“Veto de ICV al Proyecto de Ley de Seguridad Privada.”

Intervención en el Pleno del Senado,12 de marzo de 2014.

Gràcies, senyor president.

Señorías, presento este veto en nombre del senador Saura y mío, y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, y permítanme que antes de entrar en el contenido específico de la ley dé dos primeros argumentos que lo justifican.

El primero es el no compartir que se pueda reformar o elaborar una nueva ley de seguridad privada –que es evidente que la actual ha quedado obsoleta− sin antes reformar la Ley Orgánica de Seguridad Pública –que aún lo está más, es una ley de 1986−. Señorías, creo que lo razonable hubiera sido aprobar en primer lugar una nueva ley de seguridad pública y después, de forma subordinada a los contenidos de esta, regular la seguridad privada.

Una segunda crítica es que demasiadas cuestiones, y muchas de ellas muy sensibles, quedan abiertas en el proyecto de ley para un posterior desarrollo y concreción reglamentaria, sin negar –lo decía antes el senador Iglesias− las mejoras que el proyecto de ley ha sufrido en su tramitación en el Congreso y en el Senado. En el Senado en concreto, todo lo que afecta a las competencias de las comunidades autónomas, con la incorporación o transacción de muchas de las enmiendas de Convergència i Unió. Pero comprenderán las reservas que tenemos el senador Saura y yo sobre cómo puede ser el desarrollo reglamentario que realice el ministerio; un ministro y un ministerio que quedaron suficientemente retratados con el redactado inicial del proyecto de ley.

El senador Saura y yo abordamos la lectura de este proyecto de ley desde tres premisas básicas. La primera es que sin seguridad no hay democracia, sin seguridad no se puede garantizar el pleno ejercicio de las libertades. La segunda premisa es que la seguridad pública es monopolio por mandato constitucional del Estado y, por tanto, de las fuerzas de seguridad. Y la tercera premisa es que corresponde a los poderes públicos garantizar la seguridad necesaria y de forma universal. Y quiero recordar –también lo han dicho antes otros portavoces− que en España no hay ningún problema de delincuencia; la delincuencia en España está por debajo de la media de la Unión Europea.
Es por estas tres razones, por esas tres premisas que antes he enunciado, que nunca apoyaremos una ley que permita la participación de vigilantes privados en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública ni que sea complementando la acción policial, como recoge el artículo 41.3.d). Es más, señorías, ¿dónde podrá participar la seguridad privada en el sentido de complementar la acción policial? Pues allí donde esté presente. ¿Y dónde estará presente? Allí donde se pueda pagar, y creemos que es fácil deducir a partir de esta lógica que se va a producir una discriminación social y territorial, a la cual nosotros nos oponemos.

Nos oponemos también a cualquier intento directo o indirecto de privatización de la seguridad. Nos oponemos a que la lógica de los beneficios pueda inmiscuirse en materia de seguridad pública, aunque se plantee de forma tangencial y complementaria. Nos oponemos a que se autoricen las cesiones de datos que contempla el artículo 15.1. Nos preocupa –y nos preocupa mucho− que la vía pública, los espacios públicos puedan ser ámbitos de actuación por parte de la seguridad privada.
Somos contrarios a que empresas y personas sin responsabilidad institucional y a los que la sociedad no reconoce legitimidad social para ejercer funciones de seguridad puedan relevar, aunque sea parcialmente, a aquellos a quienes sí les reconocemos esta legitimidad y tienen esta responsabilidad institucional: las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Nos preocupa también y mucho el artículo 32.1.d), que hace referencia a la posibilidad de detenciones por vigilantes privados. Seguramente saldrá a lo largo del debate que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que cualquier persona pueda detener a quien cometa un flagrante delito o denunciar una infracción administrativa. Lo que es preocupante de este proyecto de ley, es que esta potestad de detención sea sacada del contexto de actuación pasiva o reactiva; es decir, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se pretendía, hasta ahora, que los ciudadanos, en el caso más concreto de los vigilantes, llevasen a cabo una actitud proactiva buscando delincuentes para poder detenerlos; se esperaba de ellos solamente su actuación si casualmente observaban esas conductas delictivas. Con la nueva redacción, con este proyecto de ley, de ser aprobado, la detención no solo es una posibilidad, detener pasa a ser una de sus funciones por cuanto puede provocar una actividad no solo reactiva, sino proactiva, que el senador Saura y yo entendemos que debe estar en manos exclusivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Y estamos hablando, señorías, de derechos fundamentales. Y lo mismo vale para las persecuciones.
Entrando ya en otros contenidos del proyecto de ley, hago mías las críticas que la Unión de Empleados Públicos realiza a la propuesta. Les voy a leer su opinión, que comparto plenamente. Nos dice la Unión de Empleados Públicos: Es innegable la reducción de las plantillas que vienen sufriendo las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los últimos años, especialmente la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía –yo añadiría también la Policía Local−. De algún modo se tiene que rellenar ese déficit y esta ley va a  permitir que sean las empresas de seguridad privada quienes lo hagan, por lo que las plantillas de las fuerzas de seguridad podrán ir reduciéndose poco a poco. Lo que hoy comienza como complemento, mañana podrá ser una plena sustitución. El ministro del Interior lo niega. Es más, justifica esta ley con el argumento de liberar a la Policía o a la Guardia Civil de la vigilancia, por ejemplo, de garitas y así poder destinarlos a cometidos más acordes con su formación y las necesidades en materia de seguridad.

