No al aborto tutelado para las menores

Veto a la proposición de ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
Pleno del Senado, 9 de septiembre 2015

Senyor president,
Señorías,

Instalados en este aquelarre legislativo, sin haber reformado el Senado, tal como nos comprometimos, hoy celebraremos el mayor acto de cinismo legislativo que ha realizado el PP del señor Rajoy. Hoy nos proponen modificar la ley del aborto de 2010, la de plazos, por esta reforma parcial, que Mariano Rajoy ni se ha atrevido a presentar como proyecto de ley.

Una proposición de ley presentada por el Partido popular que exige el consentimiento paterno a las mujeres menores de 18 años que quieran abortar.

Pero antes de entrar en el contenido de la proposición de ley quiero hablar de lo que la señora González Vázquez, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, denomina la “decisión”, luego entraré en el debate de quien y a qué edad se puede tomar esta “decisión”.

Senadores y senadoras del PP, su compromiso electoral de que “cambiaremos el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida”, está claro que no lo van a cumplir.
¿Por qué? ¿Por un cínico electoralismo? ¿Por qué fue un error programático proponerlo?, espero que los portavoces del PP nos lo expliquen, si pueden, claro.

Señorías,
En España a lo largo de la legislatura Rajoy se habrán practicado unos 440.000 abortos, de ellos aproximadamente unos 400.000 lo han sido por voluntad de la mujer, derecho que ustedes niegan. Estamos hablando de que se practican unos 300 abortos diarios por libre voluntad de la mujer.

¿Señorías del PP como lo han permitido?
¿Por qué echaron atrás el anteproyecto de ley del señor Gallardón que penalizaba el aborto a excepción de determinados supuestos?
¿Dónde está su defensa del derecho a la vida?
¿Existe otro derecho superior que el derecho a la vida, que es un derecho absoluto?

La verdad, no lo entiendo, si yo estuviera convencido de que el aborto, regulado en una ley de plazos, atentaba contra el derecho a la vida del nasciturus, no lo dudaría, cambiaría la ley, y lo hubiera hecho en el minuto uno de la legislatura, antes de la reforma laboral, por ejemplo. Y más si cuento con holgadísimas mayorías absolutas en ambas cámaras para poder realizarlo.

Y menos se entiende aún que hayan soliviantado a la opinión pública, a lo largo de más de 2 años y medio,  con el anuncio de una nueva ley reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo, que menudas polémicas generó, que luego no presentan y encima les cuesta la dimisión del ministro de Justicia, señor Gallardón.

Un Alberto Ruiz Gallardón que afirmaba en su primera comparecencia pública, tras su dimisión, lo siguiente: “No hay un solo motivo que se pueda anteponer al deber moral de defender la vida. No hay puesto de trabajo que justifique negar el derecho a la vida. Lo único que sé es que me da asco”.

¿Este asco del que habla el señor Ruiz Gallardón, es compartido?
¿Es minoritario o mayoritario en el grupo parlamentario popular? Lo veremos en la votación. Aunque viendo el comportamiento del voto del PP emitido en el Congreso, poco asco y mucha docilidad en defender, no ya el derecho a la vida, sino los intereses electoralistas del PP.

Señorías del Partido Popular, para ustedes, el cinismo en política no tiene límites, y como muestra un botón.

Solo puedo explicarme que no reformen la actual ley del aborto porque ustedes no se creen que el aborto regulado por plazos de nuestra actual legislación, y de los países más desarrollados de nuestro entorno, atente contra el derecho a la vida.

Sé que entre ustedes hay excepciones, según reflejan las votaciones  en el Congreso, pero poquísimas. Me lo quiero explicar así, porque si los motivos fueran otros, simplemente electoralistas, la cosa sería muy grave, gravísima.
Nos hallaríamos frente a una organización, de las más importantes de nuestro sistema de partidos, capaz de todo. Sin ningún código de valores. No fiable en sus compromisos con la ciudadanía. Un partido que es capaz de cambiar creencias profundas de su ideario por un puñado de votos.

