“Una macro-ley para privatizar, liberalizar y recentralizar.”

Veto al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.

Intervención en el Pleno del Senado, 1-10-2014.

Senyor President.
Señorías.

Voy a justificar este veto que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds por tres razones fundamentales: en primer lugar, por las formas; en segundo lugar, por los objetivos que persigue el Gobierno con ese macroproyecto de ley; y, evidentemente, por los contenidos concretos del mismo.

Este proyecto de ley, procedente del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, y su tramitación posterior tanto en el Congreso como en el Senado es, a mi entender, la peor aberración cometida contra el buen trabajo parlamentario. Abusando de su mayoría absoluta, han impuesto una perversa forma de legislar: uso y abuso de los decretos ley, de las tramitaciones de urgencia o de amontonar en un mismo proyecto legislativo materias que no guardan ninguna relación entre sí. Se amontonan en un mismo proyecto de ley materias que, por su transcendencia o disparidad, exigirían una específica tramitación parlamentaria. Y si esta es una constante en esta legislatura, este proyecto de ley se lleva la palma. Vamos a intervenir sobre unas 30 leyes, que afectan a nueve ministerios y prisa, ninguna, vista la implantación y desarrollo de muchas de las medidas.

Señorías, hablemos de drones y de registro civil, ¡¡cuestiones estrechamente relacionadas!!

Como ya afirmó la vicepresidenta del Gobierno en la presentación del Proyecto de Ley en el Congreso, recurrir al real decreto ley es práctica de todos los gobiernos, pero, como este, ninguno en la historia de nuestra democracia. Si descontamos las leyes orgánicas tramitadas que no pueden ser motivo de real decreto o los presupuestos, que tampoco, el 48% de las leyes tramitadas proceden de reales decreto ley. Lo que debería ser una figura excepcional de legislar, ustedes, señorías del PP, lo han convertido en la forma ordinaria de legislar. A estas alturas de legislatura, podemos afirmar que este Gobierno ha perdido todo rubor parlamentario y pundonor legislativo y, a pesar de la desfachatez con que este Gobierno justifica este tipo de tramitaciones y estos enredados proyectos legislativos, son palmarios los efectos negativos sobre la calidad de nuestro sistema parlamentario. Así se degradan más las Cámaras legislativas. La elaboración y aprobación de las leyes se llevan a cabo con procedimientos que hacen imposible un debate parlamentario razonable y el seguimiento ciudadano; procediendo de esta manera se aleja aún más a los parlamentos de la ciudadanía. Tramitamos leyes de forma parcial, tantas veces cargadas de errores, que se revisan o retocan al poco tiempo, con lo que se consigue crear inseguridad jurídica. Señorías, les pregunto, ¿esta es la regeneración democrática que propone el Partido Popular? ¿Esta es la regeneración democrática que quiere realizar el Gobierno? ¿Así van a regenerar la vida pública? No sean cínicos.

Termino este primer apartado recordando a la Cámara que tres grupos del Congreso, PSOE, Izquierda Plural y UPyD, han presentado recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 8/2014.

Un segundo argumento que justifica este veto es nuestra discrepancia con la justificación política que daba la vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, en su defensa en el Congreso de dicho proyecto. Este Gobierno, a mi entender, partió de un mal diagnóstico sobre la crisis, y peor ha sido el tratamiento. Con el estadillo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, ustedes pensaron que había que abordar esta crisis como una crisis de oferta que requería medidas que redujeran los costes relativos, fundamentalmente, salarios, reducción del gasto público, especialmente de la inversión, y deprimir el consumo privado, todo ello sin cuestionar los efectos de la deuda privada primero, y la pública después; en el mantenimiento de una demanda agregada deprimida, creyendo que eso generaría más ahorro y, finalmente, se reactivaría el ciclo inversor. Desde esta lógica, era necesario, pues, eliminar las supuestas rigideces del mercado laboral, facilitando el despido y reduciendo los salarios, y congelando y luego reduciendo las pensiones públicas. Liquidaron todo el gasto público productivo, por lo que hoy podemos hablar de un verdadero caos del sistema de dependencia o del casi colapso del CSIC.

Sus reformas estructurales pretenden desmantelar el sistema público de provisión de servicios esenciales: educación, sanidad, farmacia, dependencia. La reacción ciudadana, la resistencia de los profesionales, como, por ejemplo, los trabajadores de la Sanidad de Madrid, son los principales cortafuegos contra sus pretensiones. Ayer, el presidente Rajoy se refería a la reforma de la administración en esta Cámara, y reiteró que, gracias a sus reformas, se habían ahorrado 10 417 millones de euros, lo que no dijo es que 10 000 millones de este ahorro provienen de la liquidación de casi 400 000 empleos públicos. La joya de la corona de las reformas, la reforma laboral, provocará que esta legislatura termine con menos población activa y con más paro que la anterior.

La solución dada a la crisis de nuestro sistema financiero ha sido también de manual neoliberal, la socialización de sus pérdidas mediante el rescate público sin ninguna contrapartida a cambio. En un contexto de deflación por deuda, con el IPC cayendo –en agosto, el 0,5% anual− tampoco se podrá cumplir con el objetivo del déficit y con la ratio de la deuda sobre el PIB que marcan los subjetivos criterios de Maastricht. ¿La recuperación de los salarios y del salario mínimo interprofesional no sería hoy la mejor recta frente a la amenaza de deflación?

