La defensa de los derechos de los trabajadores en los concursos de acreedores.

 Veto al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia Concursal.
Pleno del senado, 29 de abril 2015.

Senyor President.

Señorías.
Empiezo mi intervención reiterando la necesidad de reformar el Senado, compromiso adquirido por esta cámara.

A pedazos vamos reformando la ley concursal, 4 llevamos en lo que va de legislatura, y estamos pendientes de que entre para su tramitación el proyecto de ley conocido como el de “segunda oportunidad”. Seguimos con la misma técnica legislativa; primero son decretos-ley, que luego se tramitan en forma de ley, mientras nuevos decretos-ley van modificando las leyes a debate. Señorías, aprobar un Real decreto-Ley que entra en vigor tras su aprobación y al cabo de 6 meses tramitarlo como ley ordinaria, que se puede modificar en el proceso, no creo que sea una fuente de seguridad jurídica.

Y como no podía a ser de otra manera, incorporamos a cualquier tramitación legislativa materias que nada tienen que ver con el objeto de la ley a debate. En esta ley vamos a tratar de la Marina Mercante. El mal estilo y técnica legislativa de este gobierno se mantiene.

Tanto el senador Saura como yo valoramos un hecho positivo; que el derecho concursal incorpore otros fines de ámbito más general, conectados con el mantenimiento de la empresa y la conservación de los puestos de trabajo, junto al fin esencial de satisfacción a los acreedores. Es por ello que todas las propuestas que tengan como objetivos estos fines contarán con  nuestro apoyo.

El gobierno ha realizado dos cambios de la ley concursal en 2014. La primera por obra del Real decreto 4/2014, después ley 17/2014, centrado en las refinanciaciones previas al procedimiento concursal en sí, tendentes a evitar que se abra concurso. Y la segunda mediante el Real Decreto Ley 11/2014, que hoy debatimos como proyecto de ley, que se refiere especialmente al convenio entre el deudor concursado y sus acreedores en el seno del concurso, y con el fin de evitar la liquidación de la empresa. Compartiendo los objetivos no compartimos los contenidos.

¿Por qué presentamos este veto?

El veto del senador Saura y mío a este proyecto de ley, tiene la misma lógica que el que presentamos al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. No valoramos que garantice los derechos laborales. Y para nosotros esta no es una cuestión baladí.

La lógica de este veto es la de ser extremadamente exigentes en todo lo que afecta a los intereses de los trabajadores, y ello por tres razones:

  • La primera por que los trabajadores son el sector más vulnerable en todo proceso pre-concursal o concursal.
  • La segunda razón es el elevadísimo precio que ha pagado y está pagando la clase trabajadora con esta crisis.
  • Y la tercera es porque consideramos un grave error la lógica del PP, de considerar exclusivamente los intereses empresariales al abordar cualquier propuesta que garantice la viabilidad de una empresa. Es una lógica injusta y vieja. Hoy hablar de empresa no solo es hablar de los empresarios y sus intereses, hay que hablar también de los trabajadores. Para dar más fuerza a esta afirmación les recuerdo que las reformas del derecho concursal que ha llevado a cabo el gobierno de Mariano Rajoy se han producido sin la necesaria concertación social a pesar de que estas reformas afectan directamente a los trabajadores.

Ya lo expusimos en el debate de la ley 17/2014. Para nosotros los créditos laborales son de especial protección, al igual que los créditos públicos. Y más en las actuales circunstancias socio-económicas que atraviesa España. A esta propuesta que reiteramos con nuevas enmiendas también a este proyecto de ley, el gobierno, el PP, se opone.

Nos preocupa mucho que no se excluían de los acuerdos extra-judiciales de pagos a los créditos laborales, como sí hace con los créditos públicos y a los créditos con garantía real. Lo que puede comportar su afectación al acuerdo extra-judicial, con el gravísimo perjuicio que generaría a los acreedores laborales, creándose una situación especialmente delicada para el trabajador, por su dependencia para asegurar su subsistencia y la de su familia del cobro de dichos créditos.

