El ajuste del diferencial de inflación lo pagarán las clases populares y el sector público.

Veto al Proyecto de Ley de desindexación de la economía.
Pleno del senado, 12 de marzo 2015.

Senyor President.

Señorías, quiero volver a insistir en que debemos cumplir nuestro compromiso de reformar esta Cámara en esta legislatura.

Entrando en la justificación del veto que el senador Saura y yo presentamos a este proyecto de ley en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera empezar por el mismo título de la ley: Ley de desindexación de la economía. Miren, la palabra desindexar no existe. Existe indexar. Desindexar no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que sorprende que titulemos un proyecto de ley con una palabra inexistente en nuestro amplísimo y rico vocabulario. El diputado, señor Caldera, del Partido Socialista Obrero Español, ya propuso en el Congreso de los Diputados que se llamara de no indexación, que sí está bien dicho. Pero bueno, la mayoría absoluta del PP ha creído conveniente crear este neologismo pepero que dudo que la Real Academia Española acepte.

Entrando ya en el contenido, el Gobierno somete hoy a debate y aprobación este proyecto de ley cuyo principal objetivo —así lo afirmaba el ministro de Economía, señor De Guindos— es acabar con la indexación automática de los precios en el ámbito público a índices generales como el IPC, y así evitar los efectos de segunda ronda. ¿Con qué argumentos justificaba el Gobierno esta ley en el Congreso de los Diputados? Es un compromiso electoral. Para nosotros este es un débil argumento visto el nivel de incumplimiento de este Gobierno con su programa electoral.

El ministro de economía argumentaba que la indexación automática es un factor inflacionista, con lo que perdemos competitividad e impacta negativamente en la balanza por cuenta corriente. Desde el ingreso en el euro hasta 2012, la economía española acumuló un diferencial de inflación de hasta 14 puntos y este fue el dato que aportó el ministro De Guindos en el debate en el Congreso.

Con esta ley, según el gobierno se pretende: garantizar la estabilidad de precios y, por tanto, la estabilidad económica. Permitir una estructura de precios flexible. Impulsar la eficiencia económica, ya que el sistema de precios recogerá las señales de escasez. Posibilitar una mayor competitividad del sector exterior y, por último, propiciar un impacto positivo en las administraciones públicas, ya que a la hora de hacer revisiones de precios solo se considerarán las variaciones de costes que respondan a una gestión buena y eficiente.

¿Son ciertas estas justificaciones? Al tenor del senador Saura y mío, no. Una vez más el Gobierno realiza un mal diagnóstico sobre las causas de un problema real, el diferencial inflacionista, para justificar así sus propuestas. ¿Existe este diferencial estructural entre España y la zona euro? Ya no. La prolongación de la crisis lo ha hecho desaparecer. ¿Estamos frente a una espiral inflacionista? Todo lo contrario. Estamos con una inflación negativa o, según algunos analistas, en deflación. Les doy dos dato; En el 2013 la inflación fue del 0,25 % y en el 2014 del -1,04 %.

Lo que no nos dice el ministro de Economía es que el diferencial se crea en los años del boom inmobiliario, ni tampoco se acuerda de decirnos que los principales factores de inflación en España, a nuestro entender, son tres. El primero es una estructura productiva con un excesivo peso de sectores que han obtenido una elevada rentabilidad con escaso riesgo y poca productividad. Observen, señorías, que cuando estos sectores han reducido su peso en la economía la inflación ha disminuido, y lo ha hecho considerablemente. En el año 2000 la inflación era de casi el 4 % y en el 2005 del 3,7 %. Un segundo factor es la existencia de grandes corporaciones que actúan en régimen de oligopolios y que controlan sectores estratégicos de nuestra economía. Estoy hablando de eléctricas, carburantes y un largo etcétera. Y un tercer factor generador de inflación es el que genera el incremento de los beneficios empresariales por encima del crecimiento real de las empresas.

El mundo académico, los informes europeos o cualquier analista que no esté a sueldo de los beneficiarios de nuestra inflación diferencial estructural, les dirá que estas fueron las principales causas. ¿Han leído algo de esto en el preámbulo, en la defensa del ministro del proyecto de ley o en las intervenciones de los portavoces del Partido Popular en el Congreso? No, para nada. Y, señorías, tanto el senador Saura como yo, tenemos claro, muy claro, los efectos nocivos de una inflación elevada sin control y estructuralmente siempre diferencial, ya que lamina nuestra competitividad y deteriora la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones.

Nuestro rechazo al proyecto es que este Gobierno ni aborda la reforma, siempre comprometida y nunca realizada, de acabar con las prácticas oligopolísticas y nos presenta una arbitraria propuesta de desindexación. Y lo hace cuando nuestra inflación ha sido casi cero en 2013 y negativa en 2014. Y les doy un último dato: en el mes de febrero de 2015 era de -1,07 %.

Estamos ante una propuesta de no indexación arbitraria y lesiva para los intereses de las clases populares, y permítanme algunos ejemplos. Sí se podrán indexar los precios de las tarifas públicas, es decir, lo que pagan los ciudadanos, al igual que los instrumentos financieros; este Gobierno nunca deja nada al albur para la banca. Se mantienen las normas específicas de revisión del régimen tarifario de AENA. Si hay que privatizar, hay que dar garantías. Para los arrendamientos de bienes inmuebles que el sector público acuerde con la Administración se crea un índice específico: el índice de alquiler de oficinas autonómico.

