Cosmética contra la corrupción

Propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Pleno del Senado, 12 de marzo de 2015

Senyor president, señorías:

No les sorprenderá que reitere una vez más el compromiso de esta Cámara de reformar el Senado en esta legislatura.

Que hoy discutamos esta segunda Ley de Reforma de la Financiación de los Partidos Políticos, en gran parte nos da la razón a quienes, el senador Saura y yo entre ellos, decíamos que la propuesta de reforma de 2012 era insuficiente.

Vean, señorías del Partido Popular, que no todo lo que se podía hacer ya estaba hecho.

La décima legislatura está marcada por muchas cuestiones, y también y de forma sobresaliente, por la corrupción, que es una de las razones más poderosas que aleja a la ciudadanía de la política y los políticos.

Esta décima legislatura será la del paro, la pobreza y la corrupción.

La corrupción es un cáncer para nuestra democracia, ya que socava un pilar básico de la misma: la confianza. Enmascarar los casos de corrupción, desplegar todo tipo de recursos políticos y judiciales para minimizarlos y así enquistarlos en vez de clarificarlos, contribuye a consolidar la idea de que la corrupción es una enfermedad crónica de nuestra democracia.

Antes de escribir mi intervención de defensa del veto, que el senador Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, me leí atentamente la intervención del presidente del Gobierno, señor Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, el pasado 27 de noviembre de 2014, en defensa de este proyecto de ley. La conclusión tras la lectura es que el presidente del Gobierno y del Partido Popular se equivocan en el diagnóstico sobre el gravísimo problema de corrupción política que asola este país.

Afirma el señor Rajoy: “España tiene algunos corruptos”, y sigue con otra afirmación: “La parte enferma es porque se trata de una parte y de una parte pequeña en un todo que está sano”. No, señorías, no es verdad. Es una falacia lo que afirma Mariano Rajoy. Es una falsedad que no entiendo cómo puede ser aceptada tan acríticamente.

No estamos hablando de cuatro desaprensivos –ya lo quisiéramos–, ni filosofamos como el señor Rajoy cuando dice que cualquier corrupción es siempre demasiada e insoportable. No; estamos frente a un fenómeno preocupantemente extendido.

Les invito a utilizar los mismos criterios que se siguen para medir los índices de criminalidad u otros. Y miren, si trasladamos los datos de los políticos imputados al real universo que somos, las estadísticas son demoledoras.

Les pondré solo dos ejemplos, y les invito a realizar los mismos cálculos en cualquier comunidad o nivel administrativo. Primer ejemplo: Ciudad Autónoma de Melilla: 8 de los 11 miembros del Gobierno están imputados, casi un 73%, y entre ellos el presidente y los dos vicepresidentes. Si trasladamos estos porcentajes a la población de Melilla, sería como si más de 61.000 melillenses estuvieran imputados por corrupción. Comunidad Valenciana: 15% de sus parlamentarios autonómicos, imputados. Si realizamos la misma regla de tres, representarían unos 750.000 valencianos imputados. Y podría seguir.

España no tiene “algunos” corruptos; estadísticamente, España tiene unas tasas de corrupción insoportables y, en algunos territorios, insostenibles. En algunos lugares, estamos frente a verdaderas cleptocracias.

No son pocos, los corruptos. Son muchos; demasiados.

Frente a esta demasía de casos, que afectan especialmente al PP –aunque no solo a él, pues  PSOE y CiU arrastran también su particular mochila– las actitudes con las que los partidos implicados responden a sus casos de corrupción son absolutamente censurables y constituyen otro motivo de desafección ciudadana.

Se cree el señor Rajoy que sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel quedan dirimidas pidiendo perdón; y no, señorías. No es suficiente. Lo necesario es asumir responsabilidades. Porque, señorías, este es otro problema, y de los más graves, que afectan a la corrupción política: que aquí no hay quien se haga responsable de nada ni de nadie. Y estoy hablando de responsabilidades políticas, pues las jurídicas se dirimen en los tribunales de Justicia.

