“Poder judicial”

Intervención en el Pleno del Senado, 20/12/2012.

Propuesta de veto número 4 al Proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia.

senyor president. Señorías.

Detrás de un título tan largo de este Proyecto de ley, se esconde un pequeño y negro objetivo, que es aplicar la política de recortes a la Administración de Justicia. Ya saben sus señorías que para este Gobierno eficiencia es sinónimo de recortes, así es como lo entiende hasta ahora el Gobierno del PP.

Lo que se plantea en este proyecto de ley es para el senador Saura y para mí, grave, muy grave: a cambio de un ahorro de 20 millones de euros se va a deteriorar aún más la Administración de Justicia. En un período de crisis, de recortes, de privatizaciones, de desregulaciones, el último refugio para mucha gente, sobre todo para los más débiles, es la Justicia, y este refugio hoy se va a ver más deteriorado con la aprobación de este proyecto de ley y más inaccesible por los incrementos de las tasas judiciales.

Mi intervención, que hago en mi nombre y en nombre del senador Saura, senadores de ICV, para justificar este veto la he intentado agrupar en cinco bloques para que sea lo más comprensible posible. En el primer bloque haré una descripción de cuál es la realidad de nuestra Administración de Justicia. En segundo lugar, cuál es la percepción de los ciudadanos de la Administración de Justicia. En tercer lugar, recordaré todos los compromisos que el señor Ruiz-Gallardón tomó en su primera comparecencia en esta Cámara respecto a lo que iba a ser la gestión de su ministerio. En cuarto lugar, cuáles van a ser los efectos de la ley al aprobarse y a partir de aquí, en quinto lugar, las conclusiones que justifican el veto.

1º La realidad de la administración de justicia.
¿Cuál es la realidad de nuestra Administración de Justicia? Cuatro datos. El ratio de jueces por habitantes es de 10 por cada 100 000 habitantes, solo superamos a Turquía y a Estonia, en Francia es de 20 cada 100 000. La litigiosidad, es decir el número de asuntos tratados, en España en 2011 fue de 9 041 442 asuntos; solo se revolvieron dos terceras partes.
Para poner un ejemplo del incremento de los litigios con la crisis, con la reforma laboral, voy a dar también cuatro datos. Las demandas de despidos han crecido en el primer trimestre de 2012 un 10,6%; los concursos de empresas un 20%; los incidentes laborales y los expedientes de regulación de empleo, un 70%. En España hay 345 juzgados de lo social, cuando las necesidades reales hoy serían de 295 nuevos juzgados y 114 nuevas plazas de magistrados. Los desahucios –nos lo recordaba el otro día el Consejo General del Poder Judicial- se han incrementado un 134% y el Gobierno ha convocado un 86% menos de plazas para nuevos jueces en la Escuela Judicial. Esta es la realidad de nuestra Justicia, una Justicia que no cuenta hoy con los recursos y los medios suficientes para poder ejercer una tutela judicial efectiva.

2º Percepción ciudadana.
¿Cuál es la percepción de los ciudadanos sobre la administración? –y haré referencia a una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológica-. Que funciona mal o muy mal lo opina el 48% de los encuestados; que los medios son insuficientes, es la opinión del 61,6%; que hacen falta más jueces, el 40%; que hace falta más personal, un 21,4%; que serían necesarios procedimientos más ágiles y rápidos, un 77,4%. Entre los entrevistados, de todos aquellos que habían tenido relación por algún asunto con la Justicia su percepción entre mala o muy mala casi llegaba al 45%.
Es decir, con la aprobación de este proyecto de ley vamos a reducir casi un 28% el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Señorías, es una simple regla de tres. Yo diría también, como ha dicho antes el senador Iglesias: dejémonos de que con menos haremos más y de todas estas patrañas. Es una simple regla de tres, si en España la justicia es lenta, poco ágil, si la percepción ciudadana es la que es y se recorta un 27,8% el número de jueces y magistrados sustitutos y suplentes, ya me dirán ustedes si la cosa va ir a mejor o a peor. Es evidente que la situación va a empeorar, es una simple regla de tres, y no solo no va a empeorar, sino que, insisto, la ciudadanía va a tener una tutela judicial menos efectiva.

3º Compromisos del ministro Ruiz Gallardón.
¿Qué nos decía el señor ministro el 5 de marzo de 2012? Primero, diálogo y mano tendida, que para ustedes estos es un eufemismo. Con este proyecto de ley llevamos veinticinco, llevamos dos Presupuestos Generales del Estado y creo que, entre una cosa y otra, debo rondar más de 7000 enmiendas presentadas, de las que se habrán aprobado media docena. Así que, mano tendida para el Gobierno y para el Partido Popular es un eufemismo.