¿Con qué criterio el Gobierno ha decidido qué sectores incluir o excluir del ámbito de este proyecto de ley? Eso queda aún por explicar. Arbitrariedades que irán acompañadas de discrecionalidad, al remitir gran parte del desarrollo de la ley a futuros reglamentos y decretos ley. Este proyecto de ley genera incertidumbre e inseguridad jurídica, al quedar muy condicionado su desarrollo a un futuro real decreto.

Es cierto que esta ley no va a afectar a las pensiones —para ello ya hicieron su reforma, que impide la recuperación del poder adquisitivo—, pero sí va a afectar, y mucho, a los salarios, con su repercusión en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras afectados y sus efectos dominó en el resto del mercado laboral. Esta es una de las principales preocupaciones del senador Saura y mía respecto a este proyecto de ley. Con el actual redactado, esta ley es un instrumento para la rebaja de los sueldos y salarios de los empleados públicos y de una parte de los trabajadores privados, aquellos que atienden concesiones o contratos públicos.

Es cierto que la ley excluye por imperativo constitucional la negociación colectiva; pero con esta ley esto es una afirmación formal, no real. Cuando la ley se refiere a un concepto tan indeterminado como el de «valores monetarios públicos» se pueden dar diferentes interpretaciones y afectar a los salarios de los empleados públicos. Otros colectivos laborales que se verán afectados por esta desindexación de los contratos entre la Administración y las empresas concesionarias serán los trabajadores. Y señorías, estamos hablando de contratos muy intensivos en mano de obra y de un volumen de contratación que afecta entre un 16 % a un 18 % del producto interior bruto. Ya advirtió la Federación de Municipios y Provincias que excluir los costes de personal y financieros de las revisiones periódicas de tasas o preciós, o de las revisiones de precios de contratos del sector público, conducirá inevitablemente a un alejamiento progresivo de las tasas o precios respecto del coste del servicio y generará conflictos sociales en Servicios, donde la mano de obra es el factor determinante de un alto porcentaje de su coste.

El Partido Popular presentó en su tramitación en el Congreso cuarenta y una enmiendas a una ley que tiene siete artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un anexo. No está mal para una ley que presenta el Gobierno y que el propio grupo que le apoya debe modificar tan sustancialmente. Esto explica las deficiencias legislativas en origen de este proyecto de ley; como resultado de esas enmiendas este proyecto es hoy arbitrario, discrecional y confuso.

Dos ejemplos que sustentan estas afirmaciones.
Primero. Léanse la disposición final tercera del proyecto de ley que modifica el artículo 89 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Les haré un resumen: no se podrá revisar a no ser que se autorice. Es decir, se dice sí, no y todo lo contrario, quedando pendiente como antes decía a futuros decretos ley y reglamentos.

Segundo ejemplo. Hasta hoy teníamos el IPC como índice de referencia. Con esta ley tendremos el índice de garantía de competitividad o el índice de precios del alquiler de oficinas a nivel autonómico para los contratos de arrendamientos de inmuebles, en los que sea parte el sector público, y unos índices específicos que se podrán crear por sectores. Y seguirá indexando el IPC para armamento, régimen tarifario de AENA, equipamientos de las administraciones públicas, instrumentos financieros y negociación salarial colectiva y pensiones. Es decir, donde antes teníamos uno ahora tendremos varios. Esto es un galimatías.

Señorías, un nuevo índice va a sustituir al IPC. Con esta ley el Gobierno nos propone un índice de garantía de competitividad calculado a partir del IPC, armonizado a la zona euro y al que se deduce a la baja y cada año una parte del diferencial de inflación entre España y la zona euro. Recuerden el 14 %, 2000-2013, que nos decía el señor De Guindos. Ese nuevo índice está diseñado para beneficiar estrictamente estrategias de devaluación interna. En la práctica supondrá que quienes van a pagar de forma injusta el ajuste de diferencial de inflación serán los salarios de los trabajadores y el sector público. Esta es la realidad de esta ley: El ajuste del diferencial de inflación se va a pagar a costa de los salarios y del sector público.

Y la pregunta sería la siguiente. ¿Piensa este Gobierno regular eficazmente y auditar los costes reales de los sectores de la electricidad, gas, carburantes, transportes, sector financiero y otros, y acomodar sus beneficios al comportamiento medio europeo, trasladando el resto del resultado a la rebaja de precios, que sí que sería un instrumento eficaz, no solo de justicia social y de una correcta ponderación de precios, sino de lucha contra la inflación? No. Otra razón para este veto para el que pido el apoyo de la Cámara.

Por último, señorías, una vez más una ley del Gobierno del Partido Popular conculca competencias autonómicas y locales. Este proyecto de ley también lo hace, con lo cual se reproduce una vez más esta lógica recentralizadora con la que legisla este Gobierno.

Insisto en que, de aprobarse este proyecto de ley —no lo duden—, el ajuste del diferencial de inflación lo pagarán una vez más los ciudadanos, y no a quién corresponde, que son los grandes grupos oligopolísticos.

Por todas estas razones el senador Saura y yo pedimos el voto a favor de este veto.

Gracias, senyor president.

 

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