No entendemos como el gobierno y el grupo que le apoya, no se da cuenta de la necesidad de que los trabajadores afectados por situaciones pre concursales puedan acceder al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). La regulación actual no contempla la responsabilidad del FOGASA ante la paralización de las ejecuciones mientras opera un expediente pre concursal. Esto genera un perjuicio a los trabajadores por cuanto se paraliza la ejecución laboral, pues puede suponer un retraso en la declaración de insolvencia y en el acceso a la cobertura por el FOGASA. Tampoco se prevé que el FOGASA asuma la responsabilidad en las deudas laborales en caso de alcanzarse un acuerdo extrajudicial de pagos que afecte a deudas laborales, imponiendo retrasos o quitas en su importe. Frente a una situación de insolvencia de la empresa hay que contemplar fuentes de garantía y esta es el FOGASA.

Otro motivo de nuestro veto es por considerar del todo insuficiente la participación de los representantes sindicales en los procedimientos, ya sean pre-concursales o concursales. Creemos que es fundamental garantizar la participación sindical en todos los procesos pre-concursales y concursales ya que afectan siempre a derechos laborales. Ya sean convenios, procesos de enajenación, acuerdos extrajudiciales, procesos de liquidación, transmisión de unidades productivas. Nos sorprende al senador Saura y a mí, que en la propuesta de integrantes de la Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción del sobrendeudamiento no participen los agentes sociales-sindicatos y empresarios. Es incomprensible que los agentes sociales no sean miembros de pleno derecho de esa comisión. Que una comisión que tiene entre sus funciones realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por esta ley y evaluar su aplicación,  no cuente con los agentes sociales es un desatino.

Señorías del PP, está claro que su fuerte no es crear canales de participación social.

Se repite con esta ley lo ya ocurrido con la 17/2014. Para este gobierno, los trabajadores y la defensa de sus derechos es un estorbo. El ministro de Guindos dio un dato en el Congreso: en 2013 entraron en concurso 9.000 empresas, un 95% de las mismas acabaron en liquidación. Cifras altísimas que superan las medias europeas. Estén convencidos, señorías del PP, que los trabajadores y sus representantes son los primeros interesados en salvar a las empresas y por ende los puestos de trabajo, lo que no incompatible con la defensa cabal de sus derechos.

Otro dato que dio el ministro de economía me permite hablar de la homologación que realiza la ley entre el trato a las entidades financieras reguladas y supervisadas, y los fondos de inversión o mejor llamados fondos buitre. El señor de Guindos nos daba el dato de que el endeudamiento empresarial a pesar de haber bajado casi 20 puntos, era aún del 125% del PIB. Dicho de otra manera, muchas de nuestras empresas están sobre-endeudadas y pueden ser por ello verdaderas gangas. Compartimos que hay que explorar la financiación empresarial más allá de la tradicional, que se realiza con la banca a cambio de avales, y pasar a una financiación a partir de la viabilidad de la empresa y la oportunidad de negocio. Pero señorías facilitar la inversión a fondos especulativos y de miras cortoplacistas no es lo que necesita nuestra economía. Ampliar el privilegio que otorga a los bancos el Real decreto Ley 5/2005 a estos fondos considero que es un grave error. Existe el peligro real de facilitar con esta ley la creación de un nuevo mercado: el mercado de comercialización de créditos ordinarios entre las empresas, la banca y estos fondos. Otro aspecto, a nuestro entender muy peligroso, es atribuir derecho de voto en los procesos concursales a quienes adquieren el crédito después de declarado el concurso. Otro instrumento para que estos fondos compren a precio de ganga y puedan imponer sus condiciones al resto de acreedores.

Señorías, se avecinan nuevos desastres si dejamos a merced de estos fondos especulativos un sector empresarial sobre-endeudado.

Quisiera terminar mi defensa del veto hablando de los desahucios. Por segunda vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una durísima sentencia, reprocha al gobierno vulnerar la tutela judicial efectiva de las familias hipotecadas. A lo largo de toda la legislatura venimos debatiendo y proponiendo medidas para el destrozo social que representan los desahucios. Según ustedes, señorías del PP, el gobierno lo hacía y lo hace bien, pero la realidad es que los desahucios prosiguen. El 2014 aumentaron un 7’4%. ¿No les preocupa este drama? ¿No piensan hacer nada para impedirlo? ¿Creen, que casi 4 años después de formar gobierno, tiene justificación que los desahucios sigan creciendo? ¿No les dan vergüenza las sentencias del tribunal de Luxemburgo? Lo que nos proponen en este proyecto de ley no va a resolver el problema de los desahucios. No les voy a reiterar las propuestas realizadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) pero créanme son las únicas posibles si realmente queremos salvar a las personas, a los bancos ya los hemos rescatado y a qué precio.

Por todas estas razones presentamos este veto el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, al que pido su apoyo.

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