¿Quién se hace responsable político del caso Gürtel, o de Bárcenas o de quien le nombró? ¿De los ERE de Andalucía? ¿Del caso Millet? ¿Quién se hace responsable, quién da la cara, quien dimite? Nunca, nadie. ¿Qué credibilidad quieren recuperar? ¿Qué confianza pueden inspirar? Y dejémonos de zarandajas: cuando mandas, controlas, ya sea en el partido o en el gobierno. Te pueden colar un gol, pero no hay funcionamiento irregular que se alargue en el tiempo o que represente cantidades de dinero como las de los casos a los que antes hacía referencia, del que uno no acabe enterándose. Y nunca podemos olvidar que, como políticos, respondemos individualmente por nuestra honradez, pero también nos responsabilizamos de la honradez y limpieza de nuestros colaboradores, de los equipos de confianza que elegimos.

Todos sabemos que siempre habrá corruptos. Lo que no podemos aceptar es que sean tantos, y menos que la sociedad perciba que quedan impunes. La gente no se explica que casos manifiestos de corrupción, hasta con reconocimiento de la misma como es el caso Millet, se eternicen en los juzgados. ¿Realmente hemos dado al sistema judicial español los medios y recursos necesarios para que puedan actuar con profundidad y celeridad frente a estos casos? Creo que no.

Señorías: si realmente el objetivo es acabar con la corrupción e ir recuperando la confianza de la ciudadanía, de nada sirve el “y tú más”. La intransigencia frente a los corruptos debería ser directamente proporcional a la cercanía personal o partidaria con el mismo, y no al revés, como sucede en nuestros debates. Y de esta intransigencia, en primer lugar con los tuyos, nace la credibilidad imprescindible para la política.

La gravedad de la enfermedad ha llegado a tal extremo que hoy es todo el sistema político el que está hipotecado a ojos de la ciudadanía. La crisis de confianza llega a un límite en que, en pocas semanas, nuevos actores políticos, que lo tienen todo aún por demostrar, irrumpen con muchísima fuerza en todas las encuestas.

¿Qué le pasa a España? ¿Cuál es el porqué de esta situación?

A mi entender, el gravísimo problema de la corrupción se explica por diversas razones. Desde las más primarias, como la presencia de gentes avariciosas, carentes tanto de principios como de escrúpulos, hasta por razones históricas y de permisividad cultural; por la degradación en la alternancia, más propia de la primera Restauración; por la ocupación de las instituciones por parte de una casta extractiva compenetrada con un poder económico financiero cada vez más concentrado; por déficits democráticos y de rendición de cuentas en el funcionamiento de los partidos políticos; por falta de controles, y por un larguísimo etcétera de otras cuestiones. Pero creo que el principal problema que explica nuestra situación es, como escribía Javier Benegas, la medievalización del Estado y la concentración económica.

Señorías: la España que surge de la Transición se asemeja más a un “Estado natural” o sistema cerrado, que a un “Estado moderno” o sistema de libre acceso.

Durante los casi 40 años de democracia, en España ha ido consolidándose una coalición gobernante compuesta, en lo formal, por la Corona, los dos grandes partidos de ámbito estatal, los principales partidos nacionalistas y los llamados agentes sociales; y en lo informal, por la reducida élite que controla las finanzas y las grandes corporaciones, entre ellas los grandes grupos de comunicación. Un sistema cerrado en el que no existe separación entre lo público y lo privado y en el que todo es susceptible de convertirse en recurso, renta o privilegio. Si no acabamos con esto y no abrimos el sistema, difícilmente acabaremos con la ocupación del Estado y de sus administraciones por parte de estas clases extractivas, cuando no parasitarias.

Y les pondré un buen ejemplo de esta colusión de intereses: el caso Bankia. Aquí no falta nada de lo anteriormente citado.

Vuelvo a insistir: mientras no superemos esta realidad, seguiremos tropezando con el mismo problema. Y nunca serán suficientes los cambios legislativos.

Permítanme un ejemplo: 2013, se aprueba la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A pesar de ello, seguimos cayendo en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Estamos por detrás de Botsuana. Es cierto que la Ley es absolutamente insuficiente y no contempla ningún régimen de infracciones, y por lo tanto, de sanciones, en caso de incumplir las normas de transparencia. Por no hablar del reglamento que debía ser elaborado una vez aprobada la Ley, y del que no se tiene noticia alguna.

