“Aforamiento del rey don Juan Carlos y otros miembros de la familia real.”

Pleno del Senado, 9 de julio de 2014.

Senyor president.
Señorías.

El senador Saura y yo presentamos este veto a este proyecto de ley por nuestro rechazo a las formas, contenido y sentido de la oportunidad con la que se pretende regular el aforamiento del rey abdicado, don Juan Carlos de Borbón, y otros miembros de la familia real.

El presidente del Congreso, señor Jesús Posadas, tiene toda la razón cuando califica de “chapuza” este proceso legislativo. Con solo recoger la afirmación de la más alta autoridad del poder legislativo estaría justificado este veto.

Desde el 2 de junio, cuando el rey Juan Carlos comunicó su voluntad de abdicar, todo es improvisación y precipitación.
Se afirmó desde los mentideros oficiales que la abdicación se empezó a fraguar desde el mes de enero, que no fue una reacción espontánea del anterior monarca, sino algo meditado y calculado. Señorías, sorprende que teniendo un plazo de 6 meses para hacer las cosas mejor, se puedan hacer las cosas tan rematadamente mal; abdicación-express, tramitación parlamentaria-express, coronación-express y, ahora, aforamiento-express.

Es cierto que los dos partidos que han ostentado el poder en España, PSOE y PP, han sido siempre contrarios a legislar sobre la Corona. Treinta y seis años después de aprobada la Constitución Española, aún no tenemos una ley orgánica que regule el mandato del artículo 57.5 de la misma que hace referencia a las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión. La ley orgánica que aprobamos el pasado 17 de junio no es una ley general sino de caso único.

España no tiene una ley general de la Corona y ello es así por el miedo de siempre a un debate público sobre la forma de estado. Temor aún presente que explica la celeridad, y con ella la precipitación, del proceso que ha acompañado la brusca abdicación del anterior monarca.

La abdicación del monarca ha sido precipitada también desde un punto de vista jurídico. Lo deseable hubiera sido que primero existiera la norma y luego el acto, no al revés.

Señorías.
Todo debate se realiza en determinada realidad política. Este también.
Hoy discutiremos y ustedes, señorías del PP, aprobarán, el aforamiento del rey abdicado y de otros miembros de la familia real, y lo harán en un contexto de severo deterioro institucional que también ha afectado a la Corona y a la persona del rey Juan Carlos.

La situación económica, el paro endémico, los altos niveles de desigualdad, la proletarización de las capas medias y las tensiones territoriales, especialmente con Catalunya, son, entre otros, gravísimos problemas que afronta nuestra sociedad. Si a ello le añadimos el descrédito hacia la política y los políticos, ganado a pulso por la incapacidad de dar respuesta a los problemas; por la corrupción y por la ocupación oligárquica de las instituciones. Les repetiría lo que afirmaba mi compañero Juan Saura en el debate sobre la abdicación: la suma de estas crisis conlleva una profunda crisis moral.

Estamos hablando de la tormenta perfecta.
Permitan que les recuerde dos datos extraídos de la última encuesta del CIS, la del mes de junio: El 80’8% valoran la situación económica entre mala y muy mala. La política, el 76’2%.

Ustedes seguirán con sus canciones de verano, pero esta es la real percepción de la gente. Y, señorías, estas percepciones sociales que nos dice la encuesta del CIS, evidencian una falta de esperanza, de horizontes claros para amplios sectores de nuestra sociedad, especialmente entre los jóvenes.

Frente a este estado de las cosas seguir insistiendo en la normalidad y bondad del orden constituido en la transición y dar la apariencia de que no pasa nada, es suicida.
Señorías, el malestar social y la desafección ciudadana  están muy presentes en nuestra Sociedad. Tener conciencia de estos estados de ánimo hubieran aconsejado gobernar una cuestión tan delicada y sensible como es el relevo de la jefatura del estado desde la transparencia y la participación. Procesos, como el que estamos sufriendo, marcados por la opacidad, celeridad- cuando no precipitación- y lastrados del necesario debate político y ciudadano son más propios de los años de la  Transición que no de una democracia asentada. Son procesos que ahondan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Para ustedes, senadores y senadoras del PP, bien está lo que acaba según sus deseos y voluntad, pero no. Todo tiene sus costes, uno de ellos el deterioro de la calidad de nuestra democracia.
Hay un claro hartazgo ciudadano a estas maneras y estilos de gobernar, de hacer política, y la mejor muestra de este hartazgo son los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento europeo. En estas afirmaciones pueden encontrar una de las explicaciones del porqué el PP perdió 2’5 millones de votos en las pasadas elecciones.

La ciudadanía quiere ser tenida en cuenta, quiere participar, quiere votar.
No se crean su propaganda ni la de sus altavoces mediáticos. Miren ustedes qué paradoja, a pesar de haber hurtado sistemáticamente el debate sobre la forma de estado, si monarquía o república. Después de casi 40 años de monarquía parlamentaria. De las cantadas excelencias y proezas del anterior rey y de las que se anuncian que realizará el actual. A pesar de ello, los estudios de opinión son claros: 49% apuesta por la monarquía. 36% por la república. Y un 15% no sabe/no contesta. Un 62% hubiera deseado un referéndum sobre esta cuestión. Obviamente el senador Saura y yo nos encontramos entre este 36% que reivindica la república y en este 62% que hubiera deseado un referéndum.

