Una Ley insuficiente y sesgada. Veto al Proyecto de Ley del Tercer Sector.

Intervención en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con competencia legislativa plena.

Senado, 29 de julio de 2015.

Senyora presidenta, señorías:

Todo lo que voy a exponer son las razones por las cuales el senador Saura y yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, presentamos este veto al Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social.

Vamos a debatir y ustedes, senadoras y senadores del PP, van a aprobar un Proyecto de Ley en medio de esta irresponsable y disparatada mascarada legislativa que nos han impuesto: tramitar 37 proyectos de Ley en dos meses.

Hoy damos un paso más en la degradación del trabajo legislativo.

Un trabajo legislativo de pésima calidad.

Que dificulta la plena participación de los Grupos y lo que ellos expresan de pluralidad.

Una tramitación opaca, que impide el seguimiento ciudadano del debate y aprobación de leyes que les van a afectar.

Que degrada aún más al Senado, ya que trabajar así imposibilita que ni tan siquiera seamos una real Cámara de segunda lectura, de enfriamiento legislativo.

Y, señorías: puestos a reformar, reformemos el Senado, tal como nos comprometimos a hacer.

Entrando ya en el contenido del Proyecto de Ley, quisiera en primer lugar afirmar que:

  • Las políticas sociales de este Gobierno se han centrado en los recortes. Cuando España, producto de la crisis, se ha vuelto más pobre, cuando se ha generado mayor desamparo social, ustedes han recortado todas y cada una de las partidas presupuestarias destinadas al amparo social; todas y cada una.
  • Cuando España se empobrecía, sus políticas la han hecho más desigual, al cargar en las espaldas de las clases populares los costes de la crisis.

Hago estas afirmaciones para salir al paso de las cínicas afirmaciones tanto del Preámbulo de este Proyecto de Ley como de las palabras del ministro Alonso en el Congreso en la presentación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social. Todos los grupos reconocemos el trabajo, el compromiso de las asociaciones y entidades que conforman el Tercer Sector por su trabajo con las personas más vulnerables; estamos legislando para más de 30.000 entidades sociales, cuya actividad supone un 2% del PIB y genera más de 600.000 empleos.

Pero, señorías, el problema son ustedes, este Gobierno de derechas, sus políticas de fomento de la desigualdad, generadoras de pobreza. El problema son sus recortes en prestaciones sociales, que realizan cuando más faltan hacían estos recursos.

Hacía falta una Ley del Tercer Sector que definiera un marco regulatorio del mismo, pero no es este Proyecto de Ley, claramente insuficiente. Para legislar, antes hay que conocer la realidad. Permítanme que les dé unos datos de un estudio de la Fundación La Caixa, en colaboración con ESADE y Price Waterhouse Coopers, de abril de 2014, titulado “La reacción del tercer sector al entorno de crisis”. Dice el estudio:

  • Las aportaciones han caído un 27% en apenas tres años. Han recortado en primer lugar las Administraciones públicas, todas, un 17% las CCAA y entidades locales y un 4% el Estado. Un 18% las empresas y un 24% las Cajas de Ahorro. En comparación, las aportaciones individuales solo han caído un 8%.
  • Estas caídas de ingresos han comportado que entre un 20% y un 30% hayan cesado en su actividad o desaparecido.
  • Mientras, las personas en riesgo de exclusión social se incrementan.

En resumen: el Tercer Sector debe afrontar una realidad de resolver mayores necesidades sociales con menos recursos. Por lo que es incomprensible que esta Ley no aborde cuestiones capitales para el Tercer Sector como son las necesarias legislaciones sobre el IVA, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Subvenciones, Ley de Impuesto sobre Sociedades ni la legislación sobre incentivos fiscales y mecenazgo o la legislación de utilidad pública.

Señorías, estas entidades pueden soportar la cofinanciación de proyectos, deben pagar impuestos de sociedades; a ello me refería al hablar de cuestiones fundamentales para la supervivencia y el buen trabajo de las entidades sociales que la Ley no aborda.

¿Por qué el Proyecto de Ley excluye a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de reinserción? No lo entiendo; no entiendo que solo asociaciones y fundaciones sean admitidas como organizaciones susceptibles de formar parte del Tercer Sector.

Y dos cuestiones más, para nosotros muy lacerantes: la territorialización del 0’7% del IRPF y la representación y participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Nos oponemos al intento de este Proyecto de Ley de consolidar el control por parte del Estado de las subvenciones del 0’7% del IRPF. Volvemos a exigir que las contribuciones que realizan los contribuyentes de Catalunya las gestione en su totalidad la Generalitat de Catalunya. Y lo reivindicamos no solo porque encontremos injusto que de unas aportaciones anuales de 54’4 millones de euros solo se reviertan 30’8 millones, que lo es, sino porque corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección social. Al igual que las sentencias del Tribunal Constitucional, reclamamos la territorialización de los fondos procedentes del 0’7% del IRPF.

Como tampoco entiendo que se impida la participación de otros actores diferentes a la Plataforma del Tercer Sector participar en la “Comisión del Diálogo Civil”, a pesar de que esta Plataforma no representa a la totalidad del sector en España.

Señorías del PP, lo fundamental en las políticas del Tercer Sector no es su articulación a nivel estatal; no, no lo es. ¿Y saben por qué? En el caso catalán, por el artículo 166, que dice con toda claridad que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. ¿Con quién se articula preferentemente el Tercer Sector? Pues con las Administraciones que ejercen la titularidad en materia social: CCAA y entidades locales, que, por otra parte, son sus ámbitos naturales de implantación y actuación.

La pregunta es si las más de 6.800 entidades que trabajan en Catalunya, que representan un volumen económico del 2’8% del PIB catalán, con más de 102.000 personas contratadas, 300.000 voluntarios, y que atienden a más de 2.100.000 personas, se van a quedar fuera de la Comisión del Diálogo Civil por no formar parte de la Plataforma del Tercer Sector. Es ilógico, vulnera la realidad y solo puede explicarse por su actitud territorial tan nefasta y conflictiva.

Por toda esta serie de razones, pido su voto al veto que presento en representación de Iniciativa per Catalunya Verds. Este Gobierno no solo recorta, es que además no legisla bien.

 

 

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