Entrando ya en el contenido concreto del Proyecto de Ley, reconocer que, en primer lugar, se han producido avances y mejoras; pero, a nuestro entender, hay graves insuficiencias.

Como muy bien afirman los 60.395 firmantes del manifiesto “Más democracia” en el escrito entregado a los grupos de la Cámara y en el que se valora esta reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, y a los que expreso mi reconocimiento a su trabajo y mi sintonía con sus propuestas, se ha optado por el umbral bajo de exigencias. Voy a hacer un breve resumen de aquellas carencias, a mi entender, más relevantes:

Respecto a la reforma de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos:

  • Mayor exigencia en la consolidación de las cuentas de los partidos y las fundaciones.
  • Establecer las mismas limitaciones a las fundaciones que a los partidos. Nos preocupa muchísimo que el Proyecto de Ley permita las donaciones de personas jurídicas, es decir de empresas, a las fundaciones de los partidos. Esta posibilidad es una rendija clara para la financiación ilegal de los mismos. Es un instrumento de las empresas para influir en sus decisiones y sus intereses; recuerden aquello de que “quien paga, manda”. Señorías: el dinero de las empresas no tiene cabida en la financiación de las fundaciones partidarias. No forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas financiar las fundaciones de los partidos.
  • Poner límites al endeudamiento en función del presupuesto total consolidado.
  • Calcular las subvenciones a partir del voto, tanto de la financiación electoral como ordinaria, y no de los escaños.
  • Prohibición de la donación de bienes inmuebles.
  • Establecer un registro público de donaciones a los partidos, para garantizar la máxima transparencia.
  • Alargar los períodos de prescripción de las infracciones cometidas en la financiación de los partidos.
  • Acceso público a los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos que acojan documentación contable de los partidos.

Sobre la reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos:

Nuestra principal crítica es que las reformas propuestas no abordan los principales déficits que tienen los partidos en su funcionamiento. Respetando la libertad organizativa de cada partido, deberíamos ser capaces de definir un funcionamiento de los mismos inspirado en los principios de inclusión, igualdad, formación, libertad de expresión, rendición de cuentas, separación de poderes internos, participación, integridad, transparencia y buen gobierno. Este proyecto de Ley sigue sin abordar los aspectos antes mencionados, imprescindibles si queremos partidos democráticos y transparentes.

Hablar de nuestro sistema de partidos es hablar de la Ley Electoral, una Ley obsoleta y que facilita la partitocracia

Sobre la reforma del Tribunal de Cuentas:

A estas alturas, es más que evidente que la concepción actual del Tribunal de Cuentas no le permite ser un órgano eficaz de prevención de la corrupción política. El senador Saura y yo creemos que debería abordarse una reforma en profundidad de dicho Tribunal, no las reformas parciales e insuficientes que propone este proyecto de Ley.

Quiero terminar mi intervención en defensa del veto reiterando las principales cuestiones que lo justifican:

  • Discrepamos del diagnóstico. Estamos frente a un problema muy grave y muy extenso. Parafraseando al cantante Loquillo, no “son pocos y cobardes”; son muchos y atrevidos.
  • Criticamos la desresponsabilización de los partidos frente a los casos graves de corrupción que les afectan.
  • Señalamos las razones estructurales fuentes de corrupción, como la ocupación del Estado por una coalición político-económica parasitaria, verdadero nudo gordiano de nuestra democracia.
  • Y por todas las insuficiencias del proyecto de Ley que, mucho nos tememos, puedan ser rendijas por las que se cuelen los corruptos.

Señorías: la corrupción es un carcinoma para nuestra sociedad.

Deberíamos ser capaces de acertar en el diagnóstico y en el tratamiento, porque la enfermedad es letal para la democracia. No pongo en duda su voluntad, la de toda la Cámara, en querer combatir este cáncer. Pero mucho me temo que yerran, y es por ello que presentamos este veto, al que pedimos su apoyo.

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