“Carta Social Europea.”

Intervenció al Ple del Senat, 7 d’abril  de 2014

Señorías, vamos a votar esta moción del PSOE, pero espero que alguien o algunos den una explicación de por qué catorce años después de que el Gobierno de José María Aznar firmase esta Carta Social Europea revisada, aún no ha sido ratificada. Señorías socialistas, si hubieran aprovechado ustedes las dos legislaturas en que gobernaron, ya la tendríamos. Y esto no es excusa para que el Partido Popular hoy diga que va a votar en contra de esta ratificación; el Partido Popular tendría que explicar cómo es posible que un Gobierno popular la firmara y no la quieran ratificar.

¿Es útil la Carta social europea? Sí, es el compendio más completo en el que se han reflejado los derechos laborales y sociales. ¿Es necesaria su ratificación? Sí, porque la Carta social europea no solo es una relación de derechos, sino también un sistema de garantías, las propias que emanan del seguimiento, control y evaluación del Comité Europeo de Derechos Sociales y las del protocolo adicional de 1995, que prevé un mecanismo de reclamación colectiva. Y, señorías, ya se sabe que los derechos valen lo que valen las garantías con que se dotan para su cumplimiento.

¿Cómo nos afecta la Carta social europea? Les explicaré un ejemplo concreto y referido a España. Antes, el senador Iglesias también hacía referencia a él. España presentó en octubre de 2012 el preceptivo informe sobre los ámbitos de la salud y la protección social. A lo largo del 2013 el Comité Europeo de Derechos Sociales lo estudió, e hizo público su informe el pasado 28 de enero. En dicho informe se anunciaban seis violaciones de la Carta social europea, y me referiré a algunas. Por ejemplo —creo que la ministra Mato no lo ha leído—, el comité considera la exclusión de las personas en estatus irregular del Sistema Nacional de Salud como una discriminación y una violación de la Carta social europea. También detecta como una violación el compromiso de establecer o mantener un sistema de Seguridad Social, no porque no exista dicho sistema en España, sino porque considera que sus prestaciones son manifiestamente inadecuadas, refiriéndose especialmente a las prestaciones por enfermedad y por desempleo. Esto afecta a Mato y a Báñez. Y un tercer dato es la denuncia de que el sistema de rentas mínimas en la mayoría de las comunidades autónomas otorga unas prestaciones limitadas por excesivos requerimientos y con unas dotaciones que se hallan por debajo del umbral de la pobreza, excepto en el País Vasco y Navarra —comunidades del cupo, vamos a ser claros—.

Comparen estas denuncias del comité con la propaganda gubernamental y saquen sus conclusiones.

¿Por qué no ha sido ratificada la Carta social europea revisada? España la firmó en el año 2000, pero hasta que no haya sido ratificada por las Cortes Generales no se verá obligada por ella. Este es un dato importante. Una cosa es haberla firmado y otra que hasta que no haya sido ratificada, no nos vincula. Dicho de otra manera, no ratificarla nos libra de compromisos laborales y sociales.

Otra razón segura son las reticencias a hacer reclamables ante un órgano cuasi judicial una serie de derechos que nuestra Constitución no reconoce como enjuiciables por los tribunales españoles, y seguramente también pesan las reservas a vincularse y obligarse con estándares laborales y sociales más exigentes.

¿Cuáles serían las ventajas de esta ratificación? Avanzar en la homologación de los estándares europeos en materia de derechos laborales y sociales, daríamos un paso adelante en el reconocimiento y cumplimiento de una serie de derechos tantas veces ignorados, conculcados y recortados por nuestros gobiernos, especialmente por este, ya que con la crisis, y en esta legislatura con mayoría del PP, creo que hemos realizado una involución sin parangón en materia de derechos laborales y sociales. El mejor ejemplo es la reforma laboral.

Otra ventaja sería la mejora en los mecanismos de supervisión del cumplimiento por parte de España de la Carta social europea. También daríamos mayor visibilidad a la Carta para los interlocutores sociales, para los jueces y para la población en general, y también cabría la posibilidad de presentar reclamaciones sobre prácticas legislativas o administrativas generales, no sobre casos concretos, lo que permitiría atacar la raíz de las violaciones a los derechos reconocidos en la Carta social europea. Y, señorías, avanzaríamos en la construcción de una España y una Europa más social.

Creo que en la actual coyuntura económica, social y laboral, ratificar la Carta social europea representaría un giro político y un mensaje a la sociedad de que la gestión y salida de la crisis no es incompatible con la preservación de los derechos laborales y sociales. Un giro político porque, señorías, las políticas del Gobierno Rajoy y su gestión de la crisis hoy por hoy son incompatibles con la defensa de estos derechos. Antes hablaba de la reforma laboral. No me voy a referir a ella en cuanto a su impacto ni sobre la economía ni sobre el empleo, pero sí sobre los derechos laborales. ¿Recorta o no los derechos laborales la reforma laboral? Sí, es indiscutible. Cuando una ley permite el descuelgue unilateral del empresario del convenio que le afecta, esta ley está laminando los derechos de una de las partes, la de los trabajadores.

Señorías, y especialmente señorías del PP, cuando se incrementa la pobreza, cuando hay tanto paro, cuando hay tantos parados sin cobertura, tantos hogares sin ningún tipo de ingresos, se están violando derechos laborales y sociales, se está incumpliendo la Carta social europea. España afronta una gravísima crisis social. Frente a ella no valen ni excusas ni herencias, solo responsabilidad política y responsabilidad del Gobierno, y la pregunta, señorías del PP,  sería por qué no se quiere votar y ratificar esta Carta social.

¿Por qué decimos que no a la protección en caso de despido, a la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia de su empleador, a la dignidad en el trabajo, a la conciliación de la vida familiar y laboral, a la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa, a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo, a la protección contra la pobreza, la exclusión social y a la vivienda? ¿Por qué no se ratifican estos derechos? Estos son los nuevos derechos que incorpora la Carta Social Europea en su revisión de 1996 y que aún no hemos ratificado.

Quiero terminar diciendo que votar hoy en contra de la ratificación de la Carta Social Europea es votar menos Europa. El europeísmo bien entendido es ir avanzando en la homologación y armonización de los derechos y deberes de nuestras sociedades hasta la creación de un verdadero interés general europeo, cosa que hoy por hoy no está en la agenda del PP.

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