“Proyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.”

Intervención en el Pleno del senado, 6-11-2013.

Senyor President.
Señorías.

Esta propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es el corolario de la reforma de la Constitución en su artículo 135. Reforma perpetrada con el acuerdo exclusivo del PSOE y del Partido Popular. Aquella reforma constitucional tuvo a mí entender dos efectos negativos:

–          La ruptura del consenso constitucional, anunciado por dos de las fuerzas que jugaron un papel fundamental en la elaboración de la Constitución con la que recuperábamos la democracia- -los nacionalistas catalanes y los partidos herederos del Partido Comunista de España y del PSUC, IU e ICV.
–          Y la institucionalización de la ideología neoliberal en nuestra Constitución. El deber de pagar la deuda prevalece como valor superior a los de la justicia e igualdad en la definición de nuestro estado como un estado democrático y social de derecho. Una reforma constitucional que invadía la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas.

Fruto de la reforma constitucional se aprobó, ya con el Partido Popular en el gobierno, la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El PSOE no solo perdía las elecciones, sino que lamentablemente participaba de unas políticas que ayer ya se anunciaban como erróneas y hoy se ven como fallidas
.A este marco legislativo hay que añadir todas las imposiciones que se derivan del proceso de cumplimiento de procedimiento del déficit excesivo y las del memorando firmado para la instrumentación de la ayuda financiera destinada a la reestructuración del sistema bancario español, en ellas se recoge la puesta en marcha de una autoridad fiscal independiente. Hoy se nos propone aprobar la creación de esta autoridad independiente que velara por el cumplimiento de unos criterios estrictos de consolidación fiscal, cuestionados y demostradamente fracasados.

Señorías, nadie desde la  política responsable puede desentenderse del déficit y la deuda. Lo hemos reiterado en todos los debates realizados sobre esta cuestión. Lo que nunca hemos compartido es la imposición de unos plazos y unos límites de contención del déficit, el incumplido 3% del PIB para el 2013, por cierto nunca nadie ha justificado por qué el límite se fijaba en el 3% y no en el 2% o el 4% y por qué el plazo era para el 2013. La realidad y las ampliaciones de plazos y porcentajes realizados por Bruselas demuestran la arbitrariedad de esta propuesta.

Podíamos discutir sobre cómo se estima el déficit estructural; podemos discutir sobre los criterios para definir los umbrales de la sostenibilidad del nivel de endeudamiento; pero quiero insistir; nadie ha puesto en duda la necesidad de atajar el déficit y disminuir la deuda pública. Lo que ustedes no han querido compartir, es que era y es necesario disponer de recursos económicos para relanzar la economía y crear empleo. Crecimiento económico, que al fin y al cabo, es la única garantía para generar los ingresos necesarios que nos quiten de este déficit y permitan reducir nuestro nivel de endeudamiento. La propuesta era sencilla: alargar los plazos. Para hacerla viable era preciso coaligarnos los países del sur europeo para exigir a Bruselas racionalidad a cambio de compromisos y seriedad. Ustedes optaron por un insensato, sálvese quien pueda. Los resultados están a la vista.

Las políticas del gobierno Rajoy para afrontar la crisis se puede resumir, en recortes del estado de bienestar para reducir el déficit y devaluación interna para ganar competitividad. Como devaluación interna se entiende las rebajas de los costes laborales producidos por las reducciones salariales y el despido libre. Ahora, ayer el presidente Rajoy y el ministro Montoro lo reiteraron tantas veces como pudieron, argumentan a su favor que el crecimiento de un exiguo 0’1% de nuestro PIB el pasado trimestre y los datos de incremento de 54.927 afiliados a la Seguridad Social permite ya hablar de salida de la crisis. No es cierto, con más de un 25% de paro, caída del consumo y ausencia de créditos a empresas y familias no hay salida posible de la crisis. Pero es cierto que pronto o tarde saldremos de la crisis, todo toca fondo. Y cuando empiecen a verse rayos de luz en esta oscura noche que representa la peor crisis sufrida por nuestro país podremos ir viendo con mayor claridad el escenario después de la batalla, el modelo de sociedad que emerge de su gestión de la crisis. ¿Y que veremos?

–          Que los costes de la crisis no se repartieron equitativamente, los soportaron fundamentalmente la clase trabajadora y las capas medias.
–          Una España más pobre.
–          Una sociedad más precarizada.
–          Altos niveles de pobreza severa y crónica.
–          Un estado de bienestar desmantelado y privatizado.
–          Un mercado de trabajo desregulado. Laminación de derechos laborales y sindicales.
–          Una generación de jóvenes perdida.
–          Desafección.

En resumen: una España más pobre, injusta y desigual.
Hoy nos proponen la creación de esta autoridad independiente que tiene como principal misión fiscalizar las políticas públicas para adecuarlas y estrecharlas a los límites que marca la consolidación fiscal. No estamos de acuerdo ni con esta propuesta ni con el recorrido del que se vanagloria este gobierno, de haber sido pioneros en la reforma constitucional que consagró la consolidación fiscal, ni en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No queremos ver atado de pies y manos la disponibilidad sobre el gasto público a criterio y responsabilidad de los poderes políticos democráticamente elegidos. Y mucho menos en una Eurozona, que pese a compartir moneda no dispone de una hacienda propia ni de un banco central que pueda actuar más allá del control de la inflación.

Ni estamos de acuerdo con la propuesta, ni creemos que el proyecto de ley garantice por sí mismo los instrumentos que permitan que esta autoridad sea realmente independiente. Si siempre es difícil, cuando no imposible hablar de independencia en relación a la economía, la experiencia acumulada con este gobierno me permite afirmar, incluida la última; la elección del presidente del Tribunal Constitucional de un militante del PP, que ustedes dispondrán de esta figura según sus intereses. Una autoridad que dependerá directamente del Ministro de Hacienda y que será financiada por tasas que pagarán las administraciones que son objeto de su supervisión.

El senador Saura y yo, creemos que hay que desandar el camino tomado. Proponemos una reforma del artículo 135 de la Constitución a su redactado original. Garantizar la preeminencia del artículo 1.1, el que define España como un estado social y democrático de derecho, por encima de cualquier otra consideración.

Consideramos que no hay una justa salida de la crisis que conlleve el desmantelamiento del estado de bienestar y el recorte de los derechos sociales.
Es por todo ello que pedimos su voto a este veto.

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