“La mercantilización de la salud.”

Pleno del senado, 10 de diciembre de 2014.

Veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Senyora presidenta.
Señorías.

En este desolado páramo en que se ha convertido el Pleno del Senado voy a intentar justificar el veto que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

En primer lugar, si tuviera que hacer un titular sería que estamos en contra de este proyecto de ley porque creemos que mercantiliza aún más el rol de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Iré desglosando las razones de nuestro veto. En el primer párrafo del preámbulo que justifica este proyecto de ley el Gobierno afirma que el objetivo de esta ley es modernizar el funcionamiento y gestión de las mutuas reforzando los niveles de transparencia y eficiencia y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Es evidente que el senador Saura y yo compartimos los objetivos de modernización, transparencia, eficiencia y sostenibilidad.
Pero, señorías del PP, mi grupo y el senador Saura y yo nunca hubiéramos situado como principal prioridad la lucha contra el absentismo laboral y así justificado una reforma de la Ley de mutuas. Hubiéramos señalado como principal objetivo de esa reforma la salud laboral, la lucha contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y garantizar las prestaciones en caso de necesidad. Y esta no es una cuestión baladí. Su primera afirmación para justificar la ley expresa cuáles son sus prioridades: el absentismo laboral injustificado. Señorías del PP, para ustedes los trabajadores son sujetos proclives al fraude. Esto ya pasó en el debate de la Ley contra el fraude de la Seguridad Social y es un error, no sé si fruto del ideologismo o un error malintencionado para justificar sus políticas de recortes en el ámbito laboral.

Hablemos de horas trabajadas y no trabajadas, ya que esta es su preocupación real. Llevan toda la legislatura con este asunto. Si alguien les escucha y les cree parecería que el problema de nuestro mercado laboral es hoy el absentismo; antes eran sus rigideces.

Permítanme algunos datos. La tasa de absentismo en España, según una Encuesta de Coyuntura Laboral, era del 4,9% en 2007, mientras que en 2013 es del 4,1%. En 2013, la jornada de trabajo efectiva por trabajador fue de 1557 horas, mientras que en el año 2000 era de 1684 horas. Paradójicamente, la reducción del absentismo no se traduce en un aumento de las horas efectivas trabajadas, las cuales presentan, al igual que las pactadas, una continua reducción. Nuestra explicación es que el modelo laboral español prima la tendencia a la reducción de horas trabajadas. El absentismo no justificado se redujo un 24% entre 2009 y 2012. Asimismo, otro dato de la realidad según Adecco, es que una de cada dos empresas reconoce tener hasta un 10% de trabajadores presentistas, no absentistas, y este fenómeno se da especialmente en empresas donde se han producido despidos.

Señorías, existe un menor absentismo porque se han reducido las bajas por incapacidad temporal. El motivo, la crisis. Hay miedo a perder el empleo. Los trabajadores tienen miedo a que se les aplique su reforma laboral, que permite considerar como causas de despido objetivo las faltas de asistencia al trabajo aunque sean justificadas. La gente va a trabajar enferma.

Otras causas de baja laboral son los accidentes de trabajo. Durante estos años de crisis se había producido una caída de las tasas de siniestralidad. Los motivos: la caída de la actividad económica, el incremento exponencial del desempleo y menos partes presentados.
En 2013, el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja creció un 2% respecto a 2012. Los accidentes de trabajo que han causado baja durante el periodo de enero a septiembre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013 han crecido un 5%; siniestralidad que crece en aquellas actividades que están siendo motores de la incipiente recuperación económica y que se produce mayoritariamente entre los trabajadores temporales respecto a los trabajadores fijos.

En 2013, la población afiliada a la Seguridad Social con cobertura de accidente de trabajo era de 13,43 millones de trabajadores, un 3% menos que en 2012, y no los 15 millones a los que se refiere la ministra Báñez, sino 1,6 millones menos y con tendencia a la baja.

Me gustaría hacer un último comentario sobre las horas trabajadas. En España se realizan cada semana 10 millones de horas extras ilegales. Señorías del PP, si quieren hablar de las horas que se trabajan o no en España, estos son los datos. El absentismo es un problema, especialmente el no justificado, y habrá que reducirlo, pero no es el problema con mayúsculas y por ello no puede justificar este proyecto.

Entrando ya en los contenidos de este proyecto de ley, quiero decir que el mismo introduce algunas mejoras en la regulación de las mutuas. Se ha producido un cierto diálogo con los agentes sociales. Hemos sido capaces de consensuar determinadas transaccionales tanto en el Congreso como en el Senado, no me duelen prendas reconocerlo, de la misma manera que digo que el diálogo ha sido insuficiente respecto a los acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos sociales y económicos entre los agentes sociales referidos a las mutuas. Tampoco puedo dejar de afirmar que parte de los problemas arrancan con la ampliación de funciones realizada en el año 1995 y posteriores, y que la dejadez en el control de las mutuas es responsabilidad compartida entre los dos partidos que han gobernado España. Estamos hablando de casi 10 000 millones de euros que gestionan las mutuas provenientes de cuotas a la Seguridad Social que pagan trabajadores y empresarios.

