“Veto al Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.”

Pleno del Senado, 4 de junio de 2014.

Senyor President.
Señorias.
Quisiera empezar la defensa de este veto que presentamos los senadores Iglesias, Mariscal, Saura y yo en representación de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds, recordando dos afirmaciones realizadas por miembros de este gobierno sobre nuestPro sistema financiero.

La primera del mismo presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, que afirmaba no hace mucho que nuestro sistema financiero es el más solvente de Europa.
Y la segunda del ministro de Guindos, que en su presentación del proyecto de ley en el Congreso nos decía que “hoy disponemos de un sector financiero saneado, transparente y solvente que está contribuyendo a que nos situemos de nuevo en la recuperación económica”.

Dos afirmaciones preocupantes que expresan que este gobierno o bien está instalado en la fantasía o en la mentira.

Señorías.
El sistema financiero español ha sido y es un desastre. Se caracteriza por su voracidad especulativa, mala gestión, opacidad y tantas veces por el  puro latrocinio de sus gestores.
Un sector financiero que con la complicidad del poder político ha campado por sus anchas, siendo el principal responsable de la burbuja inmobiliaria. Burbuja que ha provocado una crisis por sobrendeudamiento con efectos muy negativos para la economía real.
Un sector financiero que ha habido que rescatar con dinero público. Rescate que ha exigido la solicitud de fondos a la troika provocando un aumento de nuestro déficit real, por mucho que estos créditos no computen. Créditos otorgados a cambio de cumplir con las imposiciones recogidas en el Memorando de Entendimiento,  firmado por el gobierno con la Comisión Europea en julio del 2012. Imposiciones que han tenido y tienen elevados costes sociales.

Hablamos de decenas de miles de millones de euros invertidos en el rescate bancario. Rescate que, recordarán sus señorías, no iba a costar un euro al contribuyente según afirmaba el ministro de economía de Guindos. Otra mentira. Más tarde se nos informó que había que dar por irrecuperables como mínimo 31 mil millones de euros.

Señorías, no podemos olvidar que dejadas a su suerte la mayoría de entidades financieras no habrían sobrevivido y las que lo hubieran hecho habrían salido bastante dañadas. Si son los ciudadanos los que al final deben pagar la factura queda más que justificada la necesaria intervención pública en forma de regulación, supervisión e intermediación directa. Y también es necesario recordar, siempre, que quien en régimen de autorización maneja el dinero de otros no puede actuar bajo el criterio estricto de libre empresa y menos aún si acaba dependiendo del apoyo de los recursos públicos.

Un rescate, el bancario, que no ha ido acompañado de ninguna condición como sí se ha hecho en otros países de nuestro entorno. ¿Saben, señorías, cual ha sido el principal uso de estos fondos, dados a intereses bajísimos, realizado por las entidades financieras? Comprar deuda soberana, principalmente española. Lo que les daba rentabilidad y un segundo efecto, fruto de la nueva regulación bancaria, Basilea 3, que la tenencia de deuda pública compute en la ponderación de los ratios de liquidez.

Un sector financiero supervisado por un Banco de España mal gestionado y que en ningún momento fue capaz de intervenir para evitar la hecatombe del sistema.
Nuestro sector financiero está tan poco saneado que el acceso al crédito para empresas y familias sigue siendo dificultosa y tiene unas tasas de morosidad de entre el 13 y el 14%.
Fíjense ustedes que paradoja hoy discutiremos y votaremos un proyecto de ley cuyos objetivos son:

  • Garantizar procedimientos de gestión más eficientes y prácticos
  • Establecer normas claras y transparentes.
  • Introducir mejores prácticas, en las entidades, de los sistemas de gobierno corporativo eficientes y una política de remuneraciones coherente con los riesgos de la entidad.
  • Obligación de que las entidades cuenten con estrategias y procedimientos que les permitan evaluar la adecuación del capital mantenido en función de sus riesgos.
  •  Se otorgan las facultades y poderes necesarios al Banco de España para que pueda realizar la función supervisora de las entidades de crédito.

Todas estas afirmaciones son extractos de la intervención del ministro de Guindos en el Congreso. Uno se puede preguntar qué proyecto de ley hubiera presentado el gobierno si el sector financiero no fuera el más solvente de Europa, transparente y saneado.

Apoyamos la transposición del paquete denominado CRD IV, que cuenta con la directiva 36 del Parlamento Europeo y del Consejo, y con el Reglamento 575. Vemos útil que se fusione y sistematice una normativa hoy dispersa y carente de sistemática. Pero encontramos insuficiente el contenido de esta ley. El gobierno ha optado por transponer a la baja la normativa europea y lo consideramos un error. Un grave error visto el comportamiento del sector en el pasado reciente, la continuidad en la dirección de las principales entidades financieras de los gestores que provocaron el desastre y los vicios y malas prácticas acumuladas durante años en nuestro sistema financiero. Y quiero reiterar una vez más que persiste una nociva subordinación del  poder político al poder financiero. Y todo ello en una economía fuertemente bancarizada.