Pero con todo, y más allá del diálogo y de la mano tendida que políticamente no existe, lo que también es cierto es que el señor Gallardón ha conseguido algo inaudito, que es unir a toda la judicatura en contra de una propuesta del Gobierno, por encima de las diferencias ideológicas.
En su intervención hacía referencia a la lentitud de la justicia, los agobios que sufren los juzgados y tribunales, que su objetivo era conseguir que la Administración de justicia fuera sinónimo de celeridad y eficiencia, seguía afirmando que hay que aceptar que tenemos un problema. La congestión de juzgados y tribunales, el retraso en la ejecución de las sentencias, la tardanza en la consolidación de la doctrina −esto es literal− jurisprudencial, no son simples contratiempos que afean con una nota de ineficacia la Administración de Justicia, son algo mucho más grave, porque afectan al derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia rápida y al día.
El señor ministro recordaba que un derecho ciudadano, un derecho fundamental, es que los españoles y españolas puedan acceder a una justicia rápida y al día. El señor Gallardón seguía insistiendo en que España no estará en una auténtica igualdad de condiciones para medirse con otras economías y otros mercados hasta que no consiga que su sistema de justicia acredite agilidad, claridad y seguridad.
Este proyecto de ley desdice totalmente los objetivos y compromisos que el señor Ruiz-Gallardón adquirió al inicio de su mandato como ministro de Justicia.

Recordado todo esto, lo que está claro para este senador y para el senador Saura es que la justicia de la cotidianeidad, la justicia del cada día, la justicia que afecta a los miles y miles de ciudadanos se verá negativamente afectada.

4º Efectos del proyecto de ley.
¿Cuáles van a ser los efectos de la ley? A pesar de que los criterios de independencia e inamovilidad, deben presidir a los profesionales de justicia, la interinidad es una realidad de nuestro sistema judicial. Seguramente es una anomalía del sistema, pero ha ido permitiendo el funcionamiento de la misma Administración. Miles de sustitutos ocupan de forma casi permanente puestos en la judicatura. El proyecto de ley propone simple y llanamente cargarse los empleos interinos, que, como recordaba antes, supone casi un 28% del total de la plantilla. Un recorte de la plantilla que se quiere paliar con la cobertura de ausencia y vacantes y refuerzos con miembros de la carrera judicial de forma voluntaria y retribuida − una retribución menor del coste actual− y también en algunos casos de forma obligatoria.
Se utilizará un concepto tan vago como carga de trabajo a la hora de distribuir estas sustituciones, con lo cual puede darse la paradoja de que el buen profesional se vea sobrecargado con más tareas. Las sustituciones tendrán un coste más bajo, se propone que jueces en prácticas hagan sustituciones y refuerzos −jueces aún no capacitados, por eso los llamamos jueces en prácticas−, con lo cual, señorías, si el diagnóstico y la percepción pública es compartido, si es verdad que tenemos una Administración de justicia lenta y poco ágil, de qué nos sirve una ley que no hace ni una propuesta que la mejore funcionalmente, que no va a aumentar el número de profesionales de la justicia y que lo único que va a hacer es sobrecargar una plantilla que se verá reducida por la retirada del personal sustituto. Personal sustituto que, a su vez, acumula una capacidad de capacitación que con esta ley vamos a echar por la borda.

5º Razones para el veto.
A partir de este análisis que antes les he expuesto, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos desde Iniciativa per Catalunya Verds que, en definitiva, son las que justifican este veto?
Nosotros ya nos hemos opuesto, desde el primer momento, a la política de recortes porque la misma es la consecuencia de un mal enfoque y de unas políticas erróneas para salir de la crisis. Nosotros nos oponemos a esta reforma por la falta de negociación, porque representa un recorte de derechos conquistados por los trabajadores también de la administración de justicia y porque comporta un nuevo recorte salarial. Esta ley va a representar un retroceso en la pérdida injustificable de derechos laborales y sociales en la administración de justicia. ¿A cambio del recorte qué se va a conseguir? Mayores sobrecargas de trabajo que limitarán aún más una tramitación eficaz de los procedimientos, lo que provocará un mayor colapso judicial, se producirá un deterioro mayor de la justicia y de la capacidad de tutela judicial efectiva, esto siempre con la lógica de degradación de los servicios públicos, hoy le ha tocado a la justicia, que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular al anteponer los recortes presupuestarios por encima del funcionamiento de los servicios públicos y a su vez el ejercicio de derechos.

Quiero terminar, señor presidente, recordando que nuestra sociedad se deteriora cada vez que los derechos básicos pasan a ser servicios, y servicios solo contemplados desde la única y exclusiva óptica económica.

Creo que con estos argumentos justifico el veto del senador Saura y mío mismo, y es por ello que les pido el voto.