Por tanto, creemos que se avanza en el control, pero insuficientemente. No podemos ignorar que se ha producido una patrimonialización de las mutuas por sus gestores, como tampoco podemos olvidar los escándalos que se han ido produciendo y reproduciendo.

Señorías, la presentación de este proyecto de ley era, a mi entender, una buena ocasión para debatir qué funciones deben desarrollar las mutuas, pero no ha sido así. Es más, el Gobierno propone un cambio de denominación de las mismas, que pasarán de llamarse mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales a mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que, vistos los precedentes, hacen aún más difuso el carácter y funciones de estas mutuas. ¿Cuáles son los precedentes? De accidentes y enfermedades profesionales, se amplía en el año 1993 a la asunción de la gestión de la incapacidad laboral por contingencia común; en 1995 a los servicios de prevención ajenos y la gestión de la incapacidad temporal por riesgo en el embarazo y la lactancia natural; en 2010 a la prestación por cese de actividad de los autónomos; y en 2011 se incorpora la prestación durante la suspensión del contrato por hijos con cáncer o enfermedad grave. ¿Cuál es el problema? Que con una definición tan laxa, mucho me temo que se vaya produciendo una ampliación de nuevos ámbitos de actuación de las mutuas sobre servicios y prestaciones propias de ser gestionadas por el sector público. La experiencia en España nos indica que las políticas de concertar con entes de carácter privado servicios y prestaciones públicos, ya sea mutualidad laboral, salud o educación, conllevan tantas veces procesos de mercantilización de esos servicios y prestaciones. Y que tantas veces la motivación última es ofrecer negocio privado o abaratar costes públicos independientemente de la calidad de la prestación.

En este proyecto de ley destaca como muy preocupante la intervención de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común. Señorías, ¿hay mejor opinión sobre una baja que la del médico de familia? Si la Inspección médica del servicio público de salud desestima una propuesta de alta formulada por una mutua, ¿puede revocarse esta decisión en otras instancias? Si un trabajador está afiliado a una mutua con escasa implantación en su territorio, ¿debe desplazarse a las citas de las mutuas sin ningún tipo de abono cuando se desplaza fuera de su área de salud? ¿Las propuestas de altas de las mutuas se van a realizar desde criterios y argumentos sanitarios? ¿Con qué criterios una mutua evaluará si una inasistencia está justificada o no? Todos estos son interrogantes que pesan sobre la propuesta de este proyecto de ley y para los que, evidentemente, el senador y yo tenemos una respuesta: por encima de los profesionales del sistema nacional de salud no puede haber nada, por encima de la Inspección del servicio público sanitario no puede haber nada, porque ellos son los que están en mejores condiciones para justificar o no una baja.

Por otra parte, mucho me temo que todo este barullo de plazos de comunicación, presentación de informes, organismos que intervienen, etcétera, va a representar en la práctica un gran atasco burocrático que sufrirá el trabajador. En definitiva, no creo que con este proyecto de ley se mejore la defensa de la salud de los trabajadores; todo lo contrario, se amplía negocio para las mutuas, unas mutuas que no tienen ningún empacho en derivar al sistema nacional de salud determinados accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Quisiera terminar la justificación de este veto refiriéndome a tres cuestiones. La primera hace referencia a las remuneraciones del director gerente y personal ejecutivo, unas retribuciones que a lo largo de estos años han sido desorbitadas en tantas mutuas. En el artículo 71.4 del proyecto de ley se establecían unos límites, para el director gerente no superar el importe de las retribuciones asignadas al presidente ejecutivo o cargo equivalente de las entidades públicas empresariales del Estado. Las retribuciones del personal ejecutivo no podrán superar el importe de las asignadas a la ministra de Empleo, es decir, al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En su tramitación en el Senado, el PP ha acordado con enmiendas de CiU, PNV y UPN, una transaccional que deja esas limitaciones en papel mojado, los directivos volverán a cobrar lo que quieran. Senadores y senadoras de CiU, PNV y UPN, sus enmiendas son más de carácter lobista, de las grandes mutuas, que aportaciones a la mejora de un proyecto legislativo orientado a la mejora de la lucha contra las contingencias profesionales. Esa es mi opinión y la del senador Saura.

De lo que sí ha sido incapaz el PP es de aceptar nuestra propuesta de que los empleados de las mutuas puedan acogerse a la negociación colectiva y no a las disposiciones que anualmente marquen los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos. Una vez más se repite su predisposición a defender los intereses de las élites directivas y a limitar y recortar los derechos de los trabajadores, y para muestra este botón. Una segunda cuestión es incluir la codecisión de empresarios y trabajadores en la elección de la mutua en el seno de las empresas. Y una tercera es no obligar legalmente a las mutuas a que su ámbito de actuación sea todo el Estado, eso solo favorece a las grandes.

En definitiva, señorías, para el senador Saura y para mí, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debe tener como único objeto la gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que derivan de la Ley de prevención de riesgos profesionales. Todo el resto es la privatización de la gestión de servicios y prestaciones públicas y su mercantilización por parte de entidades privadas, que no estarán sujetas al control necesario que exige la gestión de fondos y servicios públicos.

Es por todas estas razones que en el Senado, el señor Saura y yo hemos presentado este veto, al cual pedimos su voto, a la vez que afirmamos que vamos a votar a favor el resto de vetos presentados.

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