Las cosas se hacen mal. Hoy debatiremos un proyecto de ley orgánica de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la ley orgánica del Poder Judicial. En su tramitación en el Congreso el grupo popular introdujo dos enmiendas para conseguir un rápido aforamiento del rey abdicado y de otros miembros de la familia real, pero creo que las prisas responden, fundamentalmente, a las apreturas judiciales de Juan Carlos de Borbón.

Una vez más se violenta la tramitación de un proyecto de ley para introducir cuestiones que no tienen ninguna congruencia ni relación. Este proyecto de ley tenía como objetivo, así lo dice el preámbulo: recoger nuevas propuestas normativas para la ejecución de algunas de las propuestas del Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas; corregir el desaguisado que provoco su reforma, del 2013, del Consejo General del Poder Judicial, en la cobertura de destinos cuyos titulares se encuentran en situación de servicios especiales; y la mejora del régimen de permisos para asuntos propios.

¿Es este el soporte normativo adecuado para legislar sobre el aforamiento de la familia real? Claro que no. Lo máximo que me podrán decir es que mejor aquí que en el Proyecto de Ley del Consejo General del Colegio de Dietistas y Nutricionistas.

El senador Saura y yo estamos totalmente en contra de este tipo de tramitaciones que no guardan ninguna formalidad ni en los plazos, tiempos, ni soportes legislativos. Al igual que el presidente del Congreso afirmamos que, por ser todo ello una chapuza, presentamos este veto.

Un veto que también encuentra su explicación por los contenidos.
Aforar es otorgar a una persona cierto derecho en materia de jurisdicción. Es un concepto ajeno al de inviolabilidad o inmunidad. Se afora por razón de cargo, para garantizar el buen funcionamiento, la libertad y la independencia de los órganos constitucionales. Es por ello que se opta por conferir la competencia en los órganos colegiados que culminan la pirámide judicial, ya sean los Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Supremo.

Con la aprobación de esta ley vamos a aforar a una persona sin ningún cargo constitucional, vamos ampliar su aforamiento también para casos civiles, no solo penales y lo vamos a hacer de forma retroactiva y con carácter vitalicio. Ni la Constitución ni ninguna ley hacen referencia al rey abdicado, consortes o el papel institucional del príncipe o princesa heredera. Este vacío legal existe porque ustedes lo han querido. Hoy van a aforar personas que no tienen ningún cargo constitucional. ¿Qué sentido tiene todo esto? Más que protección judicial parece que estemos hablando de blindaje judicial.

Jueces por la Democracia ya advertía hace pocos días que: “la ampliación al ámbito civil vulnera el principio de igualdad ante la ley”.
Señorías, desde el momento que se abdica el aforamiento no tiene sentido, pasa a ser un privilegio. Un privilegio que en toda la Unión Europea solo goza la monarquía danesa mediante la “Lex Regia” promulgada en Copenhague el 1665. Casi 350 años más tarde lo haremos aquí.

Y una tercera razón es el nulo sentido de la oportunidad. Antes hacía referencia del amplio malestar social y el rechazo ciudadano a usos y abusos, a situaciones de privilegio cuando no de impunidad por parte de los representantes públicos. Si algún sentido tenía la abdicación y la proclamación del nuevo rey Felipe VI era recuperar la credibilidad de la institución muy deteriorada por cuestiones de todos conocidas.

¿Ustedes creen que como se están haciendo las cosas se va a recuperar algún nivel de confianza? Yo creo que no. Se sigue haciendo y deshaciendo a espaldas de la gente, sin tener en cuenta su opinión ni dejando ningún margen para su participación.

La figura del aforamiento es cuestionada por la sociedad. Más de 10.000 aforados en España es un despropósito. La gente vive como un privilegio defensivo que algunos, en el caso español una multitud, tengan derechos especiales que no están al alcance de los ciudadanos. Frente a este estado de opinión la propuesta de ampliar el número de aforados, entre ellos el ex monarca, es negativa.

Y respecto a lo que hoy debatimos, vamos a aforar de manera precipitada y muy sospechosa al rey Juan Carlos. Los argumentos: para protegerle de lo que pudiera pasar y preservar su dignidad.
Señorías, lo que pudiera pasar ya ha pasado, se han realizado dos demandas de paternidad. Como rey, Juan Carlos de Borbón, era inviolable como reconoce el artículo 56.3 de la CE. Ya no lo es. Nuestra opinión es que excepto para los actos refrendados en su etapa como jefe del estado, para el resto, y especialmente los que afectan a su vida privada, tiene total responsabilidad.

Y permítanme que vaya terminando la justificación de este veto afirmando que la mejor defensa de la dignidad de alguien, de cualquiera, de nosotros mismos, también del rey Juan Carlos, la mejor defensa, insisto, es la asunción de responsabilidades, la coherencia de nuestros actos, y afrontar las consecuencias de los mismos. Ni el BOE, ni las mayorías parlamentarias, modificarán el pasado. Si Don Juan Carlos es el padre biológico del señor Solá Jiménez y de la señora Ingrid Jeanne Satiau, lo es, votemos hoy lo que votemos, y si lo fuera, estas dos personas están en su derecho de reclamar la paternidad.

El senador Saura y yo conocemos las diferencias entre aforamiento, inmunidad e inviolabilidad. Pero también sabemos lo que es la impunidad y por aquí no vamos a pasar.

Anuncios