Con este panorama de nuestra economía y con la evidencia y constatación de la mala coyuntura económica europea, de mantenerse, todo ello no hará más que empeorar nuestra posición. Hasta el propio ministro de Economía y Competitividad da la alarma sobre una posible tercera recesión. Es cierto que hoy hay datos que apuntan a una recuperación. Sí, la economía puede crecer, se baraja entre un 1,2 y un 1,5%. Bienvenida sea, pero, señorías, es una recuperación frágil, nuestras exportaciones han caído, nuestro entorno no goza de buena salud económica, por lo que está siendo lenta, muy lenta.

La OIT nos avisa de que a este ritmo no volveremos a los niveles de empleo de 2007 hasta el año 2023, pero lo peor que nos puede pasar es que haya recuperación sin creación de empleo. Ya les advierto que no pienso perder mucho tiempo en desmontar esta patraña gubernamental del crecimiento del empleo. Aquí lo único que crece es el empleo precario y parcial. En una situación de reducción de la población activa, sustituir personas ocupadas con contratos indefinidos y jornadas de 40 horas por varios contratos temporales a tiempo parcial y con sueldos más bajos no es, a nuestro entender, crear empleo.

Señorías, parece que no hayamos aprendido nada de los orígenes de esta crisis. Se sigue insistiendo en la apuesta por un modelo productivo de baja calidad, intensivo en mano de obra y estacional, basando nuestra competitividad básica y fundamentalmente en los bajos costes laborales, dando la espalda a la formación y a la investigación, desarrollo e innovación, a la industrialización. Quiero insistir, una vez más, en que la equidad y todo lo que ello comporta en el sistema público, no solo es un valor moral, sino que también lo es económico.

No se puede insistir en políticas que, una vez realizado su balance social de daños, tienen resultados demoledores. Las políticas de austeridad han fracasado económica y socialmente. Todas las iniciativas del gobierno deberían priorizar los cuatro principales problemas que asolan a nuestro país: paro, pobreza y exclusión social y precariedad. Nada que ver con la orientación del gobierno con la que justifica este proyecto de ley.

Y por último, entro ya en los contenidos del macroproyecto de ley. Es cierto que todo este macroproyecto de ley sigue una coherencia lógica de este gobierno. Ustedes nos presentan una vez más para el debate y aprobación una serie de propuestas que tienen cuatro objetivos: liberalizar, privatizar, recentralizar y socializar las pérdidas como las de gas natural en su conflicto con Sonatrach.

No estamos de acuerdo con la liberalización de horarios comerciales y con la desregulación del comercio minorista, medida que afectará al pequeño comercio y a las condiciones de trabajo de los asalariados de este sector, ya de por sí muy precarizado. No estamos de acuerdo con esta nueva reforma energética del sector gasístico que representa un nuevo rescate para las empresas y un nuevo déficit de tarifa que pagarán los usuarios. No estamos de acuerdo con la privatización de AENA. Es esclarecedor que ustedes antes prefieran privatizar que permitir la gestión descentralizada de los aeropuertos. La Generalitat no, cualquier grupo empresarial sí.

No estamos tampoco de acuerdo con la privatización de la gestión del Registro Civil. Doten con más medios la administración de justicia. Salvaguarden los datos privados que solo pueden estar bajo la custodia de los poderes públicos. Nos oponemos y nos opondremos al cobro de esta prestación que más pronto que tarde van a exigir los registradores mercantiles.

No estamos de acuerdo con estas nuevas invasiones competenciales, ya sea en las competencias sobre horarios comerciales de las comunidades autónomas o sobre la tutela financiera de los entes locales. Con su propuesta del impuesto a los depósitos bancarios, que no solo es cicatera, el 0,02%, sino que impide que las comunidades autónomas puedan establecer uno más elevado.

Y permítanme una referencia más extensa a las medidas sobre el empleo y el empleo juvenil. Este gobierno no tiene, a pesar de sufrir el país un paro del 25%, un plan de acción para la creación de empleo. Sus propuestas para estimular la creación de empleo se basan fundamentalmente en la incentivación fiscal a la contratación. El plan de garantía juvenil prácticamente se reduce a esto.

A pesar de que la Unión Europea insiste en reclamar políticas activas de empleo y en señalar el corto alcance de los estímulos fiscales, el Gobierno insiste en estas propuestas que la realidad de nuestro mercado laboral desaconseja. Les pondré un solo ejemplo; entre los jóvenes menores de 30 años se siguen perdiendo puestos de trabajo con contratos indefinidos y se incrementan los de formación. Las medidas del gobierno son un regalo fiscal para los empresarios que no garantizan más allá de seis meses una contratación estable para nuestros jóvenes. El proceso de precarización se expande.

Se han reducido drásticamente las prestaciones por desempleo. El gasto ha caído un 17,4% en lo que va de año. La tasa de cobertura ha bajado cuatro puntos respecto al 2013 y la cuantía media de la prestación ya es tan solo de 788 euros al mes. Se habrán recortado a final de año unos 5000 millones en prestaciones por desempleo.

Este Gobierno sigue insistiendo en la privatización de los servicios públicos de empleo. Este proyecto de ley es una prueba de ello, e insisten en su privatización a pesar de ser un fracaso. Les voy a poner un ejemplo: los planes de formación han descendido un 25% y los proyectos de cualificación para jóvenes desempleados un 38%. ¿Saben dónde se concentran las mayores caídas? En las iniciativas gestionadas por las empresas privadas.

Por último, señorías, este proyecto de ley incumple el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita suscrito el pasado 29 de julio, como han denunciado los sindicatos. Lo incumple en materia de bonificaciones, empleabilidad, lucha contra el paro juvenil y mejora de la intermediación laboral.

Creo, señorías, que todas ellas son suficientes razones para justificar este veto y pedir su voto al mismo.

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