fraude y de déficit fiscal.

Los trabajadores, más en tiempo de crisis y especialmente mujeres jóvenes e inmigrantes, y más aún inmigrantes sin papeles, están en una situación de subordinación en las relaciones entre el capital y el trabajo. Este es un hecho objetivo. Y en esta relación de subordinación la parte más débil, más vulnerable es la de los trabajadores. No es que haga apologismo del mundo del trabajo frente al capital, es que es una realidad. Por eso, las leyes deben ser garantistas de estos derechos, cosa que no ha conseguido su reforma laboral, todo lo contrario, la reforma laboral destroza gran parte de las garantías que hasta el momento existían.

Y respecto a la reforma laboral permítanme que aporte unos datos: 2012 se va a cerrar con 800 000 parados más. Dato objetivo: –hablo de la EPA- se han destruido 175 000 empleos. La contratación indefinida respecto a 2011 cae un 10%. Se han destruido en tres meses 179 400 contratos indefinidos. El 58% de los trabajadores ahora cobran por debajo de los 950 euros al mes. Las demandas de despido han crecido un 10,6%. Los concursos de acreedores de empresas, más del 20%. Incidentes laborales y expedientes de regulación de empleo, más del 70%. Si esta reforma laboral nos iba a colocar en la senda del crecimiento y de la creación de empleo, que baje Dios y lo vea.
Esta reforma laboral está causando una devastación social. Esta reforma laboral, si es que sinceramente ustedes la propusieron para esto, les ha salido mal. Esta reforma laboral representa una devaluación interna y contracción  de los costes laborales. Claro que hay fraude. Claro que hay empleo irregular. Claro que hay economía sumergida. Pero les invito a que frente a esto reaccionen con la contundencia necesaria, primero, hacia lo grande, luego hacia lo mediano y luego hacia lo chico. Expresen realmente su voluntad porque nosotros claro que alabamos al Cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Trabajo. Pero con quien está rabioso el Cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Trabajo es con ustedes, señorías del PP, porque no les dan ni la dotación de recursos ni este proyecto de ley permite aclarar las funciones de control y seguimiento del fraude en el mundo del trabajo y de la Seguridad Social.

Por todas estas razones, porque creemos que esta ley no afronta los problemas estructurales, porque va acompañado de una serie de medidas de este gobierno que contradicen el preámbulo de este proyecto de ley, porque en algunos aspectos del articulado de esta ley se contradicen al suavizar aún más las sanciones o las causas de sanción, el senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, hemos presentado este veto. Lo único que le pido, señorías —con esto termino, señor presidente—, es que intentemos ser lo más racionales posible, que intentemos colocar los problemas donde realmente están y los problemas del gran fraude están en los que tienen mucho y no en los que tienen poco.          

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