Señorías del PP, ustedes han incumplido flagrantemente uno de los puntos básicos de su programa electoral. Han arriado, sin ninguna explicación, una de las banderas que con mayor fuerza enarbolaron  en los años en los que en este país se conquistaban nuevos derechos civiles, nuevos derechos para las mujeres.

Esto les pasa por comprometerse electoralmente con los sectores más integristas de la sociedad, por someterse a las presiones de una Conferencia Episcopal, la presidida por Rouco Varela. Por confundir las asistencias a las manifestaciones con votos. Esto pasa cuando se legisla desde principios ideológicos o religiosos, todos muy legítimos, pero que no reflejan el interés general, el bien común.

Esto les pasa porque ustedes no acaban nunca de entender que las mujeres son sujetos de derechos, entre ellos e irrenunciable el de la maternidad deseada, libre y voluntaria. Cambiar la ley de plazos hubiera sido un ataque inadmisible a la autonomía moral de las mujeres.
Con todo, bienvenidas sean sus contradicciones, sus incongruencias, sus incumplimientos. Las mujeres de este país podrán seguir acogiéndose a una ley, la actual, que respeta sus derechos.

Entro ya en el contenido de esta proposición de ley y el debate sobre si las mujeres menores de edad, pueden o no, decidir por sí solas si quieren o no ser madres. Porque, señorías, es de esto de lo que estamos discutiendo. Del derecho de que una mujer de 16 o 17 años sea madre o la imposición de esta maternidad no deseada por sus representantes legales, en la inmensa mayoría de los casos, los progenitores.

Permítanme en primer lugar una aproximación a la realidad de lo que estamos discutiendo. En 2014, del total de mujeres que abortaron, el 3’6% eran menores de 16 y 17 años, unas 4000. De estas, no llegan a 500 lo hicieron sin informar a sus tutores legales. Como es difícil desagregar los datos del número de mujeres entre 16 y 17 años, les daré un dato aproximado: en España hay unas 245.000 mujeres comprendidas entre estas edades. Han abortado, pues, un 1’6% del total, y sin informar a sus tutores legales, el 0’2% del total. Les recuerdo los datos porque a veces, oyéndoles a ustedes, parece que la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, haya provocado una especie de botellón abortista entre mujeres menores de edad.

Otra mentira es afirmar que la ley 2/2010 permite a las mujeres menores abortar a las bravas. Señorías, el artículo 13 punto 4 tiene tres párrafos. El primero otorga la decisión a las mujeres. El segundo señala con toda claridad que deberán informar a sus representantes o tutores legales. Y el tercero las exime de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto, grave y cierto, de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.

Señorías del PP, ustedes están legislando para un colectivo de 487 mujeres de 16 y 17 años, según los datos del año pasado, que se acogieron al artículo 13.4 tercer párrafo y no informaron a sus tutores legales. Porque les recuerdo que solo si se demuestra fundadamente de que existe un conflicto grave y cierto, la ley les exime de informar a sus representantes o tutores legales. En realidad, con los cambios que propone en esta proposición de ley orgánica, ustedes no protegen, desprotegen a este colectivo, el de las 487 mujeres, que en la práctica es a quien protege la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Permítanme que les recuerde lo que afirma el examen de igualdad de las Naciones Unidas, examen que España ha suspendido estrepitosamente. La CEDAW (Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres), le pide al gobierno que no adopte la decisión de que las mujeres entre 16 y 18 años tengan que necesitar el consentimiento de los padres para abortar, ya que les preocupa las repercusiones que puede tener un límite así en la salud de las menores.

¿Las mujeres menores de 18 años son inmaduras, no están capacitadas para decidir sobre su derecho a interrumpir el embarazo? ¿Y en cambio son maduras para ser madres al no recibir el consentimiento paterno o de sus tutores para poder abortar? No es razonable, solo desde prejuicios ideológicos o religiosos se puede sostener una afirmación así.

Señorías, la edad legal para mantener relaciones consentidas es de 16 años. Como en tantos aspectos de la vida, el riesgo cero no existe, tampoco en las relaciones sexuales. Si una menor de edad se queda embarazada involuntariamente nadie le puede obligar a ser madre.

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