Los senadores que presentamos estos vetos valoramos como decepcionante cómo contempla el proyecto de ley la regulación del gobierno corporativo de las entidades de crédito ya que no va más allá de la que ya existe para las sociedades cotizadas, salvo en dos aspectos;
Por un lado en cuanto el plan de viabilidad, cuya eficacia depende en gran medida de la efectividad de la supervisión del Banco de España. La regulación, que contempla el proyecto de ley, de las facultades supervisoras del Banco de España es del todo insuficiente. Parece que no hayamos aprendido nada de la experiencia pasada. Es un error dejar la puerta abierta a que las entidades no cumplan con las guías en materia supervisora que elabore el Banco de España. Estas guías deben ser imperativas y no deben contemplarse excepciones en su cumplimiento.
Por otro lado resulta insatisfactoria la regulación de las remuneraciones de los consejeros y altos directivos de las entidades de crédito. No solo basta introducir mecanismos de control y transparencia sino que debe imponerse un control cuantitativo de dichas remuneraciones. La posibilidad de que el componente variable de la remuneración pueda alcanzar el 200% del componente fijo, sin introducir más especificaciones, mantiene abierta la posibilidad de que en el futuro se incentiven operaciones especulativas.

Al igual que se echa a faltar una mejor regulación del régimen de nombramientos de consejeros y altos directivos de los bancos  y entidades de crédito y de la idoneidad de estos. Así como incrementar el grado de responsabilidad personal tanto profesional, patrimonial y penal de los gestores de las entidades financieras.

Era necesaria una ley  que permitiera un real control y supervisión del sistema financiero. Que desincentive la toma de riesgos excesivos. La experiencia nos indica que hay que desactivar el riesgo que representan bancos cada vez más grandes, libres para crecer y repartir beneficios pero no para asumir pérdidas y siendo demasiado grandes para caer.

Vista la experiencia de la crisis de nuestro sector financiero:
¿No hubiera sido prudente establecer mayores exigencias de ratios máximos de préstamos en función de los depósitos de cada entidad y así evitar que se obtengan estos recursos por la vía del sobrendeudamiento externo y exterior?

¿No sería oportuno establecer límites más exigentes  con relación a la ratio de préstamos agregados en función de la economía nacional, para que si se volviera a repetir una crisis sistémica como la actual, la crisis financiera no se llevara por delante a todo el país?

¿No sería necesario establecer limitaciones en los préstamos a sectores específicos de la economía para evitar  la concentración de riesgos y así impedir que se reproduzcan en un futuro situaciones como la del sector inmobiliario español?

Y este proyecto de ley, y son más razones para justificar nuestro veto, no pierde la oportunidad de avanzar en dos objetivos siempre presentes en la legislación del gobierno del PP: la recentralización, disposición final décima y  la laminación de las competencias del órgano regulador, enmienda al artículo 84 y al preámbulo presentado por el grupo popular en la tramitación en esta cámara.

Señorías, la reestructuración del sector bancario  está dibujando un escenario de oligopolización del sector financiero y ello quiere decir de concentración de riesgos. Sería social y moralmente inaceptable que se reprodujera en el futuro una situación como la vivida en nuestro país; beneficios, fruto de la especulación, para unos pocos y socialización de las pérdidas. Sueldos millonarios para gestores fracasados. Rescates públicos que afectan a la sociedad y a la economía. Impunidad para los responsables. Compadreo entre la banca y la política. Todo esto nos degrada como sociedad.

Quisiera ir  terminando esta justificación del veto reivindicando la necesidad de una banca pública. Una banca pública fuerte que sea capaz de tener prácticas, corporativas y lógicas, distintas a las de la banca privada. No les estoy planteando nada que no exista en nuestro entorno. Según la Asociación Europea de Banca Pública existen 221 bancos públicos en 32 países. Una banca pública que seguro que haría más eficiente el sistema económicamente y socialmente.

También, no por conocida deja de sorprender la escasa sensibilidad social de este gobierno y que se manifiesta en este proyecto de ley. El gobierno del PP, en la disposición adicional vigésima se compromete a presentar en el plazo de 1 año un proyecto de ley para incorporar la Directiva de la Unión 20/4/17 del Parlamento Europeo y del Consejo para mejorar la regulación en la protección del cliente bancario y en particular del deudor hipotecario. Con un balance de desahucios tan dramático como el del 2013, con más de 100 desahucios al día, el gobierno se da un plazo de 1 año. Si ya es de si criticable tanta lentitud en abordar uno de los principales problemas sociales que sufre España, es del todo cínico que en 2014 se nos hable de presentar un proyecto de ley de esta trascendencia cuando ya no habrá legislatura.

Señorías, por todas estas razones solicitamos el voto a los vetos presentados en representación de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds.

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