La realidad es que estas sustituciones de policía o guardiaciviles por vigilantes privados no representan liberar más recursos humanos, sino que están destinados a compensar y cubrir el déficit general por la falta de oferta de empleo público y la consecuente reducción de plantillas.
También un objetivo de esta ley es recortar la inversión en seguridad pública. Se inicia con este proyecto de ley un proceso de privatización que, como muy bien señalaba Gemma Galdón, doctora en políticas públicas, comporta dos serios riesgos. El primero, la creación de una nueva burbuja ligada a la seguridad privada. Sorprende que haya grandes inversores internacionales que apuesten e inviertan en empresas de seguridad privada en España y segundo, el riesgo también de mayores costes. Nos señala la señora Galdón que en Estados Unidos, donde la privatización está más avanzada, todos los estudios arrojan una conclusión unánime: a mayor privatización, menor ahorro.

Se ignoran en el proyecto de ley los derechos laborales de los vigilantes privados; se les cercena su derecho a la huelga; se condena al sector a continuar instalados en la precariedad, los bajos salarios y una organización de trabajo injusta –solo hay que conocer las jornadas extenuantes que deben realizar los vigilantes privados−.
También realizamos el senador Saura y yo una lectura negativa de cómo aborda el proyecto de ley las cuestiones referidas a los servicios con armas de fuego. No es razonable, insisto, no es razonable, que la ley no establezca los límites de estos servicios y se delegue en el Gobierno su concreción mediante reglamento.

Es negativo también el desinterés del proyecto de ley en normar una adecuada formación de los vigilantes privados y más si se tiene en cuenta la ampliación de funciones que el proyecto contempla. No se define ni la duración ni el carácter de la formación que recibirán dichos vigilantes privados de seguridad.
Tanto el Sindicato Unificado de la Policía como la Asociación Unificada de Guardiaciviles alertan de esta cuestión, de la cuestión de la formación.

Señorías, este proyecto de ley es regresivo y privatizador. Será una fuente de problemas que afectarán a derechos civiles. Representará, en definitiva, una dualización social en materia de seguridad: quien la pueda pagar tendrá una mejor seguridad que quien no pueda. Y estoy hablando de la seguridad cotidiana, de la cotidianidad, de aquella que afecta a la ciudadanía, a los delitos menores, aquellos que, en definitiva, luego comportan cuál es la perspectiva o no de seguridad o inseguridad. Aquello, insisto, que afecta a la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

Es verdad –ya lo decía el senador Iglesias− que este proyecto de ley forma parte de una misma lógica, que es la apuesta por una sociedad dualizada: quien tenga dinero y se lo pueda permitir, a partir de la aprobación de este proyecto de ley tendrá una mejor seguridad; quien tenga dinero y se lo pueda permitir, a partir de otros proyectos de otras leyes tendrá una mejor sanidad; quien tenga dinero y se lo pueda permitir, tendrá derecho a mejores pensiones.

Pero yo creo que la ambición del legislador, la ambición de todo el Gobierno, debe ser garantizar la equidad, la igualdad y la universalidad en todos los derechos, también el de la seguridad.

 

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